Transcurrió apenas un mes desde que comenzaron las protestas en India por la reforma a la Ley de Ciudadanía, que redefine y limita el derecho a la misma en este país asiático. La represión violenta ha dejado más de 30 manifestantes muertos y más de 1.500 detenidos. Además, grupos vinculados al gobernante Partido Popular Indio (BJP) siguen amenazando y golpeando a personas que salen a la calle a protestar.
“Disparen contra los traidores del país”, gritaban, cubiertos con la bandera nacional, en Nueva Delhi en la primera semana de enero.
La enmienda a la Ley de Ciudadanía se aprobó el 11 de diciembre de 2019 como forma de ofrecer la ciudadanía a las minorías que llegaron a India huyendo de Afganistán, Bangladesh y Pakistán antes de 2014, pero uno de sus aspectos más controvertidos es que excluye a los musulmanes.
Los críticos sostienen que es una norma que discrimina y pone en riesgo la naturaleza secular de la Constitución al tratar de crear un Estado hindú o un “Hindu Rashtra”, al estilo de Arabia Saudita o de Israel, con el fin de crear un Estado judío.
El gobierno también busca implementar un Registro Nacional de Ciudadanos (NRC) para 2021, el que comenzó a implementar en el estado de Assam, obligando a las personas a presentar pruebas de su ciudadanía.
La iniciativa implicó que casi 1,9 millones de personas, la mayoría musulmanes, corran el riesgo ahora de terminar en campos de detención por no tener documentos suficientes, los que deben remontarse a la década de los años '70.
El BJP presentó la ley como avanzada, lo que es redundante, según el historiador y director ejecutivo del Instituto Tricontinental de Investigación Social, Vijay Prashad, dado que India ya es signatario del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, así como de otros tratados internacionales sobre migraciones y refugiados.
¿Por qué no hacer que India ratifique esos tratados?, ¿por qué molestarse en crear su propia norma rara si ya existe un marco internacional que dice que aceptamos refugiados y migrantes?, preguntó en forma retórica.
“Pues porque usaron la cuestión de la migración no en sí misma, sino para definir quién puede ser ciudadano indio; es de temer ya que ahora los musulmanes no son ciudadanos en India”, respondió Prashad.
De hecho el ministro del Interior, Amit Shah, calificó a los musulmanes, sin documentos legales procedentes de Bangladesh, de “termitas” e “infiltrados” y amenazó con tirarlos a la bahía de Bengala.
Según el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, la reforma podría violar los artículos 14 y 21 de la Constitución, que están vinculados a la igualdad y la libertad.
Las manifestaciones populares diarias en contra de la enmienda legal sufrieron fuertes represalias de la Policía, que usó granadas, bombas de humo, gases lacrimógenos e incluso municiones reales, y dejaron a varias personas muertas.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), pidió “prudencia y urgió a respetar los derechos a la libertad de opinión, de expresión y de reunión pacífica”.
Por su parte, la portavoz de la alta comisionada de derechos humanos Michelle Bachelet, declaró que la ley “parece socavar el compromiso con la igualdad frente a la ley, consagrado en la Constitución de India”.
El Registro Nacional de Ciudadanos implicaría un gran perjuicio económico, según un reportaje publicado por Wire. En Assam, donde reside solo tres por ciento de los más de 1.300 millones de habitantes, “llevó casi una década, se necesitaron más de 50.000 funcionarios públicos, con un costo de más de 168 millones de dólares”, indica el artículo.“No se trata de una política que se pueda implementar”, puntualizó Prashad. “No se pueden expatriar 200 millones de musulmanes”, subrayó, y añadió que si los musulmanes de India vivieran en un país, este sería el octavo más poblado del mundo.
Los derechos y las libertades de millones de personas en India, están en riesgo. Y cuando se trata de derechos y libertades en riesgo, hay que protegerlos. En la India, en Argentina, en Venezuela o en Suecia.
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