La iniciativa busca delegar once facultades al Poder Ejecutivo, reasignar partidas, suspender la movilidad jubilatoria por 180 días, modificar el esquema de exportación y estipular una serie de reformas impositivas. Se espera que la votación sea a la madrugada.
La Cámara de Diputados de la Nación se encaminaba a votar en las próximas horas el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020. La iniciativa, impulsada por gobierno nacional, busca hacer frente a la crisis económica y social que atraviesa el país. Además, busca sentar las bases para el desarrollo productivo.
El proyecto de "Ley Ómnibus" establece once delegaciones de facultades al Poder Ejecutivo, reasigna partidas para incentivar el consumo y el gasto social, suspende la movilidad jubilatoria por 180 días, modifica el esquema de derechos de exportación y estipula una serie de reformas en materia impositiva, como el impuesto del 30% al dólar turista y ahorro.
En la primera sesión extraordinaria conducida por el bonaerense Sergio Massa, el Frente de Todos se encaminaba a lograr su objetivo de sancionar esta ley clave para el gobierno ya que logró cosechar el respaldo de los interbloques Federal, integrado por Consenso Federal y diputados cordobeses, y de Unidad Federal para el Desarrollo que conduce el mendocino José Luis Ramón.
Con el claro rechazo de Juntos por el Cambio, la bancada oficialista, que preside Máximo Kirchner, contó con la colaboración de los dos interbloques para formar el quórum de 129 diputados para abrir la sesión, y además tenía garantizado el apoyo de esos legisladores para la sanción en general y en particular.
El presidente Alberto Fernández aseguró este jueves que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para aprobar la "Ley de Emergencia Económica" en su actual versión, pero señaló que le sugirió al bloque oficialista mejorarla para construir confianza entre todos y "que nadie dude de los propósitos sinceros del Gobierno".
Los aspectos salientes del proyecto son:
-Declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y se delegan facultades del Congreso al Poder Ejecutivo para hacer cambios en todas esas áreas.
-Facultar al Ejecutivo a llevar adelante las gestiones necesarias para "recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina".
El Gobierno deberá informar los resultados a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.
-Establecer un impuesto a la compra de dólares del 30 por ciento para la compra de dólares para atesoramiento (con el límite de 200 dólares mensuales ya fijado) y también para los gastos con tarjetas de crédito en el exterior, por el período de cinco años.
Se precisó que el impuesto, denominado "para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), no alcance a aquellas compras de dólares o gastos en divisa extranjera que hayan sido efectuados antes de la entrada en vigencia de la ley.
-Lo recaudado por este impuesto se destinará en un 67% al financiamiento de los programas de la ANSES.
Un 3% se destinará a la creación de un Fondo solidario de competitividad agroindustrial para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas a través de créditos para la producción.
Y el restante 30% se destinará a solventar obras de infraestructura económica y vivienda social, financiar el fideicomiso RENABAP y fomentar el desarrollo del turismo local.
-Suspender por seis meses la Ley de Movilidad sancionada en 2017 bajo la gestión de Mauricio Macri, que ataba los aumentos para jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo a una fórmula compuesta por el Índice de Precios al Consumidor (inflación) y la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE, variación salarial).
Los aumentos serán otorgados por decreto el Poder Ejecutivo.
-Facultar al Gobierno a fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar el 33% del valor imponible: en el caso de la soja aumenta de 30% a 33% y para trigo y maíz de 12% a 15%.
Para productos agroindustriales de economías regionales se establece una alícuota tope del 5%, al igual que para bienes industriales y servicios.
En cuanto a bienes exportables hidrocarburíferos o provenientes de la minería, se reduce el tope del 12 al 8%.
-Se autoriza al Poder Ejecutivo a intervenir el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Regulador del Gas (ENARGAS).
También habilita al Gobierno a congelar las tarifas de electricidad y gas por el plazo de 180 días, "propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias, para el año 2020".
A su vez, se faculta al Gobierno a iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente.
-Aumentar en forma progresiva el impuesto a bienes personales, con la excepción de los bienes que no superen los 3 millones de pesos.
-Faculta a la AFIP a establecer un régimen de reintegros para personas humanas que revistan la condición de consumidores finales.
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