Las balas y el perdón

Colombia es una sociedad desgarrada por más de medio siglo de enfrentamiento armado entre sucesivos gobiernos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, (FARC), más el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ambas guerrillas, de poderío diferente, pero de extracciones y objetivos bastantes similares.

Cincuenta años de guerra crean divisiones profundas, tres generaciones de colombianos desconfiando entre sí, matándose y muriendo. Cualquier objetivo “noble” del principio, termina enlodado por los millares de muerte. Apenas sobreviven algunas identidades.

Dos años es un tiempo demasiado breve para que las balas le den paso al perdón. Una paz firmada hace dos años y sostenida en una tolerancia enorme. Cuando las FARC dejaron las armas, cambiaron de nombre pero mantuvieron su sigla, y pasaron a llamarse Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC.

Ahora participan en la vida democrática de su país, dentro de las leyes de la república. El camino recién se inicia y es un proceso frágil, pero en el que millones de personas creen. No solo en Colombia. Millones de personas, genuinamente, alrededor del mundo, creen en la paz para Colombia.

A los colombianos se les pide creer en lo mismo, pero a veces la tristeza tiñe la realidad: un general del Ejército colombiano pidió perdón públicamente tras admitir que militares “mataron”, a un ex guerrillero de las FARC que se acogió al proceso de paz en Colombia.

El caso desató un fuerte rechazo de las fuerzas opositoras, incluida la FARC, el partido surgido del acuerdo de paz firmado en 2016 y que condujo al desarme de unos 7.000 combatientes.

La oposición exigió la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero, al que hacen responsable por creer y reproducir la versión de un cabo -sospechoso del homicidio-, que aseguró que Dimar Torres murió en un forcejeo cuando intentó arrebatarle el fusil. La Fiscalía cree que se trató de un homicidio.

“No mataron a cualquier civil; mataron a un miembro de la comunidad. Lo mataron miembros de las Fuerzas Armadas”, dijo el general Diego Muñoz, jefe de la Fuerza Vulcano, en un acto público celebrado en Catatumbo, región fronteriza con Venezuela donde se produjo el crimen.

“Lo lamento en el alma y en nombre de los 4.000 hombres que tengo el honor de comandar, les pido perdón. Esto no debió haber pasado y esto no obedece a una acción militar”, señaló el oficial, quien según la ONG Human Rights Watch está implicado en una investigación por el homicidio de un campesino en 2008.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, informó que la necropsia y pruebas técnicas revelaron que el ex  guerrillero fue baleado cuatro veces y anunció que pedirá la captura del cabo Daniel Gómez “por el delito de homicidio”.

Martínez no vinculó a otros militares en la investigación, pese a que pobladores aseguran que varios soldados intentaron enterrar el cuerpo del ex guerrillero cerca del lugar donde acampaban. Los lugareños, que discutieron con los militares según imágenes grabadas con sus celulares y difundidas en redes sociales, encontraron la fosa a medio cavar y más adelante el cadáver ensangrentado del ex rebelde de 34 años.

Por su parte, el ministro Botero descartó su renuncia y se defendió de los señalamientos de la oposición. “No tengo por qué renunciar, no estoy involucrado en ningún hecho. La versión que yo di era la verdad formal en ese momento y fue la versión que dio el cabo Gómez”, sostuvo en una declaración a los medios.

Tras recorrer la zona donde se produjo el crimen, la Comisión de Paz del Congreso concluyó que se trató de una “ejecución extrajudicial, intento de desaparición, y crimen contra el acuerdo y el proceso de paz”, escribió el senador Iván Cepeda, miembro de esa célula legislativa.

Un total de 128 ex combatientes de las FARC fueron asesinados desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 hasta principios de abril, según la estatal Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Las balas y el perdón.