Derechos de exportación: una receta con fracaso asegurado

La importante caída de los precios internacionales en comparación con los de años pasados, el incremento de costos en el orden interno como consecuencia del proceso inflacionario que vive nuestro país, la problemática cambiaria y el elevado nivel en el denominado “costo de la tierra” hacen que los márgenes de rentabilidad posible para los productores agropecuarios se limiten de manera considerable, poniendo en riesgo muchas explotaciones que se encuentran ante la disyuntiva de decidir la continuidad de su actividad con vistas al ciclo 2020/21.
En este contexto, el nuevo gobierno nacional ha dispuesto un aumento en la carga tributaria global, y del sector en particular con la modificación del esquema de derechos de exportación y el desdoblamiento del tipo de cambio. De esta forma, se vuelve a plantear la elevada y desigual carga impositiva que soporta el campo, y en ello la existencia de las mal denominadas “retenciones” requiere de un análisis para entender si realmente es posible salir de dicho esquema.

No son retenciones, sino derechos de exportación
Las retenciones (en realidad derechos de exportación) son un elemento distorsivo de los mercados. Veamos por qué.
• Entre otras razones porque no discriminan respecto de la capacidad contributiva de quienes las aportan. Las pagan todos por igual. Ganen o pierdan en el resultado de su explotación.
• Adicionalmente en el caso de nuestro país, por las características que tiene el mercado de granos y la mayoritaria participación de la exportación en el mismo, los derechos de exportación se convierten en un impuesto a la producción, ya que al ser este sector de la demanda (la exportación) el que predomina en la definición del precio, este tributo lo pagan tanto quienes venden su mercadería a los exportadores como quienes se la venden a la industria interna. De esta manera se convierte en un subsidio, que en teoría debería llegar al consumidor, pero que en la práctica se queda en el eslabón de transformación.
• El mercado es uno solo.
• Los mercados son volátiles y dinámicos, por lo tanto requieren que cualquier elemento “distorsivo” que se les incorpore sea sumamente flexible para adaptarse rápidamente a cualquier movimiento. 
• En su momento el “campo” acepto los derechos de exportación (crisis de 2001/02) y repitió la misma equivocada decisión con Mauricio Macri en septiembre de 2018, siempre justificada por "la difícil situación que atravesaba el país", como si el campo fuera el responsable de tal situación. 
• En general, también suele considerarse a los derechos de exportación como una herramienta de la política cambiaria. Se la establece con un tipo de cambio alto, que luego se va diluyendo entre otras cosas por la inflación, y los derechos de exportación se mantienen, confirmándose que no son más que pura y exclusivamente en una herramienta de la política de recaudación fiscal para cualquiera de los gobiernos nacionales de cualquier color político.
Téngase en cuenta además que los derechos de exportación no son coparticipables, por lo tanto no solo son recursos que se le extraen directamente a los productores, sino que además se transforman una quita de recursos a las economías provinciales.

Los derechos de exportación "segmentados"
Frente a lo que parece ser un hecho consumado respecto a que habrá que convivir con derechos de exportación por un tiempo más, aparece la alternativa de la segmentación según la capacidad económica de los productores.
Llegado este punto, debe señalarse en que en la teoría todo es posible, la práctica y el conocimiento fáctico luego se encargan de demostrar lo contrario.
Veamos por qué no son buenas las retenciones segmentadas. Las preguntas son:
• ¿Quién administraría el sistema?
• ¿Habrá varios precios en el mercado, según se vendan 500 toneladas, 1.050, 1.200, etc?
• ¿Cómo se liquidarían los derechos de exportación?
• ¿Alguien se puso a pensar que cada camión de mercadería que se entregue tendrá un tratamiento diferencial en el precio?
• Si la alternativa es pagar todos iguales y que luego el “Estado” lo reintegre, que en teoría es lo que estuvo vigente para trigo en los últimos años de Cristina Fernández, ¿cuántos productores cobraron los reintegros?
• ¿Cómo funcionarían los mercados de futuros? ¿En base al precio con el derecho de exportación básico y a partir de allí cada productor hará sus cuentas para saber si le conviene o no hacer una nueva operación según el volumen que ya lleva operado?
• Para aquellos productores que realicen operaciones de cobertura, ¿cómo se contabilizaría ese volumen?
• ¿Cuántas empresas se deberían hacer para no superar el tonelaje límite, si se fijara algún limite aplicable a todo el universo de productores?
• ¿Los tonelajes para definir la segmentación por productores serán acumulativos? Por ejemplo, un productor de hasta 500 toneladas de trigo puede acceder a la devolución y uno de 501 toneladas queda afuera. Pero si ese productor tiene la posibilidad de producir 400 de trigo, 1.200 de maíz y 5.000 de soja, accede a la devolución de trigo, y es, en tamaño mucho mayor que aquel que solo pudo producir las 501 de trigo y se quedó afuera del beneficio.
Por supuesto que se trata de números tomados al azar, simplemente para el ejemplo y suponiendo que el límite fueran productores de hasta 500 toneladas de algún grano en particular o todos en general.
A todas luces la segmentación de retenciones es una utopía, que solo sirve para dividir aún más a los productores, pivoteando sobre el desconocimiento práctico de algunos dirigentes.
Las mal llamadas retenciones, técnicamente derechos de exportación, son  realmente un impuesto a la producción que no debieran existir. No existen en casi ningún país del mundo y en ninguno de aquellos que compiten con la Argentina, que por el contrario subsidian sus producciones. Aclarando esto para que no queden dudas, vamos a la realidad.

