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Prioridades para el futuro

A medida que los sistemas de salud de Asia del este, Europa y América están desbordados intentando contener la crisis del coronavirus, se espera que el COVID-19 golpee mucho más fuerte a los países en desarrollo.

Décadas de recortes de austeridad, promovidos por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo, debilitaron los sistemas de salud pública impidiendo la capacidad de los gobiernos para responder a la pandemia.

El FMI prometió un billón de dólares y el Banco Mundial otros 12.000 millones de dólares en fondos inmediatos para ayudar a los países a amortiguar el impacto de la pandemia. Sin embargo, estas organizaciones están implicadas en décadas de brutal austeridad y privatizaciones que dañaron los sistemas de salud pública en primer lugar. Y es en los países con sistemas públicos de salud frágiles donde las epidemias se propagan más rápido, como sucedió durante el brote de ébola, en 2014, en África occidental.

Desde la década de 1980, la mayoría de los gobiernos ha implementado recortes presupuestarios y comercializado sus servicios de salud, asesorados por las IFIs durante misiones regulares de vigilancia o como parte de sus programas.

Las políticas de austeridad son criticadas por priorizar objetivos fiscales a corto plazo por encima de inversiones sociales de largo plazo, como la salud. Por ejemplo, bajo la orientación del FMI, muchos gobiernos redujeron los presupuestos de salud, recortaron o limitaron los salarios del sector público y limitaron el número de médicos, enfermeras y otro personal trabajando en la salud pública.

En nombre de la eficiencia, los gobiernos —frecuentemente asesorados por los bancos de “desarrollo”— redujeron el número de camas de hospitales, cerraron los servicios públicos y cortaron la inversión en investigación y equipos médicos. Todo ello socavó la capacidad de los sistemas de salud, dejando a miles de millones de personas altamente vulnerables.

Lo que es peor, se dijo a los gobiernos que no se alarmaran por el impacto negativo de la escasez de fondos debilitando la salud pública. Con la publicación de “De miles de millones a billones: transformar el financiamiento para el desarrollo después de 2015” y documentos posteriores, las IFIs aseguraron que los gobiernos disponían de una solución simple para lidiar con la disminución de los presupuestos públicos: el sector privado.

Se dio este consejo a pesar de los múltiples fracasos documentados sobre asociaciones público-privadas y privatizaciones durante las últimas décadas, por ejemplo, el modelo de salud privado de Estados Unidos: el sistema de salud más caro del mundo y muy poco efectivo, que deja a millones de estadounidenses sin cobertura médica.

Desde Lesoto hasta Suecia, las asociaciones público-privadas en salud han sido muy costosas para los ciudadanos y han resultado en una prestación de servicios más deficiente que los sistemas de salud pública.

¿Quién se beneficia de estas políticas? Las IFIs no han priorizado la salud pública, sino objetivos fiscales o del sector privado. Los intereses macroeconómicos o comerciales a menudo se han superpuesto al bien público, dejando el bienestar de las personas como una segunda prioridad. Esto ya ha resultado en una mayor morbilidad y en millones de muertes evitables, mientras el coronavirus acecha y preocupa al planeta entero.

Un informe reciente muestra cómo los recortes de austeridad inducidos por el FMI están afectando negativamente a aproximadamente 75 por ciento de la población mundial, un total de 113 países en 2020, a pesar de las muy urgentes necesidades de salud y de desarrollo. Estos recortes del gasto público se aplican a 72 países en desarrollo y 41 países de altos ingresos, muchos de los cuales ya han sufrido décadas de ajustes.

Las sociedades deben actuar con extrema responsabilidad para contener el contagio, el aislamiento social, la cuarentena y la seriedad de las sociedades ante la pandemia; son herramientas indispensables en esta lucha. Antes, durante y después de esta crisis, los gobiernos deberían revisar sus sistemas de salud y, sobre todo, sus prioridades de inversión social.

