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Malos gobiernos desprestigiaron al Estado

Carlos Etchepare

(3ª parte)

En las dos ediciones anteriores desarrollamos algunas ideas vinculadas a la producción y comercialización agroindustrial y la forma de participación del Estado, tema que ha sido muy discutido en nuestro país. Claro, siempre de manera muy superficial y solo en función del interés personal de quien lo plantea. El proceso eleccionario que vive la Argentina hace imprescindible que para efectuar un debate serio sobre esta cuestión se tengan presentes los antecedentes más importantes que se registran en la Argentina. Y sobre la descripción de esos antecedentes históricos basamos nuestras conclusiones.

Los lectores recordarán que nuestro relato de la semana previa culminaba con el repaso de los antecedentes de la Resolución 125.

El sector y su representación

Sin embargo, lo más trascendente de la etapa de "la 125" fue la reacción de los productores, que por primera y única vez en la historia se unieron para impedir lo que consideraron un claro atropello sobre sus derechos. Pero además tuvieron un masivo apoyo, como nunca, de gran parte de la sociedad argentina. 

No es el objetivo de este informe explayarse sobre lo ocurrido durante y post 125 en lo que tiene que ver con la representación sectorial. Tal vez debemos decir que el campo debió enfrentar un desafío de conducción inesperado, que excedió su capacidad. El tiempo, el espacio y el contexto tal vez expliquen y justifiquen esa realidad. Pero no puede dejar de mencionarse que en pleno conflicto el gobierno de Cristina Fernández profundizó su intervención al dictar la Resolución 543, que estableció el control total de las exportaciones mediante la creación de los ROES. Sin dudas que la falta de adecuado conocimiento de la gravitación que iba a tener este mecanismo impidió que en el momento oportuno se hicieran los planteos debidos para evitar su implementación.

Se concretó así la mayor intervención destructiva del Estado nacional, ya que se facilitó la cartelización del mercado en beneficio de los sectores concentrados de la demanda.

Lo que vino después es historia conocida y no parece que hubiese discusión posible sobre los nefastos resultados de esa intervención oficial manejada por funcionarios sin los conocimientos suficientes y en muchos casos con serias sospechas de corrupción en la utilización de los mecanismos creados.

No obstante todo lo señalado, por las características propias de los productores agropecuarios se lograron varias cosechas récord durante el kirchnerismo, demostrando una vez más que en el caso argentino no necesariamente responden a políticas oficiales, sino que además de la cuestión climática hay un efecto “subsistencia” que impide a los productores utilizar una “parálisis” de su trabajo como forma de mostrar su disconformidad ante las decisiones políticas que los afectan.

El 2008 fue un oasis en el desierto, pero no significó, aún en esa situación extrema, un deterioro de la producción, aunque muchos productores en las economías regionales, en ganadería y también en agricultura quedaron por el camino.

La actual administración presentó un informe sobre las cadenas de valor agroalimentario argentinas (CAA). El trabajo es excelente. Muestra lo que es el campo desde el punto de vista de la economía argentina, el peso que tiene y lo representativo que es. Pero llamó la atención el periodo elegido para el estudio: 2001-2015. Es decir, toda la etapa del kirchnerismo.
 
Y llegó el cambio

Para quienes ya hemos pasado las seis décadas, la Argentina tiene una particularidad muy especial: el tiempo pasa demasiado rápido, pero a la vez parece que siempre estamos en el mismo lugar. Poco avanzamos a nivel colectivo y en muchos casos ese supuesto avance se convierte rápidamente, por obra y gracias de nuestros gobernantes, en un retroceso. La política que se aplica al sector más dinámico de nuestra economía es un buen reflejo, si entendemos por política el castigo permanente al que se lo somete. En síntesis, a veces nos esperanzamos porque creemos que se pueden tomar caminos diferentes, pero siempre terminamos en el mismo y por lo tanto el destino será el de siempre.

Luego de las elecciones de 2015, la sociedad se convenció que se venía un cambio profundo, particularmente en las políticas aplicadas al campo. Y ese cambio pareció encaminarse con las primeras medidas del nuevo gobierno, que dio cumplimiento a sus promesas electorales. Pero el campo actualmente tiene muchos “problemas”, provocados ahora por el retroceso que significó el cambio en las reglas de juego.

Muchos temas sin solucionarse, muchas producciones regionales al borde de su extinción, productores que de-saparecen, falta de crédito, aumento y reimplantación de impuestos a la exportación, abusos de posición dominante de muchas empresas que forman la famosa cadena agroindustrial y por supuesto, la ausencia del Estado ante esas situaciones y frente a las contingencias climáticas que golpearon a diferentes zonas productivas.

