El Gobierno envió ayer al Congreso el proyecto de ley "Argentina Digital" con el que pretende regular y declarar "servicio público" el acceso a las telecomunicaciones en internet, telefonía fija y celular, y televisión por cable, con la promesa de que no va a manipular los contenidos.
El proyecto prevé que la Autoridad de Aplicación que designe el Ejecutivo tendrá amplias atribuciones para fijar tarifas en función de los costos.
El proyecto apunta, según el Poder Ejecutivo, a "garantizar el acceso a las telecomunicaciones (voz, datos, textos y videos por Internet, telefonía fija y celular y televisión por cable), excluyendo cualquier injerencia estatal en los contenidos del servicio".
La iniciativa que modificaría la actual Ley de Telecomunicaciones (que es de 1972) ingresó por el Senado, apunta a promover "el rol del Estado como planificador", la "obligación de apertura de las redes de telecomunicaciones entre los licenciatarios TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)". En telefonía busca "eliminar la diferencia entre corta y larga distancia nacional".
El proyecto fue presentado en una conferencia de prensa por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; los ministros de Planificación, Julio De Vido y de Economía, Axel Kicillof y el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner.
Pero pese a las promesas de "controles suaves", el proyecto prevé que la Autoridad de Aplicación que designe el Ejecutivo tendrá amplias atribuciones para fijar tarifas en función de los costos u "otro tipo de mecanismo de compensación", y disponer la caducidad de licencias y la inhabilitación por cinco años a los directores de las empresas sancionadas.
Además podrá regular el régimen de sanciones, decomisar equipos, cancelar autorizaciones, requerir migración de sistemas y cambiar numeración, señalización o portabilidad numérica, sin derecho a indemnización por parte de las licenciatarias.
El Gobierno busca que todas las empresas que operen en telecomunicaciones puedan utilizar la infraestructura de red para brindar sus servicios, con una "tarifa de alquiler" fijada por el Estado Nacional.
Kicillof destacó que hoy "cinco compañías se dividen el 88% de las ventas" vinculadas con los servicios de telecomunicación. Para el titular del Palacio de Hacienda, la nueva norma, entre otras cosas, evitará que esas empresas "nos vacunen con las tarifas".


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