eldiariodelarepublica.com
Feministas apoyan la ley que busca encarcelar a los que violen la orden de restricción

Escuchá acá la 90.9
X

Feministas apoyan la ley que busca encarcelar a los que violen la orden de restricción

Aseguran que "todo lo que endurezca las penas" favorece a las personas que padecen la violencia de género.

El proyecto del Ejecutivo provincial para encarcelar a los que violen una orden de restricción por un caso de violencia de género, tuvo un impacto positivo entre la comunidad defensora de los derechos de las mujeres, que manifestó su apoyo a la ley que busca la reforma del Código Procesal, aunque aclararon que el cambio definitivo sólo es posible a través de la educación.

"En la actualidad la única garantía que existe es la notificación de restricción de acercarse a las mujeres, que evidentemente los agresores incumplen sistemáticamente. También, a las víctimas de violencia se les da un botón antipánico, es decir que ellas tienen la responsabilidad de que el violento no se les acerque, cuando debería ser al revés. En otras países a los hombres se les pone una tobillera", dijo la integrante de la Colectiva Feminista "Negrita Garayalde", María José Corvalán.

Según explicó el ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Eduardo Mones Ruiz, el proyecto "es para darle a los jueces las herramientas, a través de un medio idóneo", para que combatan los violación de las órdenes que prohíben el acercamiento a quienes sufren el hostigamiento y la violencia, que en la mayoría de las veces son mujeres.

"Aún cuando existe una restricción, nos encontramos con innumerables casos donde al violar esa situación del juez las víctimas vuelven a sufrir violencia y hasta se produce el femicidio", sostuvo Mones Ruiz.

A eso, la miembro de la Colectiva Feminista dijo que es frecuente que la víctima de hostigamiento reporte a la policía la transgresión a la orden que hacen los victimarios, pero muchas veces el alerta no es atendida como se debería.

"No tienen respuesta y muchas veces se les burlan. Es como un chiste porque los violentos siguen haciendo lo que quieren, nunca escarmientan porque no van presos", afirmó Corvalán.

La presidenta de la Asociación por los Derechos de la Mujer (Adem), Lily Manini, indicó que el proyecto que el Gobierno elevará a los legisladores, para incorporar al Artículo 510 del Código Procesal Criminal de la provincia; es una medida acertada para proteger a las mujeres contra sus agresores.

"Hay muchas situaciones en que no respetan la restricción, porque son conocidos los ejemplos en los que las mujeres terminan asesinadas por las ex parejas. A pesar de que existe la medida restrictiva, es un papel y no algo que asegure realmente la protección de la víctima, una situación que es urgente modificar para que no haya más amenazas, ataques ni asesinatos. Queremos que los violentos se mantengan lejos", señaló Manini, quien agregó que la erradicación de la violencia contra las mujeres sólo desaparecerá con el cambio cultural, a partir de la educación a edades tempranas.

"Todo lo que endurezca las penas para los que ponen en peligro la seguridad y la vida de los demás, son medidas que favorecen a quienes padecen violencia de género, es un avance. Creemos que para que haya un cambio real hay que modificar las concepciones que posicionan a la mujer por debajo del hombre, que es de desvalimiento, pese a los logros innegables que hemos conquistado en la historia", añadió.

 

El panorama en Córdoba

En Córdoba, incumplir la orden de restricción es un delito penal, según lo estableció en 2012 la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de esa provincia.

Para ese tribunal, el incumplimiento de las órdenes de restricción “lesiona el bien jurídico protegido; esto es, el compromiso expresamente asumido por la administración de Justicia, como integrante del Estado, para erradicar y sancionar los hechos de violencia intra familiar”.

"Anteriormente se había omitido considerar toda la normativa supranacional que impone obligaciones al Estado, que tiene la obligación de proteger a la mujer en estas situaciones y a sancionar todo tipo de conductas que afecten su integridad física en estas situaciones de violencia de género", explicó una de las vocales del Tribunal Superior de Córdoba, María Esther Cafure de Battistelli.

Según las estadísticas, de cada 10 órdenes de restricción, al menos 3 no se cumplen, mientras que durante 2017 se registró un femicidio cada 29 horas.

Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en whatsapp
TAGS
COMENTARIOS

Feministas apoyan la ley que busca encarcelar a los que violen la orden de restricción

Aseguran que "todo lo que endurezca las penas" favorece a las personas que padecen la violencia de género.

Ni una menos. Cansadas de la violencia machista, las mujeres de todo el país iniciaron en 2015 un pedido colectivo de garantías.

El proyecto del Ejecutivo provincial para encarcelar a los que violen una orden de restricción por un caso de violencia de género, tuvo un impacto positivo entre la comunidad defensora de los derechos de las mujeres, que manifestó su apoyo a la ley que busca la reforma del Código Procesal, aunque aclararon que el cambio definitivo sólo es posible a través de la educación.

"En la actualidad la única garantía que existe es la notificación de restricción de acercarse a las mujeres, que evidentemente los agresores incumplen sistemáticamente. También, a las víctimas de violencia se les da un botón antipánico, es decir que ellas tienen la responsabilidad de que el violento no se les acerque, cuando debería ser al revés. En otras países a los hombres se les pone una tobillera", dijo la integrante de la Colectiva Feminista "Negrita Garayalde", María José Corvalán.

Según explicó el ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Eduardo Mones Ruiz, el proyecto "es para darle a los jueces las herramientas, a través de un medio idóneo", para que combatan los violación de las órdenes que prohíben el acercamiento a quienes sufren el hostigamiento y la violencia, que en la mayoría de las veces son mujeres.

"Aún cuando existe una restricción, nos encontramos con innumerables casos donde al violar esa situación del juez las víctimas vuelven a sufrir violencia y hasta se produce el femicidio", sostuvo Mones Ruiz.

A eso, la miembro de la Colectiva Feminista dijo que es frecuente que la víctima de hostigamiento reporte a la policía la transgresión a la orden que hacen los victimarios, pero muchas veces el alerta no es atendida como se debería.

"No tienen respuesta y muchas veces se les burlan. Es como un chiste porque los violentos siguen haciendo lo que quieren, nunca escarmientan porque no van presos", afirmó Corvalán.

La presidenta de la Asociación por los Derechos de la Mujer (Adem), Lily Manini, indicó que el proyecto que el Gobierno elevará a los legisladores, para incorporar al Artículo 510 del Código Procesal Criminal de la provincia; es una medida acertada para proteger a las mujeres contra sus agresores.

"Hay muchas situaciones en que no respetan la restricción, porque son conocidos los ejemplos en los que las mujeres terminan asesinadas por las ex parejas. A pesar de que existe la medida restrictiva, es un papel y no algo que asegure realmente la protección de la víctima, una situación que es urgente modificar para que no haya más amenazas, ataques ni asesinatos. Queremos que los violentos se mantengan lejos", señaló Manini, quien agregó que la erradicación de la violencia contra las mujeres sólo desaparecerá con el cambio cultural, a partir de la educación a edades tempranas.

"Todo lo que endurezca las penas para los que ponen en peligro la seguridad y la vida de los demás, son medidas que favorecen a quienes padecen violencia de género, es un avance. Creemos que para que haya un cambio real hay que modificar las concepciones que posicionan a la mujer por debajo del hombre, que es de desvalimiento, pese a los logros innegables que hemos conquistado en la historia", añadió.

 

El panorama en Córdoba

En Córdoba, incumplir la orden de restricción es un delito penal, según lo estableció en 2012 la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de esa provincia.

Para ese tribunal, el incumplimiento de las órdenes de restricción “lesiona el bien jurídico protegido; esto es, el compromiso expresamente asumido por la administración de Justicia, como integrante del Estado, para erradicar y sancionar los hechos de violencia intra familiar”.

"Anteriormente se había omitido considerar toda la normativa supranacional que impone obligaciones al Estado, que tiene la obligación de proteger a la mujer en estas situaciones y a sancionar todo tipo de conductas que afecten su integridad física en estas situaciones de violencia de género", explicó una de las vocales del Tribunal Superior de Córdoba, María Esther Cafure de Battistelli.

Según las estadísticas, de cada 10 órdenes de restricción, al menos 3 no se cumplen, mientras que durante 2017 se registró un femicidio cada 29 horas.

Logín