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Prioridades para el futuro

A medida que los sistemas de salud de Asia del este, Europa y América están desbordados intentando contener la crisis del coronavirus, se espera que el COVID-19 golpee mucho más fuerte a los países en desarrollo.

Décadas de recortes de austeridad, promovidos por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo, debilitaron los sistemas de salud pública impidiendo la capacidad de los gobiernos para responder a la pandemia.

El FMI prometió un billón de dólares y el Banco Mundial otros 12.000 millones de dólares en fondos inmediatos para ayudar a los países a amortiguar el impacto de la pandemia. Sin embargo, estas organizaciones están implicadas en décadas de brutal austeridad y privatizaciones que dañaron los sistemas de salud pública en primer lugar. Y es en los países con sistemas públicos de salud frágiles donde las epidemias se propagan más rápido, como sucedió durante el brote de ébola, en 2014, en África occidental.

Desde la década de 1980, la mayoría de los gobiernos ha implementado recortes presupuestarios y comercializado sus servicios de salud, asesorados por las IFIs durante misiones regulares de vigilancia o como parte de sus programas.

Las políticas de austeridad son criticadas por priorizar objetivos fiscales a corto plazo por encima de inversiones sociales de largo plazo, como la salud. Por ejemplo, bajo la orientación del FMI, muchos gobiernos redujeron los presupuestos de salud, recortaron o limitaron los salarios del sector público y limitaron el número de médicos, enfermeras y otro personal trabajando en la salud pública.

En nombre de la eficiencia, los gobiernos —frecuentemente asesorados por los bancos de “desarrollo”— redujeron el número de camas de hospitales, cerraron los servicios públicos y cortaron la inversión en investigación y equipos médicos. Todo ello socavó la capacidad de los sistemas de salud, dejando a miles de millones de personas altamente vulnerables.

Lo que es peor, se dijo a los gobiernos que no se alarmaran por el impacto negativo de la escasez de fondos debilitando la salud pública. Con la publicación de “De miles de millones a billones: transformar el financiamiento para el desarrollo después de 2015” y documentos posteriores, las IFIs aseguraron que los gobiernos disponían de una solución simple para lidiar con la disminución de los presupuestos públicos: el sector privado.

Se dio este consejo a pesar de los múltiples fracasos documentados sobre asociaciones público-privadas y privatizaciones durante las últimas décadas, por ejemplo, el modelo de salud privado de Estados Unidos: el sistema de salud más caro del mundo y muy poco efectivo, que deja a millones de estadounidenses sin cobertura médica.

Desde Lesoto hasta Suecia, las asociaciones público-privadas en salud han sido muy costosas para los ciudadanos y han resultado en una prestación de servicios más deficiente que los sistemas de salud pública.

¿Quién se beneficia de estas políticas? Las IFIs no han priorizado la salud pública, sino objetivos fiscales o del sector privado. Los intereses macroeconómicos o comerciales a menudo se han superpuesto al bien público, dejando el bienestar de las personas como una segunda prioridad. Esto ya ha resultado en una mayor morbilidad y en millones de muertes evitables, mientras el coronavirus acecha y preocupa al planeta entero.

Un informe reciente muestra cómo los recortes de austeridad inducidos por el FMI están afectando negativamente a aproximadamente 75 por ciento de la población mundial, un total de 113 países en 2020, a pesar de las muy urgentes necesidades de salud y de desarrollo. Estos recortes del gasto público se aplican a 72 países en desarrollo y 41 países de altos ingresos, muchos de los cuales ya han sufrido décadas de ajustes.

Las sociedades deben actuar con extrema responsabilidad para contener el contagio, el aislamiento social, la cuarentena y la seriedad de las sociedades ante la pandemia; son herramientas indispensables en esta lucha. Antes, durante y después de esta crisis, los gobiernos deberían revisar sus sistemas de salud y, sobre todo, sus prioridades de inversión social.

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