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La transparencia electoral en Brasil

Las derivaciones finales del Caso Petrobras en Brasil aún son una incógnita, sobre todo cuando muchos analistas sostienen que Dilma Rousseff está muy lejos de poder sortear el escándalo con éxito y cuando se entiende como éxito evitar la destitución por medio de un juicio político. Pero mientras tanto ya existen decisiones que surgen a partir de este significativo hecho de corrupción y que marcarán la forma en que se harán las campañas políticas en el gigante de Sudamérica a partir de ahora.
La Corte Suprema de ese país decidió prohibir la financiación de campañas electorales y partidos por parte de empresas, corazón del megaescándalo de corrupción en la estatal Petrobras que agita a la clase política. La mayoría de los jueces consideró “inconstitucional la contribución de personas jurídicas a las campañas electorales”, resumió el presidente de la Corte, Ricardo Lewandowski, al cerrar el veredicto, aprobado por ocho jueces contra tres. Es una de las decisiones más importantes de la historia reciente de la Suprema Corte porque le quita influencia a las empresas en el proceso político. 
La organización que dona millones para un partido gana un acceso privilegiado, gana proximidad y luego puede ayudar a influir en las decisiones sobre políticas públicas, afirman los especialistas. En las elecciones presidenciales de 2014, más del 80% de las donaciones a los principales candidatos brasileños llegaron de empresas privadas, según datos de la Justicia Electoral recabados por el periódico “O Globo”. 
Se llegó a un cuadro absolutamente caótico, en el que el poder económico captura de manera ilícita el poder político, se resume del dictamen. Los jueces que acompañaron la decisión sostienen que las donaciones empresariales generan desigualdad entre los contendientes, incluso dentro de cada agrupación política. 
Brasil asiste actualmente a la mayor investigación judicial por corrupción en la historia del país, que develó un esquema de sobornos y sobreprecios en la estatal Petrobras, en el que las mayores constructoras del país desviaron recursos hacia funcionarios públicos, intermediarios y partidos políticos para asegurarse millonarios contratos con la petrolera. El caso, conocido como “Petrolao”, ha puesto bajo la lupa las cuentas de campaña de la propia presidenta Dilma Rousseff, quien niega haber recibido recursos ilegales para ganar la reelección. Si la decisión de la Corte prevalece y las empresas no pueden donar ni un centavo más a los partidos políticos, ¿cómo se financiarán sus millonarias campañas? En primer lugar, habrá una reducción de los recursos destinados a la propaganda política y luego, necesariamente, una sustitución de las fuentes de dinero, opinan los analistas. Actualmente, la ley permite a las empresas donar a partidos hasta el 2% de su facturación bruta del año anterior a los comicios. El resto de los recursos que reciben las agrupaciones políticas proviene de personas físicas y de un fondo electoral público.
Los partidos políticos deberán ser más creativos en la comunicación con los electores para obtener mayores recursos, sumando mayor cantidad de personas físicas como donantes e, incluso, adoptando modelos de recaudación colectiva como el crowdfunding, muy extendido en Estados Unidos y Australia. En una época en que la comunicación entre las personas es inmediata, también es inmediato el control ciudadano y el “Petrolao” no deja de ser un modelo interesante para conocer el trasfondo de las redes de corrupción que azotan a diversos países en el mundo.
La financiación de partidos políticos por parte de empresas ha generado una dura pulseada en el Congreso, donde ambas cámaras mantienen posiciones contrarias. Los diputados dieron sanción definitiva a una nueva ley que entre otros aspectos mantiene las donaciones empresariales, pero establece para ellas un tope de 20 millones de reales (unos cinco millones de dólares). Rousseff debe decidir ahora si veta o no esa legislación, después del pronunciamiento de la Suprema Corte y cuando su futuro es muy discutido. Si a partir de aquí la transparencia se instalara como norma, entonces todo este proceso habrá tenido sentido.

