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El coraje femenino cuando no se cumplen los derechos

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El coraje femenino cuando no se cumplen los derechos

Amenazas veladas y directas, difamación, criminalización de las luchas, ataques a la vida privada, destrucción de bienes para el sustento familiar y hasta el asesinato son algunas formas de violencia de género que se extienden por América Latina contra las mujeres defensoras de derechos.

“Nos quieren sacar de nuestra tierra, no nos dejan en paz. Los helicópteros vuelan a la medianoche, dicen que nos van a atacar”, relató la ecuatoriana Fanny Kaekat, del pueblo Shuar Arutam, que por décadas resiste el acoso de las mineras interesadas en explotar el oro de sus territorios, en el sureste del país.

En el 2016 el gobierno del entonces presidente Rafael Correa, declaró el estado de excepción y los militares ingresaron para forzar la salida de las familias. El ensañamiento fue con las mujeres, denunció Kaekat, en el 14º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (Eflac), realizado en Montevideo, Uruguay.

“Nosotras por nuestra cultura tenemos varios hijos, cinco, seis, no podemos desplazarnos fácilmente como los hombres, que rápido suben a la montaña. Cuando llegaron los soldados quemaron nuestras chozas y patearon las ollas de comida”, recordó Kaekat sobre el simbólico destrozo de objetos de uso doméstico y necesarios para el sustento.

La violencia contra las mujeres defensoras de derechos fue uno de los ejes temáticos del Eflac, que congregó a unas 2.000 feministas con el objeto de erradicar un flagelo, que en la región, lejos de disminuir crece.

El informe “Del compromiso a la acción: políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe”, lanzado por ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), subraya que la región tiene las tasas más altas de violencia de género fuera de la pareja y la segunda más alta dentro de ella.

En ese contexto, se recordó que en 2016 fue asesinada en Honduras la ambientalista Berta Cáceres, dirigente del pueblo Lenca y activista feminista, que lideraba en su país la defensa del derecho al agua y la lucha contra la construcción de una presa en el río Zarca.

La autoría intelectual del asesinato de la ambientalista reconocida internacionalmente sigue sin determinarse, aunque su familia la atribuye a la empresa Desarrollos Energéticos S.A., encargada de la obra.

Ese año fue especialmente cruel para quienes defienden sus territorios de la voracidad de empresas que desarrollan proyectos de diverso corte extractivo, sin respetar el derecho a la consulta previa e informada de los pueblos indígenas. Y sin tener en cuenta los irreparables daños para el ambiente y las comunidades.

El informe anual 2016 de la ONG Global Witnees indica que 60 por ciento de los 200 asesinatos de defensoras y defensores en el mundo ocurrieron en América Latina.

Hay una escalada de violencia hacia las mujeres de las comunidades, con mayor énfasis a las activistas, por el rol que cumplen en el arraigo comunitario.

Aunque el discurso parezca anacrónico está demasiado vigente: “Esta alianza del capitalismo extractivo con el patriarcado, coloca como blanco a las mujeres y busca controlar y someter tanto sus cuerpos como sus territorios. Quienes se rebelan, protestan y defienden sus derechos a ser libres y soberanas son reprimidas y violentadas de múltiples formas”, se expresó en el encuentro.

Los casos emblemáticos de violencia hacia las mujeres, ocurren por su rol de defensa de los territorios y en la continuidad de la vida comunitaria, junto con sesgos específicos de género. “Nuestros cuerpos no se violan, nuestros territorios no se violan, se respetan”, fue un clamor reiterado.

Las mujeres latinoamericanas entienden con claridad la crudeza de la realidad que les toca vivir, y aunque los gobiernos, la Justicia y las grandes empresas, miren hacia otro lado, el coraje que demuestran contagia. Tarde o temprano bastará para que los derechos se cumplan.

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El coraje femenino cuando no se cumplen los derechos

Amenazas veladas y directas, difamación, criminalización de las luchas, ataques a la vida privada, destrucción de bienes para el sustento familiar y hasta el asesinato son algunas formas de violencia de género que se extienden por América Latina contra las mujeres defensoras de derechos.

“Nos quieren sacar de nuestra tierra, no nos dejan en paz. Los helicópteros vuelan a la medianoche, dicen que nos van a atacar”, relató la ecuatoriana Fanny Kaekat, del pueblo Shuar Arutam, que por décadas resiste el acoso de las mineras interesadas en explotar el oro de sus territorios, en el sureste del país.

En el 2016 el gobierno del entonces presidente Rafael Correa, declaró el estado de excepción y los militares ingresaron para forzar la salida de las familias. El ensañamiento fue con las mujeres, denunció Kaekat, en el 14º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (Eflac), realizado en Montevideo, Uruguay.

“Nosotras por nuestra cultura tenemos varios hijos, cinco, seis, no podemos desplazarnos fácilmente como los hombres, que rápido suben a la montaña. Cuando llegaron los soldados quemaron nuestras chozas y patearon las ollas de comida”, recordó Kaekat sobre el simbólico destrozo de objetos de uso doméstico y necesarios para el sustento.

La violencia contra las mujeres defensoras de derechos fue uno de los ejes temáticos del Eflac, que congregó a unas 2.000 feministas con el objeto de erradicar un flagelo, que en la región, lejos de disminuir crece.

El informe “Del compromiso a la acción: políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe”, lanzado por ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), subraya que la región tiene las tasas más altas de violencia de género fuera de la pareja y la segunda más alta dentro de ella.

En ese contexto, se recordó que en 2016 fue asesinada en Honduras la ambientalista Berta Cáceres, dirigente del pueblo Lenca y activista feminista, que lideraba en su país la defensa del derecho al agua y la lucha contra la construcción de una presa en el río Zarca.

La autoría intelectual del asesinato de la ambientalista reconocida internacionalmente sigue sin determinarse, aunque su familia la atribuye a la empresa Desarrollos Energéticos S.A., encargada de la obra.

Ese año fue especialmente cruel para quienes defienden sus territorios de la voracidad de empresas que desarrollan proyectos de diverso corte extractivo, sin respetar el derecho a la consulta previa e informada de los pueblos indígenas. Y sin tener en cuenta los irreparables daños para el ambiente y las comunidades.

El informe anual 2016 de la ONG Global Witnees indica que 60 por ciento de los 200 asesinatos de defensoras y defensores en el mundo ocurrieron en América Latina.

Hay una escalada de violencia hacia las mujeres de las comunidades, con mayor énfasis a las activistas, por el rol que cumplen en el arraigo comunitario.

Aunque el discurso parezca anacrónico está demasiado vigente: “Esta alianza del capitalismo extractivo con el patriarcado, coloca como blanco a las mujeres y busca controlar y someter tanto sus cuerpos como sus territorios. Quienes se rebelan, protestan y defienden sus derechos a ser libres y soberanas son reprimidas y violentadas de múltiples formas”, se expresó en el encuentro.

Los casos emblemáticos de violencia hacia las mujeres, ocurren por su rol de defensa de los territorios y en la continuidad de la vida comunitaria, junto con sesgos específicos de género. “Nuestros cuerpos no se violan, nuestros territorios no se violan, se respetan”, fue un clamor reiterado.

Las mujeres latinoamericanas entienden con claridad la crudeza de la realidad que les toca vivir, y aunque los gobiernos, la Justicia y las grandes empresas, miren hacia otro lado, el coraje que demuestran contagia. Tarde o temprano bastará para que los derechos se cumplan.

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