Carlos Etchepare
Periodista
Las políticas de Estado que necesita el campo
El campo argentino, como siempre, atraviesa un momento de necesidades y de falta de definiciones. A la muy mala cosecha que tuvimos durante 2018 por culpa de la sequía se le suman las complicaciones crediticias y financieras propias de la economía vernácula. De todas maneras, pese a la coyuntura actual, es necesario volver a repensar la política y las medidas que necesita el sector.
Sobre este camino intentaremos transitar durante las próximas dos entregas de esta columna, buscando echar luz sobre las necesidades de un sector que, por lo menos en la historia reciente, parece destinado a siempre poner recursos para el Estado y nunca recibir el tratamiento que tienen sus colegas en otros países competidores.
Analizándolo además desde la actitud de un sector que todavía no logra unificar un reclamo y generar una identidad robusta que lo anteceda.
Por eso, en la problemática que presentaremos en esta primera parte tiene mucho que ver la manera en la que los diferentes gobiernos se fueron apropiando de la renta del sector sin encontrar demasiada resistencia. En este contexto, el primer punto que tocaremos es lo que podemos definir como la única política agropecuaria que existe y que se traslada de mandatario en mandatario: póngale impuestos al campo que éste los paga sin reaccionar negativamente.
El campo siempre rompe el chanchito
Desde el año 2002, cuando volvieron a instaurarse los derechos de exportación, hasta su proyección en 2019, los productores perdieron miles de millones de dólares que les correspondían y que fueron a parar a las arcas del Estado como ingresos por recaudación fiscal.
También otros sectores de la cadena se vieron beneficiados por el recorte en los precios internos que sufrieron los productores.
Esta práctica, que se convirtió en una manera sencilla de financiar el gasto corriente de los gobiernos de turno, se volvió un ejemplo, un emblema de las políticas que nunca deberían tenerse para la producción.
Y esto es importante marcarlo porque recordemos que cuando se inició el gobierno de Mauricio Macri, lo primero que hizo fue cumplir con la palabra que le había dado al campo al eliminar las retenciones de casi todos los productos, dejando las de la soja, sus derivados, los cueros y alguna más. Dándole de esta manera un fuerte impulso al sector en lo económico, pero también desde lo simbólico.
Hablando estrictamente de los números, los derechos de exportación recaudados entre 2002 y 2018 en el “campo agrícola” fueron de 89.540 millones de dólares. En tanto que en otros sectores productivos, durante el mismo período, se pagaron en concepto de derecho de exportación 34.501 millones de dólares. Esto marca a las claras la diferencia entre lo que paga o lo que aporta el campo, y lo que pagan o aportan otros sectores de la economía.
En este contexto, con la eliminación y reducción de las retenciones, el campo y el Presidente sellaron una unión que todavía persiste pese al cambio de postura que tuvo el sector político. Porque si bien es verdad que aquella promesa cumplida en 2016 se rompió en 2018 y otra vez el productor volvió a pagar retenciones, también es verdad que los reclamos del sector por esta situación prácticamente no se hicieron oír.
Pero lo que no se puede dejar de considerar acá es lo que nos deja la historia como enseñanza. Recordemos que cuando las retenciones se volvieron a implantar en el año 2002 se dijo que era una especie de esfuerzo que tenía que hacer el sector para contener una crisis y teniendo en cuenta la existencia de un tipo de cambio favorable. Dijeron además que era un impuesto transitorio; el mismo discurso que nos “vendió”hace algunos meses el equipo económico de Mauricio Macri. Ahora con un argumento que busca moderar el efecto simbólico, pero que en los números no deja de ser dañino.
Adicionalmente, el Gobierno se encargó de asegurar que las nuevas retenciones iban a ser para todos por igual. Tres o cuatro pesos, según corresponda al producto de exportación. Pero ese discurso representa una verdad que oculta una realidad: para todos igual es cierto, pero la realidad es que el sector que representa el 65%-70% de las exportaciones es el campo. O si se quiere, todo lo que produce el campo y se industrializa a través de su agroindustria, por lo tanto, es el sector que más paga.
Además esta situación tiene un agravante sobre los productores, ya que le impacta en el precio de lo que se exporta y también de lo que va para consumo interno. Porque el precio al productor baja, y el que compra para el mercado interno se queda con el beneficio de esa diferencia. Por lo tanto, eso de que es un impuesto igual para todos termina siendo una verdad relativa.
Como decíamos más arriba, esta situación de esquilmar al campo no deja de ser recurrente por la sencilla razón de que el campo es un sector muy fácil de atacar. Y de hecho, la prueba está en que Cristina Fernández le sacó durante su mandato 100 mil millones de dólares al sector agroindustrial.
¿Cree alguien de los que está leyendo estas líneas que hay algún otro sector en la Argentina al que se le haya quitado 100 mil millones de dólares y siguiera produciendo como lo hizo el campo? La respuesta inmediata es que no, ni en la Argentina ni en ninguna otra parte del mundo.
Esta debilidad del campo hace que cualquier dirigente que esté al frente de la administración pública, cuando se encuentra ante una necesidad recaudatoria, recurra a los bolsillos del sector. Y esto es lo que está volviendo a pasar. Por supuesto que no en la magnitud que lo hizo el kirchnerismo, pero se está haciendo lo mismo y de la misma manera.
Si analizamos el aporte del “campo agrícola”, en concepto de derechos de exportación desde 2004 a 2019 el resultado es muy esclarecedor.
