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La migración y la economía de los pueblos

La crisis migratoria mundial más reciente está ocurriendo en América Latina, donde el colapso económico y la crisis humanitaria sin precedentes de Venezuela están provocando una ola de emigración hacia los países vecinos.

Según Respuesta a los Venezolanos, una iniciativa conjunta de la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el número de migrantes de Venezuela alcanzó 4,6 millones de personas en noviembre de 2019, de los cuales unos 3,8 millones se han asentado en América Latina y el Caribe.

Sin perspectivas claras de una salida a la crisis y en un entorno de crecientes tensiones sociales en toda la región, ¿cómo pueden los gobiernos latinoamericanos formular una respuesta coordinada que satisfaga las necesidades de los refugiados y proteja al mismo tiempo a sus ciudadanos y economías? Lograr este equilibrio será fundamental, para que asimismo sea beneficioso.

Según estudios recientes, la migración de Venezuela podría aumentar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de los países que reciben a los migrantes entre 0,1 y 0,3 puntos porcentuales durante el período 2017-2030.

La adopción de políticas, por ejemplo de apoyo a la educación y a la integración en la fuerza de trabajo, podría ayudar a los migrantes a encontrar empleos mejor remunerados y, en última instancia, a mejorar las perspectivas de crecimiento de los países que los reciben.

Desde que se inició la crisis, las condiciones de vida de los 31 millones de habitantes de Venezuela se deterioraron gravemente. La extrema pobreza aumentó desde 10 por ciento de la población en 2014 a 85 por ciento en 2018. Y la grave escasez de alimentos y medicinas aún afecta a la población.

A esta situación se le suma la fuerte caída de la actividad económica, que se contrajo un 65 por ciento entre 2013 y 2019 como consecuencia de la aguda caída de la producción petrolera, el deterioro de las condiciones en otros sectores y los cortes generalizados de electricidad.

Entre tanto, la hiperinflación sigue desenfrenada, con alzas de precios de cerca de 100 por ciento por mes, tasa cercana a la alcanzada en otros episodios hiperinflacionarios pasados.

Frente a estas condiciones económicas y de vida tan difíciles, los migrantes están huyendo de Venezuela y se están asentando en los países vecinos.

Colombia es el país que ha recibido la mayor proporción, seguido por Perú, Ecuador, Chile y Brasil. Los flujos migratorios hacia algunos países del Caribe y Centroamérica han sido incluso mayores en relación con la población local, aunque menores en cifras absolutas.

Con base en las tendencias actuales, y sujetas a un amplio rango de incertidumbre, las proyecciones indican que el número total de migrantes podría alcanzar 10 millones en 2023. De materializarse estas proyecciones, la masiva migración venezolana superaría a las crisis de refugiados anteriores, como la de Siria en la década de 2010 o la de Afganistán en la década de 1980.

¿Qué implica para la región un éxodo de esa magnitud? Se espera que los grandes flujos migratorios desde Venezuela ejerzan una presión inmediata sobre el gasto fiscal y el mercado laboral de las economías receptoras, pero que con el tiempo también contribuyan a un mayor crecimiento económico.

En cuanto a las presiones presupuestarias, las naciones receptoras están proporcionando un valioso apoyo a los migrantes en los ámbitos de ayuda humanitaria, atención básica de la salud, educación, convalidación de títulos educativos y búsqueda de empleo.

Tomando como parámetros de referencia los datos detallados de Colombia para cada una de estas categorías, las estimaciones apuntan a que el gasto público relacionado al crecimiento de la población migrante podría alcanzar alrededor del 0,6 por ciento del PIB en Colombia en 2023; 0,3 por ciento en Ecuador y Perú; y 0,1 por ciento en Chile.

El aumento del déficit fiscal será menor al aumento del gasto, porque los ingresos tributarios también aumentarán a medida que crezca la economía. Con el tiempo, se prevé un mayor crecimiento del PIB real a medida que aumenten el tamaño y las calificaciones de la fuerza laboral, ya que muchos migrantes venezolanos poseen calificaciones y niveles de educación relativamente altos.

También es posible que factores como el idioma y la cultura faciliten la integración de los venezolanos en las economías regionales de América Latina, comparado con otros episodios migratorios recientes. Por último, la expansión de la fuerza laboral también llevaría a una mayor inversión.

Latinoamérica tiene una enorme oportunidad de ayudar genuinamente a los migrantes de Venezuela, y de que esa ayuda regrese en indicadores económicos positivos. Las respuestas están allí.

