En Brasil, preocupa el hambre

La inseguridad alimentaria en Brasil, que ya había aumentado un 62,4 por ciento de 2013 a 2018 según las estadísticas oficiales, debe agravarse en los próximos meses al sumar efectos del coronavirus a los desconciertos de la política agrícola.
“El hambre se está extendiendo y empeorará por el alza de los precios de los alimentos justo cuando baja el auxilio de emergencia gubernamental” a los pobres, que perdieron ingresos durante la pandemia, evaluó el agrónomo Denis Monteiro, secretario ejecutivo de la Articulación Nacional de Agroecología (ANA).
A esa combinación de factores adversos se suma el desmonte de las políticas de apoyo a la agricultura familiar practicado por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Se trata de un sector reconocido como fuente de 70 por ciento de los alimentos consumidos nacionalmente.
El arroz, un componente básico en las mesas de los brasileros, se destacó en el índice de precios al consumidor del gubernamental Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE), con un aumento del 19,25 por ciento de enero a agosto, período en que la inflación general se limitó a 0,7 por ciento.
Los frijoles, también parte sustancial de la dieta tradicional, registraron alzas variadas, de hasta 30 por ciento en algunos tipos del producto y regiones de Brasil, seguidos de otros alimentos, como leche, aceite de soja y tomate, con aumentos del 4,8 al 13 por ciento.
La ayuda oficial que benefició a 67,2 millones de trabajadores informales, cuentapropistas y otros que perdieron ingresos debido al cierre forzado de actividades pagó 600 reales (unos 115 dólares) mensuales desde abril, en un proceso desordenado en que muchos reciben con retraso o se quejan de exclusión indebida.
Esa suma baja a la mitad a partir de este septiembre para los que ya recibieron las cinco cuotas iniciales. El programa termina en diciembre, incluso para los que recibieron solo parte de las nueve cuotas mensuales posibles, cinco de 600 reales y cuatro de 300 reales (57,5 dólares).
A partir de enero, se vuelve a la Bolsa Familia, que beneficia solo a 14 millones de familias con un promedio equivalente a unos 36 dólares, en un país que actualmente alcanza los 212 millones de habitantes.
El gobierno y el legislativo Congreso Nacional aún estudian alguna forma de ampliar esa transferencia de renta para mitigar el impacto social mientras no se recupera plenamente la actividad económica.
El bajón en los ingresos de casi la mitad de la población brasilera también debe derrumbar la popularidad del presidente Bolsonaro, favorecido en los últimos meses por la distribución del auxilio de emergencia.
Ese beneficio, que evitó una grave crisis social hasta ahora y una recesión económica más grave este año, produjo, por otro lado, un aumento del consumo de alimentos básicos y de materiales de construcción, cuando la producción cayó debido a la pandemia.
Muchas familias aprovecharon el ingreso inesperado para reformar o ampliar sus viviendas.
Para la “inflación de alimentos” también contribuyeron el aumento de las exportaciones estimuladas por la devaluación de la moneda nacional y las bajas existencias de algunos productos, en consecuencia de la decisión gubernamental de reducir el sistema estatal de almacenaje.
El real se devaluó en cerca del 35 por ciento en relación al dólar estadounidense desde el inicio del año e hizo más ventajoso exportar que vender en el mercado interno, por ejemplo, el arroz. Las exportaciones casi doblaron en relación a 2019.
En Brasil, la principal potencia de Sudamérica, preocupa el hambre.