En el período 2004-2007 Néstor Kirchner le sacaba al campo 3.000 millones de dólares por año; entre 2008 y 2011 con Cristina Fernández en el poder el campo pagó 7.500 millones de dólares por año; entre 2012 y 2015, durante su segundo mandato, se le sacó al campo 8.000 millones producto de mayor producción y precios records. A fines de 2015 asumió Mauricio Macri, y si bien desde ese momento el número cayó considerablemente, el aporte del sector continúa siendo muy alto.
En el primer período (2016-17) fue de 4.500 millones de dólares, en 2018 el monto bajó a 3.300 millones de dólares debido a la fuerte seca que afectó la producción. Y entramos en 2019 con una proyección de 5.300 millones de dólares que le van a quitar al campo, que sumado a los descuentos aplicados sobre productos que van a consumo interno (unos 2.000 mil millones más), el número ascenderá a un total de alrededor de 7.500 millones de dólares.
Entonces la sensación que nos queda es que es muy interesante escuchar al presidente y a todos sus ministros decir que las retenciones son un mal impuesto, pero la realidad es que a pesar de ese discurso, al campo le terminarán quitando 7.500 millones de dólares durante el próximo año.
La actualidad del sector
Llegado el momento se deberá, de una buena vez por todas, definir las políticas públicas que necesita el campo. Esperemos que ese ejercicio se haga lo más pronto posible, porque si así no sucede, la soga terminará de romperse y el costo será demasiado alto.
Para esto será necesario, entre otras cosas, mirar el pasado, analizar el contexto mundial y entender dónde estamos parados hoy los argentinos en términos de agroindustria. Porque para definir una política de Estado futura tenemos que empezar a entender algunas cosas que aunque nos duelan como sector son parte de la realidad que nos toca vivir.
Como ya destacamos, en los últimos años al campo se le pegó mucho económica y políticamente pero eso no se tradujo en un menor volumen de producción o en menores niveles de inversión. Por el contrario, cada año el campo producía más, porque el productor necesita hacerse cada vez más eficiente para generar mayor volumen y así poder sobrevivir. Ojo, es verdad que el contexto internacional era mucho mejor que el actual y los costos internos, mucho menores.
Pero más allá del esfuerzo del productor, otra vez la política siguió metiendo la cola y perjudicando al sector en beneficio propio. En este contexto, lo primero que tenemos que destacar es que la competitividad que supo tener la argentina en materia de producción agrícola hoy está en riesgo y ya no somos tan competitivos a nivel internacional. Menos aún si la única salida sigue siendo el puerto y no el agregado de valor en origen.
El segundo punto que debemos pensar en modificar de cara a un negocio más eficiente pasa por la infraestructura. La verdad es que la gestión de Cambiemos empezó bien en esta materia, pero ahora con el ajuste se acabaron la gran mayoría de las obras. Además, a los problemas de infraestructura debemos sumarle las complicaciones en logística. Trataron de salir a jugar fuerte con los bitrenes, pero la realidad es que no tenemos ni los caminos ni las rutas para que ese tipo de camiones funcionen. Y si además no tenemos inversión y capacidad de tomar crédito, todo se vuelve muy difícil.
El tercero de los problemas que tenemos hoy en el campo son los costos de producción y de financiamiento, que se potencian con la inflación y con la devaluación que antes de beneficiar por precio, golpea por el lado de los gastos.
Al campo también le falta capacidad de lobby, y si bien ya hemos hablado mucho sobre este tema en comentarios anteriores, siempre insistimos en la centralidad de este punto. Porque si el sector tuviera el poder de lobby o el peso político que debería tener, aquella pregunta que nos hacíamos más arriba sobre todo lo que se le saca al sector, tendría una respuesta diferente.
Y en ese punto se debe poner en contraste el peso que tienen los diferentes sectores económicos de nuestro país, marcando una diferencia sustancial entre lo que les quitan a unos y a otros. Porque la verdad es que si bien la representatividad de las entidades del sector deja bastante que desear, también es cierto que esas entidades no son sostenidas por la plata de los propios productores. Entonces la solidez de la defensa, que en parte se define por los ingresos que recaudan por el aporte de los trabajadores, nunca será la misma en el campo que en otro sector. Porque los que deberían reconocer el trabajo y valorarlo con su aporte son los propios representados, los productores. Aquellos que tanto le dan al Estado y que tan poco gastan en su propia defensa. Ellos deberían ser los que fondeen a las entidades con los suficientes recursos para que los defiendan correctamente.
Hacia adelante se deberá cambiar todo esto que estamos cuestionando. Porque la falta de una política sectorial consistente nos lleva a la ruina. Si miramos en retrospectiva podemos observar que hace algunos años, con el gobierno anterior, la idea era destruir productores, pero no a la producción. Era destruir productores porque no importaba si al campo lo manejaban 5 ó 50; lo que les importaba era que sigan produciendo en los volúmenes que lo hacían y aportando los montos necesarios para la caja política. Lamentablemente no podemos asegurar que lo que está sucediendo hoy sea muy distinto a lo que pasaba durante el gobierno anterior.
Y eso también es una decisión de futuro y de política agropecuaria. ¿Queremos un campo que produzca con muchos productores o que lo haga con pocos? Sobre eso y sobre los puntos que se deben solucionar de cara a los próximos años y a una agricultura eficiente y rentable es que seguiremos hablando en la segunda parte de esta columna.
Hasta la semana que viene.


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