El Colegio de Martilleros denunció a 10 personas por ejercicio ilegal de la profesión

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Luis ha iniciado acciones legales contra diez personas por los delitos de ejercicio ilegal de la profesión y estafa. Esta medida llega después de recorridos en los que se controlaron inmobiliarias en las principales ciudades de la provincia y se notificaron a las que presentaban irregularidades.

Juan Calabria, abogado apoderado del Colegio, informó ayer en una conferencia de prensa que las denuncias penales son por delitos relacionados a los artículos 247 y 172 del Código Penal y que incluye a dateros, comisionistas, brokers y agentes inmobiliarios.

Explicó que para poder ejercer la profesión de corredor público inmobiliario es necesario contar con un título habilitante universitario y estar inscripto en el Colegio de Martilleros. Advirtió que quienes no cumplen con estos requisitos y siguen ejerciendo la profesión están incurriendo en el ejercicio ilegal de la profesión.

El abogado hizo hincapié en la necesidad de evitar la práctica ilegal de la profesión, ya que afirmó que esta situación no solo afecta a los martilleros y corredores públicos legalmente habilitados, sino que también perjudica a los consumidores.

“Quienes ofrezcan servicios inmobiliarios sin contar con la habilitación correspondiente están estafando a los consumidores y engañándolos con falsas promesas de venta o alquiler de propiedades”, aseveró Calabria.

En este sentido, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Luis también incluye, como responsables, a los propietarios que entregan sus propiedades a personas que ejercen ilegalmente la profesión de corredor público inmobiliario. Sostuvieron que los dueños de inmuebles que realizan este tipo de operaciones son “cómplices necesarios del delito de ejercicio ilegal de la profesión y posible estafa”.

“Una persona, por más que lleve treinta años haciéndolo, no puede mostrar, ofrecer, recomendar o cualquier actividad relacionada al comercio inmobiliario. Hoy, con las redes, todo el mundo vende, pero hay mucha gente que vende tierras o desarrollos inmobiliarios de forma ilegal”, dijo Calabria.

El apoderado explicó que un Colegio público es una persona jurídica de derecho público no estatal donde el Estado le delega que proteja el ejercicio de los martilleros y corredores públicos. “Cumplimos una función que la debería cumplir el Estado, por eso tenemos la potestad de denunciar”, explicó.

El abogado responsable del Colegio de Martilleros pidió a la comunidad hacer uso de los servicios de los corredores públicos y martilleros legalmente habilitados, y a evitar contratar a personas que ejercen ilegalmente la profesión. También destacó la importancia de denunciar cualquier irregularidad en este ámbito y de respetar las normas que regulan la profesión.

Además, indicó que tienen más de veinte carpetas para realizar más denuncias.

Sobre las franquicias

Calabria se refirió también a un tema que entre los corredores inmobiliarios despierta incertidumbre. Es que la posible llegada de una plataforma digital multinacional de oferta de inmuebles (RE/MAX) plantea un escenario preocupante. “La empresa RE/MAX está siendo objeto de actuaciones preventivas para evitar su entrada en la provincia debido a que la franquicia puede llevar a la precarización laboral y al ejercicio ilegal de la profesión”, dijo el abogado apoderado.

Por último, aseguró que la acción llevada adelante por el Colegio no inhabilita a los particulares afectados por los denunciados a iniciar acciones en el fuero penal o civil. “Personas que no son corredores no pueden exigir el pago de comisiones. Las personas que hayan sido estafadas pueden acudir a la Justicia civil para ser resarcidas”, dijo.