La Cámara de Diputados de la provincia aprobó por mayoría un proyecto de resolución que apunta a consolidar el reclamo puntano hacia el gobierno nacional para que cumpla con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, cuerpo que ordenó el pago de los fondos descontados ilegalmente durante 12 años al Estado sanluiseño y que corresponden a la coparticipación federal. El dictamen del máximo tribunal se conoció hace 9 meses, pero la administración de Mauricio Macri hizo caso omiso ni respondió a la convocatoria a reunirse con funcionarios provinciales para fijar el modo y los plazos de pago.
El proyecto de resolución, impulsado por el Ministerio de Gobierno, Justicia, Culto y Transporte, recibió el visto bueno del Senado por unanimidad, pero en Diputados no contó con un consenso absoluto: obtuvo 23 votos a favor, pero 12 en contra. Los bloques de Compromiso Federal, el Frente para la Victoria y Mercedinos por el Cambio apoyaron la adhesión al reclamo, pero los legisladores de Cambiemos se opusieron.
El 23 de agosto, en Terrazas del Portezuelo, 61 intendentes de distintos departamentos firmaron un documento en el que unificaron su postura. La misma respuesta tuvo la iniciativa en la Cámara Alta provincial, pero en Diputados no hubo la misma respuesta.
Los legisladores locales de Cambiemos -el partido oficialista a nivel nacional- se opusieron al texto porque consideraron que expresar las cifras del dinero adeudado por la Nación no era positivo.
Según explicó en la reunión con los intendentes el Fiscal de Estado, Eduardo Allende, la Nación le debe a San Luis más de 13.000 millones de pesos sólo en concepto de devolución del porcentaje coparticipable retenido ilegalmente durante 12 años.
Pero eso no es todo: la Provincia tiene, en período de sentencia, otros 14 juicios en contra del Estado federal. Todos por dineros descontados arbitrariamente. Algunos datan de 2001. Según Allende, sumados, todos esos recursos superan 32.300 millones de pesos.
"Los legisladores, que son los representantes del pueblo de San Luis, le dan mucha fuerza al reclamo que hace el gobierno provincial. Una vez que lo apruebe la Legislatura y con el documento que firmaron los intendentes, solicitaremos audiencias al gobierno nacional, al presidente Macri y a la Corte Suprema, porque lo que buscamos es, nada más y nada menos, que cumplan con el fallo judicial. No pedimos algo distinto a lo que dijo la propia Corte, sino que respeten su dictamen", señaló el ministro Mones Ruiz.


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