Comenzó el juicio contra el juez Ruta por mal desempeño

Este lunes dio inicio, en una audiencia maratónica, el jury contra el juez civil, comercial y ambiental Nº 4 Agustín Ruta por mal desempeño. El juicio inició con la lectura de las acusaciones, las réplicas de la defensa y el testimonio de los primeros testigos. El juez ya fue suspendido con una reducción salarial del 50 por ciento mientras dure el proceso. La Procuraduría General, a cargo de Luis Martínez, que actuó como parte acusadora, solicitó diez años de inhabilitación para cargos públicos.

Los hechos denunciados en primer lugar apuntan a un acta “extrajudicial” en la que se autorizó la extracción de casi 70 millones de pesos de parte del Banco Macro para la empresa Codapri. En segundo lugar, se acusa al magistrado por estar detrás de la difusión de mensajes difamatorios contra la fiscal de cámara Virginia Palacios.

La defensa de Ruta está a cargo de los abogados Carlos Acevedo y Susana Placidi. El jurado de enjuiciamiento, compuesto en partes iguales por diputados provinciales, magistrados y abogados, está presidido por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Levingston. El lugar elegido para el juicio fue la Sala de Acuerdos, en el primer piso del Palacio de Justicia. La primera jornada promedió las nueve horas e inició a las 9 de la mañana, con breves cuartos intermedios durante la jornada.

La Sala de Acuerdos estuvo colmada casi de principio a fin. Allí se congregaron miembros de la prensa y abogados del foro local, interesados en el juzgamiento de uno de sus colegas. Gran parte de la mañana estuvo dedicada a la acusación y réplica sobre el caso Macro-Codapri. Pasada la hora del almuerzo, se hizo referencia a la causa de Virginia Palacios. Y durante la tarde se dieron los primeros cuatro testimonios referidos a la primera causa. Levingston ordenó un cuarto intermedio para hoy a las 9 de la mañana.

“La mala conducta como causal no requiere necesariamente la comisión de delitos, sino que basta para separar del cargo a un magistrado la demostración que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos exigen. No es necesaria la conducta criminal, es suficiente con que el imputado sea un mal juez”, sostuvo en la acusación del procurador en la primera causa, que fue leída en su totalidad por la secretaria del jury, Paola Giannini.

“El doctor Ruta, por el modo y la forma en que se ha desempeñado,  ha desnaturalizado la investidura del cargo por el cual fue designado y debe ser removido”, se leyó sobre el primer caso.

Aquí se apunta a una resolución “extrajudicial”. De acuerdo a Ruta, el 10 de diciembre de 2020, en plena pandemia, los abogados Juan Cruz Domínguez, de la empresa Codapri, y Néstor Nóbile, apoderado legal del Banco Macro, tuvieron una reunión donde se acordó el pago de 66 millones de pesos por parte de la entidad bancaria, en una causa por daños y perjuicios que inició la otra empresa.

El cobro se hizo efectivo, en parte, el 1° de septiembre de 2021. Aquí la abogada Claudia Rocha, socia de Néstor Nóbile, apuntó a la falsedad de la reunión. Y es que Nóbile falleció en mayo de ese año, por coronavirus, y este no le había comunicado nada de la reunión, y hasta había redactado una apelación el 20 de diciembre de 2020.

El procurador también cuestionó que el acta de la reunión solo cuenta con la firma de un secretario de un juzgado y que se solicitó en ese acuerdo por colocar el monto en un plazo fijo. “El jurado es una última instancia, están pendientes de resolución esperando la elevación y recurso de apelación”, dijo Ruta cuando tuvo su momento para hablar al jurado, tras la lectura de las dos causas. “Esta transferencia de fondos ha sido correctamente proveída y dispuesta”, agregó el magistrado, quien dijo por último que las constancias actuariales con firmas de secretarios son comunes en el ejercicio judicial.

Claudia Rocha fue la testigo que más precisión dio sobre la causa Macro-Codapri. Emocionada por el vínculo estrecho de amistad con su colega Nóbile, la abogada se quebró en varias oportunidades y detalló fechas que no coinciden con la supuesta reunión que asegura Ruta si existió. Aquel 10 de diciembre de 2020 era la fecha de cumpleaños del abogado y el 20 había redactado una apelación contra la empresa en una causa que lleva años.

Rocha detalló que se enteró del acta en cuestión el 1º de septiembre de 2021, por descubrimiento de su hija, que también es abogada. “Leí el acta y me broté, que se usara la persona de Néstor para hacer esto”, reclamó.

• El celular para difamar a la fiscal palacios estaría vinculado a ruta
► Las múltiples pruebas

En la causa que involucra a la fiscal de Cámara Virginia Palacios, el procurador detalló en su acusación pruebas que serían contundentes contra el cuestionado magistrado. El 13 de marzo de este año se difundió a través de WhatsApp un texto con fotos de un vehículo, en el que aseguraban que Palacios se había desmayado en su auto, ubicado en uno de los estacionamientos del Poder Judicial, producto del consumo de estupefacientes.

Aquí, Martínez enumeró múltiples pruebas. En primer lugar las cámaras de seguridad de aquel día no arrojan ningún hecho como el descrito por la cadena ni la asistencia de los servicios de salud. Por el otro, registran en tres oportunidades la presencia del juez en las inmediaciones, en posiciones que podrían indicar que tomó las fotografías que muestran el vehículo de la fiscal con las luces encendidas.

Por otra parte, Movistar, la empresa telefónica a la que corresponde el número que realizó la difusión, brindó información a la Procuraduría que daría un vínculo directo con Ruta. En primer lugar, el teléfono fue activado en antenas con proximidad a la residencia del juez, en el barrio cerrado Los Quebrachos. En segundo lugar, el celular, un Samsung J7, tuvo otro número de línea en 2022, a nombre de Ruta. Esto se comprobó al obtener el IMEI, que es un código de 15 dígitos pregrabado para identificar los equipos móviles a nivel mundial.

Ruta apuntó que el teléfono lo perdió una jornada que fue a jugar al tenis y adjuntó una denuncia policial realizada en la Comisaría Primera. Sin embargo, la Procuraduría asegura que esta es una denuncia falsa, que fue acordada por presión del juez a los policías Gonzalo Muñoz Arabel y Cristian Orozco.

“El estándar de conducta requerido a los magistrados en sus actos tanto públicos como privados es de mayor exigencia comparativa al resto de los ciudadanos. Son portadores del ejercicio del poder estatal, de la creencia de la sociedad de que el magistrado está dotado de la idoneidad técnica y ética suficiente”, argumentó la parte acusatoria.

“Quiero afirmar por enésima vez que no he sacado foto de ningún auto con las luces de auto encendidas, y no he enviado ningún mensaje desde ningún celular. Y no solo no mandé ningún mensaje, sino que no tengo nada que ver con ninguna de esas situaciones”, sostuvo Ruta, al hacer uso de la palabra.

“En lo personal me parece todo un chusmerío y un vil manto de sospecha sobre un magistrado que ha dado cuentas claras y fidedignas con su legajo impecable de querer en su jurisdicción impartir justicia y nada más”, concluyó.

En su réplica escrita había tenido una postura más agresiva: si bien se desligaba de responsabilidades, argumentó que los mensajes no eran difamatorios de Palacios, sino que se trataban de críticas al Poder Judicial de la provincia.

Redacción / NTV