La minería, la deforestación, la actividad agropecuaria, las hidroeléctricas, los hidrocarburos, la expansión urbana y la densidad vial incrementaron en la última década la presión sobre la Amazonia, según mostró el Atlas 2020 elaborado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg).
La fragilidad de la región amazónica se evidenció con la pandemia de COVID-19, que mostró la vulnerabilidad de sus 47 millones de habitantes, y en particular de los 2,2 millones de originarios repartidos en 410 pueblos diferentes, destacó la red.
La Raisg está integrada por ocho organizaciones no gubernamentales dedicadas al estudio y defensa del ambiente en seis países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Todas sus mediciones y análisis de datos concuerdan con que “en la última década hubo un ritmo acelerado de crecimiento de las presiones y amenazas, así como sus síntomas y consecuencias en la Amazonia”, con 26 por ciento de su territorio bajo presión “alta” y siete por ciento “muy alta”.
De sus 8.470.000 kilómetros cuadrados, las áreas con mayor presión se localizan en las zonas periféricas del bioma, en las zonas montañosas y de piedemonte situadas en Ecuador al oeste, Venezuela al norte y Brasil al sur.
Las zonas con “interés minero” eran 52.974 en 2012 y aumentaron a 84.767 en 2020, ocupando 188.374 kilómetros cuadrados, y un tercio de las localidades de minería ilegal (1.423) están en Venezuela, aunque solo tiene 5,6 por ciento de la Amazonia.
Los lotes petroleros ocupan un 9,4 por ciento de la superficie amazónica, con 369 de ellos en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, alcanzando territorios de pueblos originarios, algunos de ellos no contactados o en aislamiento voluntario.
Entre 2001 y 2019 el avance del fuego afectó el 13 por ciento de la Amazonia, 1,1 millón de kilómetros cuadrados, un espacio del tamaño de Bolivia.
En 2018, la Amazonia mantenía 83,4 por ciento de su cobertura vegetal natural, pero entre 1985 y ese año el bioma perdió 724.000 kilómetros cuadrados de esa vegetación, un área similar al territorio de Chile.
La actividad agropecuaria es responsable del 84 por ciento de la deforestación en la Amazonia, incrementándose desde 2015. En 2018 fueron talados más de 31.000 kilómetros cuadrados de bosque, el tamaño de Bélgica o la mitad de Panamá.
Las hidroeléctricas —unidas al represamiento de los ríos— suman 177, y las usinas (UHE) con capacidad superior a 30 Mwh se incrementaron 47 por ciento, pasando de 51 en 2012 a 75 en 2020.
La densidad vial, calculada a partir de la extensión de carreteras y territorio, es de 18,7 kilómetros por cada 1.000 kilómetros cuadrados, y los países que lideraron la expansión en la década considerada fueron Colombia, Perú y Venezuela.
El Atlas dedica un capítulo a la urbanización de la región e incluso recoge un concepto según el que la Amazonia se convirtió en “un bosque urbano”. En 2009, de sus 33,56 millones de habitantes, 20,9 millones vivían en las ciudades.
Actualmente, tres cuartas partes de la población amazónica de Brasil viven en ciudades grandes y medianas, y sufren problemas como falta de saneamiento y violencia. Tres de las capitales regionales amazónicas están entre las 50 ciudades más violentas del mundo: Manaus, Belém y Macapá.
La economía ilegal que devasta la selva mueve miles de millones de dólares al año, a través de “caminos forestales” que no figuran en la cartografía oficial. La extracción de madera, la minería y los cultivos ilícitos son tres de las actividades económicas que proliferan sustentadas por la demanda internacional de sus productos.
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