Pero empecemos por destacar lo positivo: apertura real y/o potencial de algunos mercados cuya concreción efectiva se irá viendo con el tiempo, en tanto y en cuanto haya producción para abastecer esa presunta demanda externa. En este aspecto, también hay que destacar que la apertura de mercados para la Argentina, en la mayoría de los casos, o en los productos más representativos como la carne por ejemplo, la cantidad de requisitos con los que hay que cumplir para acceder, como es el caso de China o Estados Unidos, son tantos que la adaptación para el acceso  llevará su tiempo. En esto la Argentina tiene mucho por aprender.

Por el contrario, no han existido mayores limitaciones para el ingreso al país de productos de diversos orígenes,  que la Argentina debió ceder a cambio de la posibilidad de llegar con los propios. El comienzo de la implementación del acuerdo Mercosur–Unión Europea, para cuya efectiva implementación aún falta tiempo y mucho trabajo, también puede mostrarse entre los logros.

Un ejemplo es la “recuperación del mercado de limones” hacia los Estados Unidos, pero a la vez se perdió el mercado del biodiesel por 1.500 millones de dólares. También se volvió a perder el mercado europeo para este producto, ante las acusaciones de “dumping” de la UE. Esta situación pone en peligro una industria que se desarrolló mediante la generación de “políticas activas” durante gran parte de la gestión K, hasta la llegada de Axel Kicillof (posible gobernador de la provincia de Buenos Aires) al Ministerio de Economía. Durante la actual administración, lejos estuvo de mejorarse la política aplicada a este sector. Por el contrario, el “lobby” de la industria de los combustibles fósiles y de la industria automotriz se ha fortalecido, y lo que podría ser una solución con varios aspectos positivos, como la mayor mezcla de biocombustibles en el consumo interno, duerme el “sueño de los justos” en cajones de funcionarios que no se animan a tomar la decisión.

La eliminación del diferencial arancelario que beneficiaba durante más de 30 años a la industria aceitera y que era soportado por los productores de soja fue una medida acertada. Claro que duró muy poco su eventual impacto en el bolsillo de los productores. Ya que a partir del aumento de las retenciones, esos recursos ahora pasaron al Estado. En el mismo sentido podemos mencionar la eliminación del Fondo Federal Sojero. Su desaparición original venía acompañada de la disminución de las retenciones. Finalmente éstas aumentaron, y los recursos del Fondo Sojero quedaron para que el gobierno central distribuya esos recursos a discreción.

Otro aspecto que podemos colocar en el haber positivo es la intención de simplificar trámites administrativos. Sin embargo, esa simplificación improvisada de algunos trámites dejó en evidencia la falta de coordinación y conocimiento de las diferentes áreas gubernamentales involucradas.

Pasemos a la balanza negativa: el clima y la posterior falta de respuesta oficial, desconociendo la importancia del sector, hizo que solo se utilizara el efecto negativo como excusa cuando hubo que justificar un nuevo fracaso de la gestión económica del Gobierno.

Y ante el fracaso de la política económica nacional, como solución improvisada se recurrió de vuelta a la implementación de los derechos de exportación, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.

Entre los aspectos negativos no podemos desconocer la degradación del Ministerio de Agroindustria, que ahora volvió a su rango original, pero con algunas funciones recortadas. También el cambio en las reglas de juego en la mitad de la campaña, la parálisis de las obras de infraestructura, el récord de importación de soja cuando los productores locales pagan un 25/30% de impuestos a la producción adicionales (derechos de exportación), el cierre de tambos y las economías regionales que  no saben cómo continuar frente a una incertidumbre que no se detiene.

No hubo Ley de Semillas ni de fertilizantes. No hubo ley de arrendamientos. No hubo emergencia agropecuaria con presupuesto mayor a los 500 millones de pesos, es decir apenas... ¡8 millones de dólares! No hubo concreciones en el tema de los seguros. 

Frente a esta política emanada desde el gobierno nacional, fundamentalmente el principal daño ha sido la perdida de confianza que sufrió gran parte de los productores ante el retroceso en las políticas de un gobierno que recibió todo el apoyo del sector y que no fue correspondido de la misma manera por el accionar de ese gobierno, que volvió a hacer aquello que tanto se cuestionaba a los anteriores.

El ajuste llegó por el mismo lado de siempre, con mayor presión impositiva para aquellos que están encerrados en el sistema y más disponibilidad de recursos para los que se dan el lujo de gastar esos recursos en función de intereses políticos que solo se van modificando a través de los años en los nombres de quienes gobiernan y pretenden perpetuarse en el poder.

