Ante las incontables sanciones que labraron los inspectores a los comercios por violar las ordenanzas que prohíben la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido y a menores, en el Concejo Deliberante propusieron la creación de una licencia comercial que deberían tramitar los mayoristas, supermercados, almacenes, restaurantes y bares que los habilite a expender esos productos. La sanción establecida en la nueva legislación sería el decomiso de la mercadería.
La intención también busca elaborar un inventario de todos aquellos negocios que desarrollan la actividad y a partir de allí poner en marcha la licencia. "No hay un registro cierto de los comercios que venden bebidas alcohólicas como para aplicar cualquier tipo de política con respecto a regular la venta y prevenir el consumo en exceso. Por eso, este proyecto de ordenanza propone crear un listado con una serie de requisitos para obtener una licencia de venta, como instrumento para autorizar a la persona física o jurídica", explicó el concejal Oscar Montero, del bloque Compromiso Federal.
El permiso incluiría a tres rubros: los distribuidores o mayoristas; los comercios como almacenes, supermercados y multiventas; y, finalmente, los restaurantes, bares y boliches bailables.
"Aquéllos que infrinjan las legislaciones vigentes, más allá de las multas establecidas, ponen en juego su licencia para vender alcohol, es decir que si un almacén viola la ordenanza porque le vende a un menor se le sancionará, pero paralelamente pierde la autorización. En una primera oportunidad se le prohibirá expender alcohol por seis meses y en el caso de reincidir, será permanente", indicó el edil.
Por otro lado, permite al Juzgado de Faltas que quienes perdieron o no obtuvieron la licencia se sometan al decomiso de la mercadería. "Creemos que se van a ajustar mucho más a lo que es la normativa porque hay un factor importante que es el valor comercial porque una multa capaz se paga, o se discute o pelea judicialmente para no abonarla pero mientras tanto se sigue vendiendo, en este caso perdería la oportunidad de continuar su actividad. Tampoco el Estado puede disponer de un inspector por cada negocio ya que son miles y hay que buscar opciones que apunten a controlar eso, detalló Montero.
El proyecto fue presentado la semana pasada y será debatido en la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales, del cuerpo legislativo. El planteo del bloque justicialista es que se abra el registro en un período de seis meses y, para no afectar a los que actualmente venden bebidas, brindarían la posibilidad de que ingresaran todos ellos en el listado.
"El objetivo final es concientizar y cuidar a los chicos del flagelo del alcohol que produce la muerte, secuelas físicas y problemas a nivel familiar y en la sociedad", resaltó.
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