Cuando la política muestra la espalda

Cuando una nación se constituye como tal, (mediante su nacimiento, o su independencia) adopta una serie de leyes a las que responde y respeta, en el marco del Estado que acaba de crear. Ese cuerpo de leyes, universalmente es conocido como Constitución. La Carta Magna, la madre de todas las leyes de un país.

La Constitución separa, crea y define los poderes constituidos: legislativo, ejecutivo y judicial. Posee un rango superior al resto de las leyes de una nación, y además determina los derechos y las obligaciones de los ciudadanos.

Por lo tanto, en un sentido amplio, en cualquier sociedad del mundo regida por una constitución, es deseable que cada ciudadano actúe dentro de los parámetros establecidos por esa constitución, independientemente de la responsabilidad institucional que detente.

Pero los países son diversos, y las constituciones -aunque todas conserven un espíritu similar- suelen ser muy diferentes unas de otras. Lo que para algunas naciones es primordial, para otras es menos importante. De allí que algunas penas, algunos derechos, algunas obligaciones, y hasta algunos hábitos, suelan diferir mucho entre un país a otro.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, llamó al Congreso a aprobar reformas constitucionales destinadas a combatir la corrupción y amenazó con “disolver el Legislativo” si éste no acepta su propuesta. En un mensaje por televisión, Vizcarra advirtió que en caso de demoras del Congreso para aprobar su paquete de reformas políticas y judiciales, planteará la llamada “Cuestión de confianza”, norma constitucional que abre la vía para disolver el Parlamento.

“Respetuoso de la Constitución Política del Perú, que juré respetar y hacer respetar; acudo a ella, poniendo como testigos a todos los peruanos e invoco la aplicación de su artículo 133. Planteamos la cuestión de confianza al Congreso de la República, para aprobar las cuatro reformas constitucionales presentadas al Congreso”, dijo Vizcarra.

Efectivamente Vizcarra se somete a la letra de la Constitución de su país, que sostiene: “El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros (Gabinete)”.

El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta. No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario. Bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto.

Eso establece la Constitución del Perú, aunque para determinadas sociedades democráticas resulte más, o menos atractivo. El Congreso peruano está dominado por la oposición fujimorista, que mantuvo acorralado al antecesor de Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, durante sus 20 meses de mandato hasta que consiguió su renuncia, el pasado 21 de marzo.

Por su parte, una suerte de “luna de miel” entre Vizcarra y el partido de Keiko Fujimori terminó abruptamente hace casi dos meses, precisamente por el empeño del presidente de impulsar las reformas constitucionales, que junto con depurar el poder judicial, de paso amenazan el poder del fujimorismo en el Parlamento.

“Las tan necesarias Reforma Política y Reforma del sistema de Justicia son Cuestión de Estado, y como tales prioritarias para el poder Ejecutivo” para acabar con la corrupción, expresó Vizcarra; además de anunciar que convocará al Congreso a una sesión extraordinaria para que aborde su propuesta.

La política en Latinoamérica posee una lamentable y larga historia, en funcionar total, o parcialmente, “de espaldas” a las sociedades. Con dictaduras, arrebatos bravucones, disputas encarnizadas entre enemigos ideológicos, manipulación de la información y otros males. Muchas veces esas sociedades desconocen la letra de su propia constitución.