San Luis, la más perjudicada en el reparto de fondos nacionales

San Luis es la provincia que menor cantidad de recursos nacionales recibió durante la era K. La afirmación no es nueva. Pero un reciente estudio de la Auditoría General de la Nación (AGN) demuestra con números precisos la discriminación que sufrió la provincia por parte de la gestión kirchnerista.
A lo largo de 10 años, los sucesivos gobiernos K enviaron a la provincia apenas 371 millones de pesos. La cifra contrasta con el beneficio que llegó a distritos como Santa Cruz (9.000 millones), Chaco (7.619 millones) o Chubut (1.923 millones).
El trabajo de la AGN, que conduce el puntano y radical Leandro Despouy, fue presentado el pasado 15 de octubre en el Senado de la Nación. “Una década al cuidado de los fondos públicos” se llama el documento de 90 páginas que analiza de manera medulosa y precisa de qué manera manejó el gobierno nacional los fondos públicos durante el período 2003-2012. Y dedica un capítulo especial al particular criterio de reparto que ha tenido respecto de los recursos que no se giran de manera automática a las provincias como la coparticipación.

La primera aclaración que hace el informe es que el reparto de recursos Nación-Provincias está dado, en primer término, por fondos que las provincias reciben de manera “automática” que son un porcentaje de los impuestos que el gobierno nacional se encarga de cobrar. Ése es el caso de la porción de impuestos que se les transfiere por el sistema coparticipable.
“Estos montos no se presentan en el Presupuesto de la Administración Nacional porque no son sus recursos propios, sino que pertenecen a las provincias y municipios”, señala el informe.

Una segunda porción se transfiere del Presupuesto de la Administración Nacional, para que las provincias ejecuten ciertas obras o para aliviar su situación financiera.
El documento también muestra que para uno y otro caso, el Gobierno prendió la aspiradora para quedarse con más plata. En el caso de los recursos automáticos, la Ley de Coparticipación dice que el reparto de impuestos debe ser de la siguiente manera: 42,34% para la Nación, 54,66 para el conjunto de las provincias y un restante 2% bajo una concepto de “recupero del nivel relativo” que llegaría como un adicional para las provincias de Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz. El kirchnerismo invirtió esa fórmula de manera alevosa, al punto que hoy el 75% de los recursos se los queda la Nación y el restante 25% se distribuye entre las provincias.
Pero además, en el caso de los recursos que no son automáti cos, también cayeron. En 2003 el Gobierno transfería de manera discrecional a las provincias el 71,2% de los fondos de su propio presupuesto. En 2012 esos envíos representan apenas el 22,3%.
¿Adónde fueron esos fondos que antes iban (aunque de manera arbitraria) a las provincias? Se desviaron en forma de subsidio hacia empresas privadas que brindan servicios públicos, como energía o transporte, para que no aumentaran sus tarifas. También fueron a parar a las arcas de empresas estatales como Enarsa, Aerolíneas Argentinas y el Ferrocarril General Belgrano, entre otros.