San Luis: ya clausuraron cinco locales por faltas bromatológicas

En tan solo un mes, la Municipalidad de San Luis clausuró cinco comercios en la ciudad por graves faltas bromatológicas. En los últimos dos, Española Way y Malú, hubo resistencia por parte los encargados de los negocios para que los inspectores actúen. En la Comuna marcaron que creen que las infracciones se originaron por una falta de control de la gestión saliente, que no habría realizado inspecciones por 3 años. 

“En el caso de Bromatología, hace 3 años no se hacían inspecciones en comercios y todos los inspectores habían sido absorbidos por el Cuerpo Único (CUIM). Se está armando un grupo para el área propiamente dicho. No tenemos movilidad, que se está tramitando y hay un laboratorio sin uso, que se pretende reactivar para realizar análisis de alimentos” , enumeró Eliana Giorda, subsecretaria de Control Ambiental del Municipio.  

Tres de los comercios fueron clausurados en el shopping hace poco menos de dos semanas (Bonafide, El Boquerón e Il Fiorentino), mientras que en Española Way y Malú los cierres ocurrieron en las últimas horas y en ambos casos hubo resistencia para que los inspectores pudieran trabajar. Según detalló Alejandro Ferrari, juez de Faltas Municipal, las clausuras preventivas ya habían sido elevadas el jueves 23 de enero, pero al desoírlas, debieron insistir en el cese de actividades con apoyo de la fuerza pública, que se hizo efectiva en Malú el jueves por la noche y en Española el viernes, también en horario nocturno.

En el negocio clausurado más recientemente, ubicado en la esquina de Pedernera y Caseros, hallaron múltiples irregularidades en la cocina. Restos de excremento de ratas, cucarachas, mezcla de alimentos crudos con cocidos, alimentos sin rotulados, grasa en las campanas  y suciedad en el extractor de aire, tachos de basura abiertos al costado de donde se preparaban los alimentos, mezclas de productos de limpieza y falta del certificado de desinfección. Además, no exhibían el plan de evacuación ni tenían las salidas de emergencia señalizadas.

Giorda relató que junto a otros representantes de la Municipalidad fueron encerrados con llave dentro del comercio y que fueron amenazados con ser denunciados judicialmente por el abogado representante del local, Alfonso Vergés, quien fuera intendente de la ciudad y que estaba acompañado por al menos 10 personas. 

“Me dijo que Tamayo (el jefe comunal) lo sacaría muerto de ahí si quería”, recordó la subsecretaria.  Tras el encuentro, Giorda se retiró del local y, en presencia de dos testigos, se fajó el ingreso de la esquina de Caseros y Pedernera, el portón de Caseros, aunque no pudieron cerrar la puerta lateral por Pedernera. La clausura continuará hasta que el local subsane sus faltas, aclaró la funcionaria.  

En tanto en Malú, ubicado en España y casi Justo Daract, los empleados no contaban con libreta sanitaria, no había plan de evacuación, faltaban matafuegos, tenía las puertas de emergencia trabadas y sin señalización y la instalación eléctrica estaba en malas condiciones. Allí también habrían lidiado con Vergés, quien “amenazó a los inspectores y los denigró”. 

“Tenemos comerciantes que al otro día de la clausura, reconocen las falencias y las solucionan y otros que hacen obstrucción a la clausura, lo cual es grave, porque no toman con seriedad estas cuestiones bromatológicas y de seguridad e higiene. La idea no es llegar a una tragedia, como Municipalidad debemos desaprobarlo y tenemos la obligación de hacerlo”, remarcó la funcionaria, que dijo que también hacen controles en rutas en el transporte de alimentos.

"Es inadmisible que un comercio de la ciudad trabaje sin ningún tipo de documentación para funcionar y con graves deficiencias en la cocina y, además, negándose a la clausura. Los comerciantes deben tomar conciencia que se trata de un servicio a
la población y ser los primeros en cuidar y resguardar a la gente que allí concurre”, coincidió el juez Ferrari, quien dijo que los comercios aún no realizaron su descargo. 

La Cámara de Bolicheros  asegura que no hay persecución

Diego Astudillo, presidente de la Cámara de Bolicheros, marcó a El Diario de la República que están dispuestos a colaborar con los municipios en las inspecciones. “Siempre estamos atentos a brindar todo tipo de información y a colaborar. En este caso, si la Municipalidad ha detectado por las actas que hemos visto falencias en los lugares y ha procedido a las clausuras, uno lo respeta. De ser así, primará hablar con los dueños para solucionar urgente las falencias, las cuales han sido pasibles de pena”, afirmó.

Astudillo negó “persecución” por parte de los inspectores municipales a la actividad nocturna y responsabilizó a la gestión anterior de Enrique Ponce de hacerlo. “En la gestión anterior algunos tenían coronita y otros no. Era totalmente evidente que pasaban por un local y por el de al lado no pasaban. Voy a pedir una audiencia al intendente Sergio Tamayo para poder trabajar en conjunto y cooperar todo lo que pueda para que se le haga más fácil el trabajo a él y a los comerciantes”, aseguró. 

En cambio, Alejandra Camargo, propietaria de Española Way, denunció, a través de un video en su perfil de Facebook, que “hace un año que venimos perseguidos, discriminados” y que ha recibido violencia física y psicológica por parte de las autoridades municipales. En el descargo por redes sociales, Camargo marcó que desde julio del año pasado no le reciben los requisitos para habilitar su comercio y solicitó una audiencia en el mismo lugar con el intendente Tamayo.