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Conflictos por los grandes temas

 

El aborto ha sido siempre un tema polémico a nivel mundial, y el debate lejos de apaciguarse ha vuelto a intensificarse, con el creciente poder de los grupos neoconservadores, tanto religiosos como políticos, lo que obliga a las mujeres y a las organizaciones que las apoyan a levantarse en defensa de sus derechos reproductivos.

En respuesta a políticas cada vez más restrictivas, la sociedad civil está tomando medidas para ayudar a proteger el derecho a decidir de las mujeres en la interrupción voluntaria del embarazo.

“El hecho de que los Estados no garanticen los derechos reproductivos es una clara violación de los derechos humanos”, dijo la presidenta y directora ejecutiva del Centro para los Derechos Reproductivos (CRR, en inglés), Nancy Northup.

“El Centro está comprometido a utilizar el poder de la ley para garantizar que las mujeres y las niñas… tengan acceso garantizado a los derechos y servicios de salud sexual y reproductiva”, agregó quien lidere una organización basada en Estados Unidos y con una red de 280 organizaciones que actúan en 75 países.

La investigadora principal de Human Rights Watch, Margaret Wurth, se hizo eco de sentimientos similares, al afirmar que “ninguna sobreviviente de violación debe ser obligada a la maternidad sin la posibilidad de considerar un aborto seguro y legal”.

Los países latinoamericanos tienen algunas de las leyes sobre el aborto más restrictivas del mundo. Por ejemplo, El Salvador y Nicaragua penalizan en forma absoluta la interrupción del embarazo, mientras que Guatemala tiene una excepción solo cuando la vida de una niña o una mujer está en peligro. Aunque el riesgo de mortalidad materna aumenta cuando se producen embarazos en niñas menores de 14 años, todavía muchas se ven obligadas a dar a luz.

Según CRR, más de 2.200 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz en 2018 en Guatemala. En Nicaragua, ocho de cada 10 sobrevivientes de violencia sexual son niñas menores de 13 años y el país tiene la tasa más alta de embarazos adolescentes en América Latina, con 28 por ciento de las mujeres que dan a luz con menos de 18 años.

“Forzar a las niñas a continuar un embarazo sin importar sus circunstancias o deseos, no solo es cruel, sino que tendrá un impacto devastador para ellas, sus familias y sus comunidades”, agregó la responsable de la filial internacional de Planned Parenthood Federation of America (federación de planificación familiar de Estados Unidos).

Desde entonces, gente de todo el mundo han mostrado solidaridad con las cuatro mujeres que publican #NiñasNoMadres: son niñas, no madres.

El acceso al aborto también se convirtió en un punto neurálgico en el retroceso a los derechos de las mujeres en Estados Unidos, donde en lo que va de 2019 ya se han promulgado un total de 27 normas legales que prohíben o restringen el aborto en 12 estados.

El caso más reciente fue el del estado de Luisiana, donde el día 29 de mayo se aprobó una ley que prohíbe la realización de un aborto una vez que se detecta un latido del corazón del feto, conocida como un “la ley del latido”.

Un latido fetal puede ocurrir entre las seis y las ocho semanas de gestación, a menudo antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. La ley no incluye excepciones por violación o incesto.

Un reciente estudio encontró que las mujeres y las niñas sometidas a la interrupción del embarazo sin garantías de seguridad y legalidad también son más propensas a experimentar ansiedad a corto plazo y pérdida de autoestima, inseguridad económica y la pobreza, junto con la exposición a la violencia de pareja.

En 2001, a una niña peruana de 17 años conocida solo como K.L. se le negó un aborto después de que se le diagnosticara un feto con anencefalia a las 14 semanas.La negativa tuvo graves consecuencias mentales y físicas en su salud, ya que se vio obligada a continuar con su embarazo y su bebé, una vez que nació, solo sobrevivió cuatro días.

K.L. presentó una queja ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que concluyó que Perú violaba el derecho internacional de los derechos humanos y que sus acciones constituían “tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Fue la primera vez que un comité de la ONU responsabilizó a un país por no garantizar el acceso a un aborto seguro y legal. Son conflictos en torno a grandes temas; sensibles, muchas veces del ámbito estrictamente privado. Muchas veces comprometen los derechos humanos. Por ello son noticia.