Los anuncios del nuevo gobierno
A partir de un decreto publicado el sábado 14 de diciembre, el Gobierno decidió incrementar la presión tributaria sobre la exportación de un conjunto importante de productos agroindustriales, particularmente de aquellos producidos en la región pampeana.
Como muy bien lo analiza la Fundación Mediterránea, el nuevo esquema puesto en vigencia divide a los productos en cuatro grupos: a) la soja y sus derivados industriales, que quedarían alcanzados por una alícuota del 30%; b) los restantes granos (cereales, oleaginosas), tributarían un 12%; c) un conjunto especificado de productos agroindustriales (carnes, leches en polvo, harina de trigo, maní procesado, etc.) quedan gravados con el 9%; d) finalmente, para todos los restantes productos de exportación (varios de las economías regionales y todas las manufacturas de base industrial), seguiría rigiendo el tope de $3 por dólar, una tasa efectiva del 5% a tipo de cambio actual.
Respecto de las alícuotas efectivas vigentes el viernes último, la suba de derechos es de unos 5 puntos porcentuales en todos los productos de la agricultura pampeana extensiva. Por caso, la soja pasa del 24,7% al 30% y los cereales del 6,7% al 12%. En algunos alimentos, como las carnes, leches en polvo y harina de trigo, la suba es de 4 puntos porcentuales, del 5% al 9%.
Si la comparación es contra las tasas que estaban vigentes en setiembre/octubre de 2018, la diferencia se reduce. Las nuevas alícuotas se ubican entre 1 y 1,5 puntos porcentuales por encima de las de aquel momento. Suponiendo el mismo flujo y valor de exportaciones de 2019, para una muestra importante de productos agropecuarios y agroindustriales el nuevo set de alícuotas incrementa la recaudación esperada de derechos de exportación desde US$5,7 mil millones a US$6,9 mil millones, es decir en US$1,2 mil millones.
El 50% de esta suba tiene que ver con la mayor presión sobre el complejo sojero (de tributar una tasa media aproximada de 26,5% pasa al 30%). Dos ajustes puede tener el monto antes estimado (de unos US$200 millones), por un lado los granos que ya fueron vendidos por adelantado (y por ende quedarán fuera de la suba); y por otro el menor aporte de actividades no contempladas en el cálculo anterior, que aportarían menos que en 2019 de mantenerse tal como está la estructura de alícuotas. 
Para la Fundación Mediterránea, es de esperar que la profundización de la política de desaliento a la exportación de productos agropecuarios y alimentos impacte en forma negativa sobre decisiones de consumo e inversión en los sectores afectados. Es de esperar que el sistema y sus actores se replieguen frente a un escenario de mayores costos, menores márgenes y muy pocas certezas respecto al tratamiento futuro.
No es para nada aconsejable llevar la agricultura a un modo defensivo, de baja inversión y con solo apuestas de corto plazo; implica no solo desaprovechar una enorme oportunidad de generar divisas, empleos y riquezas, sino que conlleva también el riesgo de afectar la sustentabilidad (económica y ambiental) del propio sistema productivo.
Sin embargo el presidente Alberto Fernández ha pedido al Congreso autorización para elevar las alícuotas correspondientes en 3 puntos más y restablecer los diferenciales arancelarios en función del agregado de valor. Y por otro lado tener la potestad para beneficiar a las producciones regionales con un menor castigo.