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Le dieron 25 años de cárcel por abusar de dos hijas y embarazar a una

Por redacción
| 24 de mayo de 2018
Acusado. J.O. de espaldas ante el tribunal en el comienzo del juicio. Foto: Centro de Información Judicial.

Los ultrajes ocurrieron durante años, hasta que el caso se destapó en 2016, por una denuncia de violencia.

 

Llegó a juicio acusado de haber abusado durante años a dos de sus hijas y haber embarazado a una de ellas. El fiscal Roberto Silvestre había solicitado que lo condenaran a 18 años de cárcel por un caso y a 8 por el otro, aunque las causas finalmente se acumularon en una sola durante el debate, circunstancia que para nada favoreció al imputado sentenciado ayer a 25 años de prisión por la Cámara Penal de Concarán. El tribunal consideró haber dictado una sentencia no severa, sino justa y razonable teniendo en cuenta la extensión del daño provocado a las víctimas.

 

Como sucedió en publicaciones anteriores, El Diario se referirá al acusado por sus iniciales J.O. para proteger la identidad de las víctimas, que llevan su mismo apellido.

 

Al hombre que hoy tiene 49 años comenzaron a investigarlo en enero de 2016 luego de que una de sus hijas, que entonces tenía 19 años, lo denunciara en el Juzgado Multifuero de Santa Rosa del Conlara por violencia doméstica.

 

Como parte de esa pesquisa, una psicóloga del Poder Judicial entrevistó a una hija menor del acusado, de 15 años, para saber si ella también sufría maltratos. La adolescente negó haber sido golpeada, pero terminó revelando que su padre abusaba de ella manoseándola e incitándola a mantener relaciones sexuales.

 

Esa acusación motivó que el fiscal Silvestre pidiera la inmediata detención del denunciado y que el juez Jorge Pinto, que momentáneamente estaba a cargo del juzgado de Familia y Menores de Santa Rosa, ordenara pericias psicológicas para el resto de la familia.

 

A fines de enero de 2016, otra de las hijas de J.O., que tenía 23 años, denunció haber sido abusada por su padre desde que tenía 10 años y hasta 2014 cuando decidió abandonar la casa paterna cansada de los ultrajes y la violencia a la que era sometida.

 

También reveló que cuando tenía 15 años había quedado embarazada, producto de las violaciones, y que su padre la había obligado a dar al bebé en adopción a una familia de Junín, Buenos Aires.

 

Esa pareja prestó su consentimiento para someter al niño a un examen de ADN, en el que se comprobó la paternidad del imputado.

 

 

"Un hombre sufrido"

 

Ayer cuando fue su turno de alegar, el abogado Cándido Assat, codefensor de J.O. junto a José Daniel Flores, dijo que sería una estupidez negar el resultado de un ADN y admitió la autoría del hecho por parte de su cliente, aunque le pidió al tribunal la consideración de algunos aspectos de la vida personal del acusado.

 

Puntualmente, el letrado refirió que J.O. creció en un contexto de absoluta violencia, con un padre golpeador y alcohólico, y que no considerar esas circunstancias es lo mismo que caer en el otro extremo del machismo. También que según su opinión criminalizar a un hombre con el máximo de la pena siguiendo los designios de la prensa y la novela que los medios gráficos hicieron del caso sería algo vergonzoso para un tribunal constitucional.

 

Antes que él Flores había centrado su pedido en otro eje: plantear la nulidad de todo lo actuado por la presunta ausencia de la instancia de acción penal por parte de la mayor de las víctimas.

 

Al ser un delito de instancia privada, el abuso requiere de la ratificación de la denuncia de la víctima ante la Justicia para que un magistrado pueda investigar. A pesar del planteo de Flores, una fuente del caso insistió en que ese trámite se realizó y que ello consta en el expediente. “(La víctima) no sólo ratificó la instancia de la acción penal, sino que se mostró interesada en conocer la suerte del proceso, es decir, que todo el legajo demuestra la voluntad de ella para que su padre fuera enjuiciado, aunque terminó cambiando su versión en el debate oral”, explicó el informante.

 

Sorpresivamente, cuando le tocó declarar ante el tribunal la víctima mayor les dijo a los jueces que ella disfrutaba que su padre la violara y que ahora no quería verlo en la cárcel.

 

En su alegato, la defensora interina de Niñez y Adolescencia, María Monserrath Bocca, dijo que no existe consentimiento válido para esos hechos ya que al momento en que ocurrieron las niñas tenían menos de 13 años y su presunto consentimiento no tenía validez, sino que fue fruto de un maltrato infantil sistemático.

 

Respecto a la estrategia defensiva de plantear una especie de relación sentimental entre padre e hija, Bocca dijo que desde su visión las visitas que la joven le hacía en la cárcel no respondían a un afecto o relación consentida, sino meramente a un temor reverencial.

 

En la misma línea, el fiscal de Cámara Néstor Zudaire, había desvirtuado en su alegato la estrategia de la defensa de hacer hincapié en la retractación de la instancia penal por parte de la víctima mayor. Salvo ese punto, el resto de su exposición fue un repaso de la requisitoria del fiscal de instrucción. Con las causas acumuladas hizo un pedido de pena único a 25 años de prisión, bajo el argumento de la extensión del daño que J.O. provocó en las dos menores.

 

Minutos después de las 15, tras un cuarto intermedio de cerca de una hora y media, el tribunal regresó a la sala de audiencias para leer el fallo que fue unánime y respetó el pedido de Zudaire.

 

Los delitos que le imputaron fueron abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por su prolongación en el tiempo, por la calidad de ascendiente del autor, por su calidad de guardador y por la situación de convivencia preexistente en el caso de la niña más chica. En el caso de su hermana mayor la figura penal fue la de abuso sexual con acceso carnal con los mismos agravantes.

 

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