Palabras sobre la realidad

Datos duros, como que tres millones de niños necesitan ayuda urgente en alimentos, salud o educación, o que un cuerpo policial de élite acumula cientos de ejecuciones extrajudiciales, muestran la compleja crisis humanitaria que padece Venezuela y que la alta comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pudo palpar en su visita al país.

Lo que ocurre en Venezuela es una realidad en forma de bofetada: “La situación humanitaria se ha deteriorado de forma extraordinaria”, señaló Bachelet en una declaración con la que cerró su visita de dos días a Caracas.

Poco antes, al reunirse con víctimas de abusos, sus familiares y organizaciones de derechos humanos, la que fuera dos veces presidenta de Chile dijo: “Me duele profundamente lo que pasa en Venezuela. Me parte el corazón lo que sufre la gente”.

El país caribeño “padece una emergencia humanitaria compleja, en la que se destacan elementos como el hambre; la situación de la salud, ejemplificada con hasta un millón de casos de malaria; la educación, con cientos de miles de niños y jóvenes que pierden el espacio de protección que es la escuela y las migraciones masivas”, dijo Feliciano Reyna, de la organización no gubernamental (ONG), Acción Solidaria.

En derechos civiles y políticos “un aspecto fundamental de su visita fue reconocer y expresar preocupación por las gravísimas ejecuciones extrajudiciales cometidas por organismos d seguridad del Estado e instar a la liberación de los centenares presos políticos”, observó Liliana Ortega, de la coalición humanitaria Foro por la Vida.

Para Bachelet, médica de formación, “la situación sanitaria sigue siendo extremadamente crítica” por “la escasez de medicinas y equipamientos, el éxodo de profesionales de la salud, el deterioro de la calidad del agua y el saneamiento, y los apagones eléctricos”.

“He hecho un llamado al gobierno para que le dé una prioridad a los temas de salud y de la situación humanitaria y otros derechos socioeconómicos que nos permiten evaluar la situación y apoyar de la mejor manera que Naciones Unidas pueda”, añadió sobre su reunión con el presidente Nicolás Maduro y varios de sus ministros.
El reclamo se extendió: en el período enero-mayo de 2019, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 9.715 protestas en todo el país, en demanda de servicios como agua, electricidad, salud, educación, trasporte y suministro de gas doméstico o gasolina, así como en defensa de derechos políticos y laborales o demandando cambio de gobierno.

En alimentación, una encuesta de tres prestigiosas universidades nacionales en 6.000 hogares sostuvo que, al despuntar 2019, cerca de 90 por ciento de la población no puede adquirir los alimentos que necesita para mantener la salud.

En una declaración de hace tres semanas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estimó que 3,2 millones de niños en Venezuela -uno de cada tres- necesitan ayuda urgente en alimentación, salud o educación, pues 750.000 quedaron sin escolarizar entre 2013 y 2017.

Las agencias de las Naciones Unidas para los refugiados y las migraciones indicaron que cuatro millones de venezolanos ya han abandonado el país “a un ritmo asombroso”, pues en los últimos siete meses el número de refugiados y migrantes aumentó en un millón.

Venezuela tiene 32,2 millones de habitantes según proyecciones oficiales, aunque se desconoce cómo contabiliza el fenómeno migratorio, impulsado por el hundimiento en las condiciones de vida de la población.

“Conocí a víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos y a sus familias. Escuché el testimonio de un hombre que me explicó cómo su hermano fue torturado, humillado y asesinado por oficiales encapuchados de las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional), así como muchas otras familias destrozadas porque sus seres queridos tuvieron el mismo destino”.

Ocurrió durante el encuentro con ONG y víctimas en un salón de la Universidad Metropolitana de Caracas. Bachelet oía, tomaba notas. Un hombre le narró con voz quebrada lo que agentes encapuchados de las FAES le hicieron a su casa y a su hermano, un zapatero de 29 años al que señalaron de divulgar audios de una protesta, en Carora, ciudad del centro-oeste del país.

Bachelet no pudo contener sus lágrimas. Se levantó del asiento y fue a abrazar al denunciante. Luego continuó la reunión. Los familiares y activistas de derechos humanos quedaron primero estupefactos y luego conmovidos por tener una aliada en la figura de la máxima responsable de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Testimonios de la realidad en Venezuela.