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La migración y la economía de los pueblos

La crisis migratoria mundial más reciente está ocurriendo en América Latina, donde el colapso económico y la crisis humanitaria sin precedentes de Venezuela están provocando una ola de emigración hacia los países vecinos.

Según Respuesta a los Venezolanos, una iniciativa conjunta de la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el número de migrantes de Venezuela alcanzó 4,6 millones de personas en noviembre de 2019, de los cuales unos 3,8 millones se han asentado en América Latina y el Caribe.

Sin perspectivas claras de una salida a la crisis y en un entorno de crecientes tensiones sociales en toda la región, ¿cómo pueden los gobiernos latinoamericanos formular una respuesta coordinada que satisfaga las necesidades de los refugiados y proteja al mismo tiempo a sus ciudadanos y economías? Lograr este equilibrio será fundamental, para que asimismo sea beneficioso.

Según estudios recientes, la migración de Venezuela podría aumentar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de los países que reciben a los migrantes entre 0,1 y 0,3 puntos porcentuales durante el período 2017-2030.

La adopción de políticas, por ejemplo de apoyo a la educación y a la integración en la fuerza de trabajo, podría ayudar a los migrantes a encontrar empleos mejor remunerados y, en última instancia, a mejorar las perspectivas de crecimiento de los países que los reciben.

Desde que se inició la crisis, las condiciones de vida de los 31 millones de habitantes de Venezuela se deterioraron gravemente. La extrema pobreza aumentó desde 10 por ciento de la población en 2014 a 85 por ciento en 2018. Y la grave escasez de alimentos y medicinas aún afecta a la población.

A esta situación se le suma la fuerte caída de la actividad económica, que se contrajo un 65 por ciento entre 2013 y 2019 como consecuencia de la aguda caída de la producción petrolera, el deterioro de las condiciones en otros sectores y los cortes generalizados de electricidad.

Entre tanto, la hiperinflación sigue desenfrenada, con alzas de precios de cerca de 100 por ciento por mes, tasa cercana a la alcanzada en otros episodios hiperinflacionarios pasados.

Frente a estas condiciones económicas y de vida tan difíciles, los migrantes están huyendo de Venezuela y se están asentando en los países vecinos.

Colombia es el país que ha recibido la mayor proporción, seguido por Perú, Ecuador, Chile y Brasil. Los flujos migratorios hacia algunos países del Caribe y Centroamérica han sido incluso mayores en relación con la población local, aunque menores en cifras absolutas.

Con base en las tendencias actuales, y sujetas a un amplio rango de incertidumbre, las proyecciones indican que el número total de migrantes podría alcanzar 10 millones en 2023. De materializarse estas proyecciones, la masiva migración venezolana superaría a las crisis de refugiados anteriores, como la de Siria en la década de 2010 o la de Afganistán en la década de 1980.

¿Qué implica para la región un éxodo de esa magnitud? Se espera que los grandes flujos migratorios desde Venezuela ejerzan una presión inmediata sobre el gasto fiscal y el mercado laboral de las economías receptoras, pero que con el tiempo también contribuyan a un mayor crecimiento económico.

En cuanto a las presiones presupuestarias, las naciones receptoras están proporcionando un valioso apoyo a los migrantes en los ámbitos de ayuda humanitaria, atención básica de la salud, educación, convalidación de títulos educativos y búsqueda de empleo.

Tomando como parámetros de referencia los datos detallados de Colombia para cada una de estas categorías, las estimaciones apuntan a que el gasto público relacionado al crecimiento de la población migrante podría alcanzar alrededor del 0,6 por ciento del PIB en Colombia en 2023; 0,3 por ciento en Ecuador y Perú; y 0,1 por ciento en Chile.

El aumento del déficit fiscal será menor al aumento del gasto, porque los ingresos tributarios también aumentarán a medida que crezca la economía. Con el tiempo, se prevé un mayor crecimiento del PIB real a medida que aumenten el tamaño y las calificaciones de la fuerza laboral, ya que muchos migrantes venezolanos poseen calificaciones y niveles de educación relativamente altos.

También es posible que factores como el idioma y la cultura faciliten la integración de los venezolanos en las economías regionales de América Latina, comparado con otros episodios migratorios recientes. Por último, la expansión de la fuerza laboral también llevaría a una mayor inversión.

Latinoamérica tiene una enorme oportunidad de ayudar genuinamente a los migrantes de Venezuela, y de que esa ayuda regrese en indicadores económicos positivos. Las respuestas están allí.

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