El Ministerio de Desarrollo Social se lo informó al fiscal Di Lello, quien había pedido esos datos.
El escándalo en torno a los aportantes falsos a la campaña electoral de Cambiemos llegó directamente al Gobierno: ayer el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación admitió ante el fiscal electoral Jorge Di Lello que un grupo de esos aportantes son o fueron beneficiarios de planes sociales.
Di Lello pidió un informe en medio de la investigación que lleva para saber si en las últimas elecciones Cambiemos declaró aportantes "truchos". Por eso le había encargado a Desarrollo Social averiguar si 205 de los presuntos autores de donaciones dudosas percibían planes sociales, o lo hicieron alguna vez.
La respuesta oficial fue que 153 de ellos sí lo hicieron, y que 125 (un 81,7% del total) aún cobran el beneficio social. El resto ya fue dado de baja o tiene sus planes suspendidos. Todos son, o fueron, beneficiarios de los programas Argentina Trabaja, Ellas Hacen o Hacemos Futuro, entre 2009 y 2013. Además la mayoría recibe la Asignación Universal por Hijo (AUH) y un informe socio económico determinó que la mayoría vive en "zonas humildes".
El fiscal comenzó la investigación hace más de un mes, a partir de una nota que el periodista Juan Ignacio Amorín publicó en el sitio El Destape. Según la publicación, Cambiemos utilizó a beneficiarios de planes para "blanquear" dinero en la campaña de legisladores nacionales bonaerenses de 2017 .
Di Lello también pidió a la Gendarmería un estudio de campo para constatar las condiciones de vida de un grupo al azar de estos aportantes. Le informaron que, en general, son gente de bajos recursos, lo que agrega dudas a la capacidad que podrían haber tenido para aportar a una campaña.
Hay tres causas abiertas sobre este tema, sobre un supuesto fraude y también si hubo lavado de dinero. Uno de esos tres expedientes fue iniciado por Di Lello, fiscal con competencia electoral, quien busca saber si los aportantes hicieron una "rendición falsa" o si con esta maniobra se buscó ocultar el verdadero origen de los fondos.
"El delito electoral es si aportaron empresas, algo prohibido por ley. No pueden aportar en campaña, pero sí pueden aportar al partido", dijeron fuentes de la Justicia citadas por el diario "Clarín".
La fiscalía además, recibió otra información clave de la Cámara Electoral: de 100 aportantes del listado, 99 están afiliados al PRO. Ahora buscan determinar si se usó alguna base de datos del Estado para afiliar "compulsivamente" y sin su consentimiento a estas personas, y si hubo una "violación de datos".
Stolbizer aportó datos
En los Tribunales Federales de Comodoro Py, el juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Stornelli también investigan los aportes "truchos" de Cambiemos, por presunto lavado de dinero.
Ayer Margarita Stolbizer presentó una nueva denuncia que incorporó 150 nuevos casos de financiamiento "fraguado a través de falsos aportantes", y pidió que la investigación no sólo se ate a la última campaña, sino que se amplíe a las presidenciales de 2015.
El juez Casanello aceptó el pedido de la ex diputada nacional de que se la considere "amicus curiae", para colaborar en la investigación al considerar que se trata de "asuntos que resultan de relevancia institucional y de interés público".
La titular del partido GEN presentó ante la Justicia nuevos casos de ciudadanos que figuran como aportantes para las elecciones de 2015 y 2017, pero aseguran desconocer haber hecho una donación a una agrupación política.
LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casaMás Noticias
