El control de las fuerzas de paz

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), muy observada por denuncias de abuso sexual y violaciones de derechos humanos contra sus fuerzas de paz, reafirmó su compromiso de garantizar el cumplimiento de “los más altos estándares de conducta, capacidad e integridad”, en lo que constituye, asimismo, una manera de reconocer una de sus debilidades más crudas de los últimos tiempos.

El organismo agregó que no existen excepciones a la regla, que se aplica a más de 100.000 funcionarios civiles, militares y policiales actualmente desplegados en 14 operaciones de mantenimiento de la paz y en 23 misiones políticas especiales en el mundo.

“Los Estados miembro que proveen personal a las operaciones de paz de la ONU tienen la responsabilidad de certificar que ninguno estuvo involucrado, por acción u omisión, en violaciones al derecho humanitario internacional ni a los derechos humanos, y no fueron repatriados por motivos disciplinarios estando en una operación”, explicó la ONU.

El último caso investigado es el despliegue de 49 efectivos de Sri Lanka a la Fuerza Interina en Líbano (Unifil, en inglés), quienes no pasaron por el proceso de evaluación, esta vez a cargo de la Comisión de Derechos Humanos local, con sede en Colombo. El Departamento de Operaciones de las Fuerzas de Paz (DOMP) solicitó que “el gobierno srilankés priorice de inmediato la culminación de la investigación de los 49 soldados ya desplegados a la Unifil”, indicó.

Si surgen motivos de preocupación por alguno de los 49 efectivos el DOMP puede solicitar su repatriación y su reemplazo a expensas del gobierno.

En el caso de Sri Lanka, donde hay una preocupación específica por los derechos humanos, acotó, la ONU implementó medidas de evaluación adicionales en 2016 para ayudar a garantizar que el personal desplegado cumpla con los estándares fijados.

Antes del despliegue a la Unifil, la Misión Permanente de Sri Lanka en la ONU entregó certificaciones de que el contingente no había estado involucrado en ninguna violación. Pero en febrero de 2018, la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka, que se encargó de evaluar el cumplimiento de los derechos humanos de todo el personal, descubrió que ese personal no había completado la evaluación.

Los Estándares de Conducta se aplican a todas las categorías del personal desplegado en las misiones de la ONU. Hay una estrategia de tres partes para atender las conductas indebidas: prevención, cumplimiento de los estándares y medidas correctivas.

En julio de 2008, el Departamento de Apoyo a las Actividades en el Terreno lanzó el Sistema de Seguimiento de Faltas, una base de datos mundial, de acceso restringido y confidencial para procesar los malos comportamientos.

Los Estándares de Conducta se basan en tres principios clave: los más altos estándares de eficiencia, competencia e integridad; política de tolerancia cero a la explotación y al abuso sexual y a la responsabilidad de los mandos y/o las autoridades por no hacer cumplir los estándares de conducta, según DOMP.

Pero como los abusos sexuales y las demandas por paternidad aumentan entre las fuerzas de paz, la ONU colabora activamente con los países que aportan contingentes para la recolección de muestras de ADN, un protocolo introducido en 2014.

El número de denuncias por paternidad, o posible paternidad, aumentó de forma significativa de 12, en 2013 y 2014, a 15, al año siguiente, 33, en 2016, y 56 el año pasado. Las denunciantes son víctimas de “abuso y explotación sexual”, según la ONU.

Es compleja la situación, porque si uno de los organismos “más confiables” en la aplicación y defensa de los derechos humanos, está sospechada de transgredirlos, la esperanza sobre la transparencia de los hechos, está herida de gravedad.