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La transparencia electoral en Brasil

Las derivaciones finales del Caso Petrobras en Brasil aún son una incógnita, sobre todo cuando muchos analistas sostienen que Dilma Rousseff está muy lejos de poder sortear el escándalo con éxito y cuando se entiende como éxito evitar la destitución por medio de un juicio político. Pero mientras tanto ya existen decisiones que surgen a partir de este significativo hecho de corrupción y que marcarán la forma en que se harán las campañas políticas en el gigante de Sudamérica a partir de ahora.
La Corte Suprema de ese país decidió prohibir la financiación de campañas electorales y partidos por parte de empresas, corazón del megaescándalo de corrupción en la estatal Petrobras que agita a la clase política. La mayoría de los jueces consideró “inconstitucional la contribución de personas jurídicas a las campañas electorales”, resumió el presidente de la Corte, Ricardo Lewandowski, al cerrar el veredicto, aprobado por ocho jueces contra tres. Es una de las decisiones más importantes de la historia reciente de la Suprema Corte porque le quita influencia a las empresas en el proceso político. 
La organización que dona millones para un partido gana un acceso privilegiado, gana proximidad y luego puede ayudar a influir en las decisiones sobre políticas públicas, afirman los especialistas. En las elecciones presidenciales de 2014, más del 80% de las donaciones a los principales candidatos brasileños llegaron de empresas privadas, según datos de la Justicia Electoral recabados por el periódico “O Globo”. 
Se llegó a un cuadro absolutamente caótico, en el que el poder económico captura de manera ilícita el poder político, se resume del dictamen. Los jueces que acompañaron la decisión sostienen que las donaciones empresariales generan desigualdad entre los contendientes, incluso dentro de cada agrupación política. 
Brasil asiste actualmente a la mayor investigación judicial por corrupción en la historia del país, que develó un esquema de sobornos y sobreprecios en la estatal Petrobras, en el que las mayores constructoras del país desviaron recursos hacia funcionarios públicos, intermediarios y partidos políticos para asegurarse millonarios contratos con la petrolera. El caso, conocido como “Petrolao”, ha puesto bajo la lupa las cuentas de campaña de la propia presidenta Dilma Rousseff, quien niega haber recibido recursos ilegales para ganar la reelección. Si la decisión de la Corte prevalece y las empresas no pueden donar ni un centavo más a los partidos políticos, ¿cómo se financiarán sus millonarias campañas? En primer lugar, habrá una reducción de los recursos destinados a la propaganda política y luego, necesariamente, una sustitución de las fuentes de dinero, opinan los analistas. Actualmente, la ley permite a las empresas donar a partidos hasta el 2% de su facturación bruta del año anterior a los comicios. El resto de los recursos que reciben las agrupaciones políticas proviene de personas físicas y de un fondo electoral público.
Los partidos políticos deberán ser más creativos en la comunicación con los electores para obtener mayores recursos, sumando mayor cantidad de personas físicas como donantes e, incluso, adoptando modelos de recaudación colectiva como el crowdfunding, muy extendido en Estados Unidos y Australia. En una época en que la comunicación entre las personas es inmediata, también es inmediato el control ciudadano y el “Petrolao” no deja de ser un modelo interesante para conocer el trasfondo de las redes de corrupción que azotan a diversos países en el mundo.
La financiación de partidos políticos por parte de empresas ha generado una dura pulseada en el Congreso, donde ambas cámaras mantienen posiciones contrarias. Los diputados dieron sanción definitiva a una nueva ley que entre otros aspectos mantiene las donaciones empresariales, pero establece para ellas un tope de 20 millones de reales (unos cinco millones de dólares). Rousseff debe decidir ahora si veta o no esa legislación, después del pronunciamiento de la Suprema Corte y cuando su futuro es muy discutido. Si a partir de aquí la transparencia se instalara como norma, entonces todo este proceso habrá tenido sentido.

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