El pago de la deuda beneficiará la reconstrucción pospandemia

Tras un extenso camino de reclamos, finalmente el tiempo le dio la razón a San Luis: el gobierno nacional hará efectivo el pago de la deuda por las coparticipaciones. Se trata de una suma de $26.807 millones que se dispondrán en bonos de corto y mediano plazo. El monto representa cerca del 35% del presupuesto provincial 2021. Para graficar, el dinero equivale a casi tres obras como la del Hospital Central "Doctor Ramón Carrillo", actualmente en construcción. La acreditación beneficiará a la reconstrucción de la pospandemia y facilitará las políticas de Estado enmarcadas en la agenda sustentable 2020-2030. Aseguran que las inversiones se verán reflejadas en todos los rincones de la provincia.

El ministro de Hacienda, Eloy Horcajo, explicó que de acuerdo a la Resolución Conjunta 12/2021, publicada el 9 de marzo, la provincia recibirá bonos que operan en el mercado y que se cotizan en función del índice CER, concepto que hace referencia a un coeficiente del Banco Central que sirve para actualizar el capital; de este modo no pierde respecto a la inflación. Además, sobre ese capital ajustado se aplica una tasa de interés, que es el rendimiento del bono. 

"Tienen un muy buen precio. En un tiempo prudencial, San Luis puede convertirlos al canjearlos en el mercado por dinero en efectivo para que, presupuestariamente, se pueda aplicar en las políticas de Estado. Ha sido muy beneficioso y va a ser un puntapié para que la provincia pueda comenzar la reconstrucción de la pospandemia; estos recursos son relevantes para potenciar los proyectos", señaló.

"Próximamente se comunicará el plan de acción. Estos fondos eran parte de una gran masa coparticipable. La provincia tomó la bandera del reclamo, pero somos conscientes de que tiene que significar un beneficio para toda la población y se debe materializar en obras para todas las localidades, tiene que desparramarse en la economía de la provincia para salir de la situación de caída, producida por el coronavirus, y generar empleo", agregó.

Los bonos tienen la posibilidad de ser comerciados en el mercado de títulos y valores. Pueden servir como garantía, como parte de pago o se pueden convertir a pesos. Según lo establecido en la Resolución Conjunta, el Gobierno de Alberto Fernández pagará con bonos que tienen vencimiento en septiembre de 2022 y que están ajustados por CER de un 1,30%; otros vencen en agosto de 2023, con CER del 1,45%; en 2026 vencen bonos con CER del 2% y en 2028 ocurre lo mismo, con CER del 2,25%. 

"Costó, no fue fácil. El gobernador, Alberto Rodríguez Saá, hizo un gran esfuerzo para sostener la bandera del reclamo en lo alto, entendió que lo que se pedía era justo. Ahora, con el paso del tiempo, tenemos esta noticia que nos da la razón y no es menor, porque encontramos un gobierno nacional predispuesto con el compromiso de encontrar una solución", subrayó. 

Indicó que San Luis tiene otros juicios de tipo patrimonial con la Nación. En total son 15 y se trata de diferentes reclamos que se han formulado a lo largo del tiempo. Estiman que entre 5 y 7 de ellos están ya a la espera de una sentencia. 

Origen del reclamo

La cronología de la deuda es larga. Para comprender, la coparticipación es como una torta conformada por los impuestos que abonan los ciudadanos. La Ley de Coparticipación Federal, que es un acuerdo, establece cómo se reparten esos fondos entre las provincias. En 1992 se materializó un pacto fiscal entre los gobernadores y el por entonces presidente, Carlos Menem, en el que acordaron destinar el 15% para financiar la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), es decir, las jubilaciones y todo lo que significaba sostener el sistema previsional.

La Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional, de 2006, prorrogó el pacto. La provincia entendió que esto violaba un principio constitucional. De ahí se desprende la primera demanda. 

El segundo reclamo refiere a un decreto de 2001, de la Presidencia de Fernando de la Rúa, en el que, de manera arbitraria, el Ejecutivo nacional decidió extraer de la masa coparticipable un porcentaje para financiar el funcionamiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

San Luis reclamó prácticamente en soledad. La autonomía y la solvencia propia le dieron respaldo a la hora de las decisiones y se pudo continuar el petitorio. En 2007, junto a las elecciones generales de ese año, se llevó a cabo una consulta popular que puso en agenda el tema para que la sociedad emitiera su opinión. Hubo amplia aceptación.

En noviembre de 2015, la Corte Suprema dictó dos fallos que le dieron la razón a San Luis y abrieron una instancia de diálogo. Horcajo afirmó que la gestión de Mauricio Macri solo causó dilaciones y desinterés en el proceso, y se perdieron cuatro años en los que podrían haber llegado a un acuerdo.

El consenso desfavorable

En medio de eso, el gobierno de Macri promovió el consenso fiscal, que obligaba a las provincias a renunciar a los reclamos a cambio de inversiones. San Luis rechazó ese acuerdo, que implicaba perder autonomía. Por entonces, tildaron a la gestión provincial como culpable de excluir a la jurisdicción de la agenda nacional. 

Hubo una propuesta de pago, pero aceptarla hubiese sido perjudicial, dado que era intransferible, no había posibilidad de negociarla y tenía plazo de gracia de 3 años, es decir que no iban a cobrar intereses por ese bono. Además, poseía una tasa del 6% anual, que no tenía relación con la inflación y hubiese implicado licuar la deuda y perjudicar patrimonialmente a la provincia.
 
En febrero de 2019, la Corte aprobó la liquidación, determinó los montos y la tasa de interés, que era la tasa pasiva del Banco Central. Pero tampoco hubo predisposición para llegar a una solución. 

Ya en agosto de ese año, en Rosario, el entonces candidato a presidente, Alberto Fernández, se reunió con los gobernadores para plantear temas a resolver. San Luis indicó la deuda y hubo un compromiso en cumplir los pagos. Si bien se transitó un primer año de gestión con las complicaciones de la pandemia, finalmente el gobierno nacional aceptó pagar.