Ferrari: "La Municipalidad no acepta que yo tenga autonomía"

El juez Ferrari está trabajando con la Policía de la provincia en un proyecto para darle un nuevo impulso al Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), para que todas las jurisdicciones puedan actuar en red.

La relación entre Alejandro Ferrari, el juez de Faltas de la ciudad de San Luis, y la Municipalidad volvió a tensarse ayer debido a las diferencias que surgieron entre el pedido de presupuesto que elevó el magistrado y el que finalmente llegó a manos del Concejo Deliberante capitalino. Ferrari envió una carta al intendente, Enrique Ponce, exigiendo explicaciones por lo que consideró un acto que contraría “no sólo la voluntad y autonomía del suscripto (el juez), sino también la buena fe que debe primar en todo acto administrativo…”.
 —¿Qué fue lo que pasó con el presupuesto 2014 del Juzgado de Faltas?
—Del ejemplar que elevé en tiempo y forma a la Dirección de Programación Financiera y Control Presupuestario modificaron una planilla completa antes de que lo tratara el Concejo Deliberante. Obviamente los concejales, que no conocían esto, lo aprobaron como les llegó. Yo diría que es un acto de falsedad ideológica de parte de la Municipalidad. Por eso le mandé hoy (por ayer) una carta a Ponce, a ver qué me contestan.
—¿Qué fue lo que cambiaron?
—La planilla que contiene los gastos en sueldos del personal. Yo pedí que seis empleados de “ayuda económica” pasaran a ser contratados, también la elevación de categoría del encargado de informática, que hizo un gran trabajo. Incluso antes de que se vayan de vacaciones les comenté la buena noticia a los involucrados y ahora no sé cómo explicarles que la Municipalidad los ignoró olímpicamente.
—¿De qué manera la cambiaron?
—Sacaron la que envié y repitieron la de 2013.
—¿Qué significa para esta gente el cambio de categoría?
—En el caso de las “ayudas económicas” pasar de un ingreso de $1.700 sin obra social a uno de aproximadamente $4.000 con todos los beneficios. Hay uno que va a cumplir ocho años en el Juzgado, otro seis, un tercero cinco y los tres restantes están hace cuatro años.  Incluso venía pidiendo desde el año pasado que los vayan pasando gradualmente a la categoría de contratados y no lo hicieron. Es un acto de justicia social que desoyeron, más allá de vulnerar la autonomía que el Concejo me dio por ordenanza el año pasado.
—¿Cómo se enteró del cambio?
—Fue el 21 de enero, leyendo el Boletín Oficial. Caminaba por las paredes de la bronca. No tengo por qué estar haciendo un seguimiento de lo que aprueba el Concejo, es un acto de buena fe. Ni siquiera me avisaron, no me dieron la chance de defender mis pedidos. Alguien cambió la planilla de 2014 y puso la de 2013.
—¿De cuánto dinero hablamos?
—De un millón doscientos mil pesos. No es nada comparado con los $ 437 millones que maneja la Municipalidad anualmente. Y te repito: era un acto de justicia social. A mí me coartaron un logro, además de predisponer mal a la gente, que estaba muy ilusionada.

Mientras argumenta, Ferrari busca carpetas en su escritorio. Allí están el presupuesto tal como él lo envió al Ejecutivo municipal, la ordenanza que le otorga la autonomía que ahora siente vulnerada y el Boletín Oficial del 16 de diciembre, el que desató su enojo. "Tengo una relación buenísima con todos los concejales. Jamás se me ocurrió pensar que iban a cambiar una hoja sin al menos consultarme. Yo me relajé porque todos me decían: 'Quedate tranquilo, no tocamos ni una coma'. ¡Claro, lo aprobaron cambiado sin enterarse!", protesta el juez de faltas, midiendo sus palabras.
—¿Nunca sospechó nada? Sobre todo teniendo en cuenta que su relación con Ponce dista de ser la ideal...
—El espionaje no es mi especialidad. Desde diciembre que vengo enviando algunas notas y nunca respondieron nada. Debieron decirme: 'Usted no tiene presupuesto'. Sin embargo, hicieron todo por detrás, a las escondidas. Recién el 6 de febrero recibí un escrito que decía que mis pedidos estaban 'en curso'.
—¿Qué piensa hacer de ahora en más? ¿Con qué recursos legales cuenta?
—Como primera medida voy a esperar que respondan la carta. El intendente no puede seguir escondiéndose. Ya recabé información del Concejo Deliberante, que me servirá para ver la estrategia a elaborar. Pero no cierro ninguna puerta, ni en el fuero penal ni en lo civil.
—¿Significa que puede iniciar acciones legales?
—Ya tengo un juicio contra esta administración por diferencias con mi sueldo. No tengo problemas en hacer otro si es para defender la autonomía que me dio el Concejo Deliberante. Pero soy dialoguista, sigo creyendo que todo se puede solucionar en una reunión, exponiendo argumentos. La Municipalidad no respeta la división de poderes, pero lo va a tener que hacer.