Familia Solidaria: detectaron que el área está abandonada

Un área sin jefe ni asesor legal, más de cincuenta oficios judiciales sin contestar, poco personal y casi ningún hogar disponible para recibir, ante una urgencia, a niños que fueron abandonados o deben ser alejados de sus padres por violencia o abuso. Así estaba el Subprograma Familia Solidaria, cuando asumió la ministra de Desarrollo Social, Alida García Peanú. Y es que la funcionaria analizó el trabajo del plan, que protege y da asilo a niños, ancianos y personas con discapacidad; pidió un informe de la cantidad de beneficiarios y de puntanos que albergan a los chicos y descubrió que la oficina hace rato que está en punto muerto. Pero adelantó que se reunirá con los jueces y el Ministerio de Salud para trabajar en conjunto y elaborará un protocolo para emergencias y un registro único de todos los casos.

"Está muy desorganizado, hay sitios donde hay pocas familias y muchos niños. Cuando se creó, la idea era que no existiera una gran cantidad de niños por familia, salvo que fueran hermanos para no separarlos. Eso no se ha respetado. Si no se convierten en mini institutos privados y ésa no es la idea", dijo la ministra, quien detalló que en toda la provincia hay ciento cuarenta y ocho hogares que cuidan a doscientos cuarenta y un pequeños, abuelos y discapacitados. Y agregó que del total, sesenta y cuatro pertenecen a San Luis, Villa Mercedes y Merlo, que suman ciento quince chicos dentro del Subprograma.

Además, recalcó que al área le falta difusión y que en la gestión anterior se “acostumbraron” a trabajar siempre con las mismas familias y no apostaron a captar nuevos colaboradores. “Hay familias que tienen hasta ocho niños, que son de distintas edades y sexo. Eso no puede pasar", afirmó.

Según García Peanú, el Subprograma estaba sin asesoría legal desde julio, por eso no habían contestado más de cincuenta oficios judiciales. A partir de octubre tampoco tuvieron un jefe de la delegación y el gabinete de psicólogos y asistentes sociales era escaso para atender la demanda de los hogares y de los beneficiarios.

Pero el dato que más alarmó a la funcionaria fue que en toda la provincia sólo hay dos familias de emergencia, es decir, aquellas que atienden al pequeño por veinticuatro horas, hasta que la oficina encuentra otra que decida cuidarlo por al menos seis meses, que es el tiempo que dura un convenio. “Si te llaman un sábado a las tres de la madrugada porque hay un chico abandonado, a la primera que recurrís es a las de urgencia”, explico la ministra, quien aseguró que deberán generar una estrategia para captar más postulantes y establecer cómo deben actuar ante esos casos. Y aunque no precisó cuántas necesitan, describió que se reunirá con los jueces de Familia para saber cuántas notificaciones envía la Justicia mensualmente por niños abusados, en estado de abandono o víctimas de violencia y entonces determinará la cantidad de familias que cubrirán la demanda de las distintas regiones de la provincia.

Otra de las críticas de García Peanú fue al sistema de renovación de los convenios, que muchas veces se extendían automáticamente. "Me parece importante estudiarlas. A mí me encantaría conocerlas, ver dónde viven y no solamente analizar los números”, dijo. Y agregó: “Creo que hubo falta de control de los hogares y de la distribución. Después hay niños que fueron puestos en familias solidarias y que tienen algún pariente biológico al que se lo podrían haber dado. Hay que hacer un trabajo de revinculación, para que el chico vuelva a tomar contacto con sus parientes”. Pero no fue la única área donde la ministra detectó problemas, ya que aseguró que en el Subprograma Protección y Promoción a las Personas con Discapacidad la desorganización y la ausencia de control de la gestión anterior también dejaron algunos problemas.

Además de reunirse con la Justicia y armar un protocolo de actuación ante emergencias, la ministra de Desarrollo Social adelantó que quiere realizar un registro único de las familias, ya que hasta ahora cada región llevaba un conteo de sus postulantes, pero no había un número unificado. Y para rastrear las ciento cuarenta y ocho familias solidarias que actualmente albergan niños, ancianos y personas con discapacidad, debió solicitarle las cifras parciales a cada jefe de zona. “Si tenemos todo anotado, podemos controlarlas rápido y distinguir cuáles funcionan bien y cuáles no”, afirmó. Y destacó que aumentará el número de profesionales del gabinete de psicólogos y asistentes sociales y acordará con los jueces el trabajo conjunto y un criterio común ante las modificaciones del Código Civil y la Ley de Adopción.