(Continuará)
 

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Malos gobiernos desprestigiaron al Estado

(3ª parte)

En las dos ediciones anteriores desarrollamos algunas ideas vinculadas a la producción y comercialización agroindustrial y la forma de participación del Estado, tema que ha sido muy discutido en nuestro país. Claro, siempre de manera muy superficial y solo en función del interés personal de quien lo plantea. El proceso eleccionario que vive la Argentina hace imprescindible que para efectuar un debate serio sobre esta cuestión se tengan presentes los antecedentes más importantes que se registran en la Argentina. Y sobre la descripción de esos antecedentes históricos basamos nuestras conclusiones.

Los lectores recordarán que nuestro relato de la semana previa culminaba con el repaso de los antecedentes de la Resolución 125.

El sector y su representación

Sin embargo, lo más trascendente de la etapa de "la 125" fue la reacción de los productores, que por primera y única vez en la historia se unieron para impedir lo que consideraron un claro atropello sobre sus derechos. Pero además tuvieron un masivo apoyo, como nunca, de gran parte de la sociedad argentina. 

No es el objetivo de este informe explayarse sobre lo ocurrido durante y post 125 en lo que tiene que ver con la representación sectorial. Tal vez debemos decir que el campo debió enfrentar un desafío de conducción inesperado, que excedió su capacidad. El tiempo, el espacio y el contexto tal vez expliquen y justifiquen esa realidad. Pero no puede dejar de mencionarse que en pleno conflicto el gobierno de Cristina Fernández profundizó su intervención al dictar la Resolución 543, que estableció el control total de las exportaciones mediante la creación de los ROES. Sin dudas que la falta de adecuado conocimiento de la gravitación que iba a tener este mecanismo impidió que en el momento oportuno se hicieran los planteos debidos para evitar su implementación.

Se concretó así la mayor intervención destructiva del Estado nacional, ya que se facilitó la cartelización del mercado en beneficio de los sectores concentrados de la demanda.

Lo que vino después es historia conocida y no parece que hubiese discusión posible sobre los nefastos resultados de esa intervención oficial manejada por funcionarios sin los conocimientos suficientes y en muchos casos con serias sospechas de corrupción en la utilización de los mecanismos creados.

No obstante todo lo señalado, por las características propias de los productores agropecuarios se lograron varias cosechas récord durante el kirchnerismo, demostrando una vez más que en el caso argentino no necesariamente responden a políticas oficiales, sino que además de la cuestión climática hay un efecto “subsistencia” que impide a los productores utilizar una “parálisis” de su trabajo como forma de mostrar su disconformidad ante las decisiones políticas que los afectan.

El 2008 fue un oasis en el desierto, pero no significó, aún en esa situación extrema, un deterioro de la producción, aunque muchos productores en las economías regionales, en ganadería y también en agricultura quedaron por el camino.

La actual administración presentó un informe sobre las cadenas de valor agroalimentario argentinas (CAA). El trabajo es excelente. Muestra lo que es el campo desde el punto de vista de la economía argentina, el peso que tiene y lo representativo que es. Pero llamó la atención el periodo elegido para el estudio: 2001-2015. Es decir, toda la etapa del kirchnerismo.
 
Y llegó el cambio

Para quienes ya hemos pasado las seis décadas, la Argentina tiene una particularidad muy especial: el tiempo pasa demasiado rápido, pero a la vez parece que siempre estamos en el mismo lugar. Poco avanzamos a nivel colectivo y en muchos casos ese supuesto avance se convierte rápidamente, por obra y gracias de nuestros gobernantes, en un retroceso. La política que se aplica al sector más dinámico de nuestra economía es un buen reflejo, si entendemos por política el castigo permanente al que se lo somete. En síntesis, a veces nos esperanzamos porque creemos que se pueden tomar caminos diferentes, pero siempre terminamos en el mismo y por lo tanto el destino será el de siempre.

Luego de las elecciones de 2015, la sociedad se convenció que se venía un cambio profundo, particularmente en las políticas aplicadas al campo. Y ese cambio pareció encaminarse con las primeras medidas del nuevo gobierno, que dio cumplimiento a sus promesas electorales. Pero el campo actualmente tiene muchos “problemas”, provocados ahora por el retroceso que significó el cambio en las reglas de juego.

Muchos temas sin solucionarse, muchas producciones regionales al borde de su extinción, productores que de-saparecen, falta de crédito, aumento y reimplantación de impuestos a la exportación, abusos de posición dominante de muchas empresas que forman la famosa cadena agroindustrial y por supuesto, la ausencia del Estado ante esas situaciones y frente a las contingencias climáticas que golpearon a diferentes zonas productivas.