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Conflictos por los grandes temas

 

El aborto ha sido siempre un tema polémico a nivel mundial, y el debate lejos de apaciguarse ha vuelto a intensificarse, con el creciente poder de los grupos neoconservadores, tanto religiosos como políticos, lo que obliga a las mujeres y a las organizaciones que las apoyan a levantarse en defensa de sus derechos reproductivos.

En respuesta a políticas cada vez más restrictivas, la sociedad civil está tomando medidas para ayudar a proteger el derecho a decidir de las mujeres en la interrupción voluntaria del embarazo.

“El hecho de que los Estados no garanticen los derechos reproductivos es una clara violación de los derechos humanos”, dijo la presidenta y directora ejecutiva del Centro para los Derechos Reproductivos (CRR, en inglés), Nancy Northup.

“El Centro está comprometido a utilizar el poder de la ley para garantizar que las mujeres y las niñas… tengan acceso garantizado a los derechos y servicios de salud sexual y reproductiva”, agregó quien lidere una organización basada en Estados Unidos y con una red de 280 organizaciones que actúan en 75 países.

La investigadora principal de Human Rights Watch, Margaret Wurth, se hizo eco de sentimientos similares, al afirmar que “ninguna sobreviviente de violación debe ser obligada a la maternidad sin la posibilidad de considerar un aborto seguro y legal”.

Los países latinoamericanos tienen algunas de las leyes sobre el aborto más restrictivas del mundo. Por ejemplo, El Salvador y Nicaragua penalizan en forma absoluta la interrupción del embarazo, mientras que Guatemala tiene una excepción solo cuando la vida de una niña o una mujer está en peligro. Aunque el riesgo de mortalidad materna aumenta cuando se producen embarazos en niñas menores de 14 años, todavía muchas se ven obligadas a dar a luz.

Según CRR, más de 2.200 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz en 2018 en Guatemala. En Nicaragua, ocho de cada 10 sobrevivientes de violencia sexual son niñas menores de 13 años y el país tiene la tasa más alta de embarazos adolescentes en América Latina, con 28 por ciento de las mujeres que dan a luz con menos de 18 años.

“Forzar a las niñas a continuar un embarazo sin importar sus circunstancias o deseos, no solo es cruel, sino que tendrá un impacto devastador para ellas, sus familias y sus comunidades”, agregó la responsable de la filial internacional de Planned Parenthood Federation of America (federación de planificación familiar de Estados Unidos).

Desde entonces, gente de todo el mundo han mostrado solidaridad con las cuatro mujeres que publican #NiñasNoMadres: son niñas, no madres.

El acceso al aborto también se convirtió en un punto neurálgico en el retroceso a los derechos de las mujeres en Estados Unidos, donde en lo que va de 2019 ya se han promulgado un total de 27 normas legales que prohíben o restringen el aborto en 12 estados.

El caso más reciente fue el del estado de Luisiana, donde el día 29 de mayo se aprobó una ley que prohíbe la realización de un aborto una vez que se detecta un latido del corazón del feto, conocida como un “la ley del latido”.

Un latido fetal puede ocurrir entre las seis y las ocho semanas de gestación, a menudo antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. La ley no incluye excepciones por violación o incesto.

Un reciente estudio encontró que las mujeres y las niñas sometidas a la interrupción del embarazo sin garantías de seguridad y legalidad también son más propensas a experimentar ansiedad a corto plazo y pérdida de autoestima, inseguridad económica y la pobreza, junto con la exposición a la violencia de pareja.

En 2001, a una niña peruana de 17 años conocida solo como K.L. se le negó un aborto después de que se le diagnosticara un feto con anencefalia a las 14 semanas.La negativa tuvo graves consecuencias mentales y físicas en su salud, ya que se vio obligada a continuar con su embarazo y su bebé, una vez que nació, solo sobrevivió cuatro días.

K.L. presentó una queja ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que concluyó que Perú violaba el derecho internacional de los derechos humanos y que sus acciones constituían “tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Fue la primera vez que un comité de la ONU responsabilizó a un país por no garantizar el acceso a un aborto seguro y legal. Son conflictos en torno a grandes temas; sensibles, muchas veces del ámbito estrictamente privado. Muchas veces comprometen los derechos humanos. Por ello son noticia.

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