Piden enviar a juicio al expiloto Ariel Balmaceda por evadir más de mil millones

El fiscal federal de San Luis, Cristian Rachid, pidió que una presunta "asociación ilícita" integrada por 25 personas y liderada por el expiloto de Turismo Nacional, Ariel Balmaceda, vaya a juicio oral y público por la utilización de facturas truchas en varias provincias, maniobras que involucraron a 2.700 contribuyentes con el fin de evadir impuestos.

El pedido lo hizo apuntando como líder de la organización a Balmaceda, que actualmente goza del beneficio de prisión domiciliaria, y es por la emisión de facturas truchas por parte de 65 usinas, las que eran utilizadas en ocho provincias distintas.

Este lunes, en comunicación con El Diario, Rachid especificó que las maniobras de evasión le generaron al Estado un perjuicio de 1.003 millones de pesos de acuerdo a la actividad que ejercían principalmente en San Luis, Córdoba, Mendoza, San Juan, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén. Aunque esa suma puede seguir engrosándose a medida que investigan a los usuarios y compradores de esa facturación apócrifa

El caso se destapó el jueves 15 de marzo de 2018, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) difundió un comunicado oficial en el que daba a conocer el resultado de varios allanamientos que la Policía Federal había hecho el día anterior en el Parque Industrial y en diferentes estudios contables de la ciudad de San Luis.  

En ese momento, la AFIP comunicó que habían detectado una asociación ilícita liderada por personalidades del automovilismo y que habría facturado operaciones inexistentes por una suma que entonces se estimaba en $1.400.000.000.

Cinco días después, Rachid intimó al organismo a no difundir información que pudiera entorpecer la investigación, que había iniciado a fines de 2017, cuando el ente recaudador radicó una denuncia en la Justicia Federal tras advertir maniobras contables irregulares en un grupo de contribuyentes.

La pesquisa incluyó unos 50 allanamientos en las ocho provincias donde se utilizaron las facturas y que se concretaron en tres etapas desde marzo hasta diciembre de 2018, cuando finalmente Balmaceda fue detenido y citado a indagatoria considerado como jefe y organizador "de una organización o asociación compuesta por tres o más personas habitualmente destinada a cometer, colaborar y coadyuvar a sendos delitos de evasión tributaria".

También fueron citados otros 34 miembros de la red, entre ellos empleados que realizaban tareas administrativas en una oficina de Balmaceda, ubicada en el pasaje Juan W. Gez, “la central de la organización” confió Rachid; personas del círculo de confianza y del entorno familiar del piloto, que prestaban su nombre para figurar como contribuyentes apócrifos; e intermediarios en la venta de las facturas falsas, que han operado en San Luis, Mendoza, Córdoba, Río Negro y Buenos Aires.

De los 35 implicados se logró el procesamiento, primero, de 20 y, tras un arduo año de apelaciones y recursos se sumaron cinco más. “Después de un largo camino de apelaciones y planteos que presentaron estos 34 implicados, y que insumieron gran parte del 2020, quedaron firmes los procesamientos de 25. A los otros los seguimos peleando”, comentó el fiscal.

Si bien la pena que podría caberles a los 24 participantes procesados es alta, solo Balmaceda fue enviado a la penitenciaría con prisión preventiva, donde estuvo casi un año y medio, hasta que, en junio de 2020 según estimó Rachid, la Cámara de Apelaciones Federal de Mendoza le otorgó la prisión domiciliaria por la situación de pandemia.

En el pedido de elevación a juicio oral, el fiscal sostiene que existió "una verdadera organización delictiva" destinada "a la generación y comercialización de facturas apócrifas -que documentaban operaciones inexistentes-, a su vez destinadas a favorecer la evasión de impuestos por parte de los usuarios de las mismas -quienes serían los clientes de la organización delictiva-, mediante el cómputo de créditos fiscales y/o gastos espurios e indebidos, respaldados con aquella documentación impositiva apócrifa".

Las usinas "confeccionaban facturas, remitos, recibos y demás documentación de índole contable-impositiva, la cual luego comercializaba a gran escala, por lo que se hallaba destinada a cometer, colaborar y coadyuvar en la evasión de impuestos".

Asimismo, la fiscalía detectó que la organización se "extendió sus ‘productos’ por distintas provincias del país, coadyuvando y facilitando a través de su actuación habitual y sostenida en el tiempo, evasiones tributarias multimillonarias".

FQ.