Pero empecemos por destacar lo positivo: apertura real y/o potencial de algunos mercados cuya concreción efectiva se irá viendo con el tiempo, en tanto y en cuanto haya producción para abastecer esa presunta demanda externa. En este aspecto, también hay que destacar que la apertura de mercados para la Argentina, en la mayoría de los casos, o en los productos más representativos como la carne por ejemplo, la cantidad de requisitos con los que hay que cumplir para acceder, como es el caso de China o Estados Unidos, son tantos que la adaptación para el acceso  llevará su tiempo. En esto la Argentina tiene mucho por aprender.

Por el contrario, no han existido mayores limitaciones para el ingreso al país de productos de diversos orígenes,  que la Argentina debió ceder a cambio de la posibilidad de llegar con los propios. El comienzo de la implementación del acuerdo Mercosur–Unión Europea, para cuya efectiva implementación aún falta tiempo y mucho trabajo, también puede mostrarse entre los logros.

Un ejemplo es la “recuperación del mercado de limones” hacia los Estados Unidos, pero a la vez se perdió el mercado del biodiesel por 1.500 millones de dólares. También se volvió a perder el mercado europeo para este producto, ante las acusaciones de “dumping” de la UE. Esta situación pone en peligro una industria que se desarrolló mediante la generación de “políticas activas” durante gran parte de la gestión K, hasta la llegada de Axel Kicillof (posible gobernador de la provincia de Buenos Aires) al Ministerio de Economía. Durante la actual administración, lejos estuvo de mejorarse la política aplicada a este sector. Por el contrario, el “lobby” de la industria de los combustibles fósiles y de la industria automotriz se ha fortalecido, y lo que podría ser una solución con varios aspectos positivos, como la mayor mezcla de biocombustibles en el consumo interno, duerme el “sueño de los justos” en cajones de funcionarios que no se animan a tomar la decisión.

La eliminación del diferencial arancelario que beneficiaba durante más de 30 años a la industria aceitera y que era soportado por los productores de soja fue una medida acertada. Claro que duró muy poco su eventual impacto en el bolsillo de los productores. Ya que a partir del aumento de las retenciones, esos recursos ahora pasaron al Estado. En el mismo sentido podemos mencionar la eliminación del Fondo Federal Sojero. Su desaparición original venía acompañada de la disminución de las retenciones. Finalmente éstas aumentaron, y los recursos del Fondo Sojero quedaron para que el gobierno central distribuya esos recursos a discreción.

Otro aspecto que podemos colocar en el haber positivo es la intención de simplificar trámites administrativos. Sin embargo, esa simplificación improvisada de algunos trámites dejó en evidencia la falta de coordinación y conocimiento de las diferentes áreas gubernamentales involucradas.

Pasemos a la balanza negativa: el clima y la posterior falta de respuesta oficial, desconociendo la importancia del sector, hizo que solo se utilizara el efecto negativo como excusa cuando hubo que justificar un nuevo fracaso de la gestión económica del Gobierno.

Y ante el fracaso de la política económica nacional, como solución improvisada se recurrió de vuelta a la implementación de los derechos de exportación, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.

Entre los aspectos negativos no podemos desconocer la degradación del Ministerio de Agroindustria, que ahora volvió a su rango original, pero con algunas funciones recortadas. También el cambio en las reglas de juego en la mitad de la campaña, la parálisis de las obras de infraestructura, el récord de importación de soja cuando los productores locales pagan un 25/30% de impuestos a la producción adicionales (derechos de exportación), el cierre de tambos y las economías regionales que  no saben cómo continuar frente a una incertidumbre que no se detiene.

No hubo Ley de Semillas ni de fertilizantes. No hubo ley de arrendamientos. No hubo emergencia agropecuaria con presupuesto mayor a los 500 millones de pesos, es decir apenas... ¡8 millones de dólares! No hubo concreciones en el tema de los seguros. 

Frente a esta política emanada desde el gobierno nacional, fundamentalmente el principal daño ha sido la perdida de confianza que sufrió gran parte de los productores ante el retroceso en las políticas de un gobierno que recibió todo el apoyo del sector y que no fue correspondido de la misma manera por el accionar de ese gobierno, que volvió a hacer aquello que tanto se cuestionaba a los anteriores.

El ajuste llegó por el mismo lado de siempre, con mayor presión impositiva para aquellos que están encerrados en el sistema y más disponibilidad de recursos para los que se dan el lujo de gastar esos recursos en función de intereses políticos que solo se van modificando a través de los años en los nombres de quienes gobiernan y pretenden perpetuarse en el poder.

(Continuará)
 

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