El sueño de los independentistas catalanes que hace dos años atrás puso en vilo la unión de España, con el tiempo mutó en pesadilla para sus líderes, y en desencanto para los adherentes; quizás porque aún la sociedad no estaba madura para ese paso, o quizás porque nunca lo estará.
La capacidad de convocatoria del separatismo catalán se desinfló en la gran manifestación de esta semana con motivo del día de Cataluña, a pocas semanas de la sentencia judicial contra 12 de sus líderes implicados en el intento de secesión de 2017.
La marcha es la octava organizada consecutivamente desde 2012 en ocasión de la Diada del 11 de setiembre, fiesta regional de Cataluña que recuerda la caída de Barcelona en 1714 ante las tropas del rey borbón Felipe V, durante la guerra de Sucesión española.
La participación, cifrada en “alrededor de 600.000 personas” por la policía local barcelonesa, es la más baja desde que la Diada tomara un cariz secesionista hace siete años. Tanto en 2018 como en 2017 participaron alrededor de un millón de personas, según fuentes policiales.
“Volvemos a ser centenares de miles de personas que llenan las calles de Barcelona”, celebró pese a todo Elisenda Paluzie, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), organizadora del acto.
La dirigente reconoció que “ésta es la Diada más difícil de las que hemos organizado”, y presionó a los actuales líderes de la región, afirmando que “no solo no hemos avanzado sino que se dan pasos atrás” en el empeño por la independencia.
El último sondeo público del gobierno regional, en julio, mostró que un 48,3% de los encuestados no quería la independencia, frente a un 44% que sí la quiere.
Por ello, desde el Congreso español, el jefe de gobierno en funciones Pedro Sánchez deseó que “llegue un día en que la Diada sea la fiesta de todos los catalanes y no de una parte”, los separatistas.
La manifestación es un termómetro del poder movilizador del independentismo para cuando en octubre se publique la sentencia contra los doce dirigentes juzgados este año en el Tribunal Supremo por el intento de secesión de 2017.
Algunos llevan casi dos años en prisión preventiva por presunta rebelión y se arriesgan a duras penas de cárcel. En el caso del principal acusado, el ex vicepresidente regional Oriol Junqueras, la fiscalía pide 25 años.
Los retratos de los presos eran omnipresentes en la manifestación, y uno de los lemas más presentes fue el de “lo volveremos a hacer”, refiriéndose al intento secesionista.
“Cualquier derecho que se nos niegue lo volveremos a ejercer, incluido el derecho a la autodeterminación”, afirmó el presidente regional catalán, el separatista Quim Torra.
El ánimo es muy distinto al de octubre de 2017, cuando impulsaron un referéndum de autodeterminación ilegal, marcado por la violencia policial, y proclamaron una efímera república en esta región de 7,5 millones de habitantes.
Sus líderes están encarcelados o en el extranjero, como el ex presidente Carles Puigdemont que, desde Bélgica, tuiteó: “Hoy volveremos a enseñar al mundo que persistimos a pesar de la represión”.
Y las discrepancias se multiplican entre las dos formaciones separatistas que comparten el gobierno regional sobre cómo impulsar nuevamente la secesión.
Juntos por Cataluña, de Puigdemont y su sucesor Quim Torra, llama a la “confrontación” con Madrid si el Supremo emite una sentencia condenatoria. En cambio, el partido de Junqueras, Izquierda Republicana (ERC), apuesta por el diálogo con el gobierno socialista español.
Mientras tanto, las bases más radicales del separatismo se impacientan con la “inacción” de los actuales líderes catalanes, y convocaron una protesta ante el Parlamento regional, llamando incluso a ocuparlo.
El vicepresidente regional Pere Aragonés, de ERC, dijo que “cuanto más dura sea la condena más necesidad de volver a encauzar políticamente este asunto”.
Los sueños y las pesadillas de los catalanes separatistas están a la vista de todos. Y nada está decidido aún.
