SAN LUIS - Viernes 18 de Junio de 2021

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Colombia en su hora oscura

Por redacción
| 12 de mayo de 2021

Entidades de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos (OEA),y Amnistía Internacional (AI), coincidieron en pedir al Estado colombiano que impida la violencia contra los indígenas que se han sumado a protestas sociales, en el suroccidental Departamento de Cauca.

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su “profunda preocupación sobre ataques con armas de fuego en contra de la minga (movimiento) indígena ocurridos el 9 de mayo en Cali (capital de Cauca), dejando al menos ocho personas indígenas manifestantes heridas”.

 

Según el Consejo Regional Indígena de Cauca los disparos fueron hechos por civiles con apoyo o en presencia de fuerzas policiales que enfrentan a indígenas y a jóvenes de Cali que bloquean avenidas y carreteras en la ciudad y sus accesos.

 

ONU Mujeres, la entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y empoderamiento de la mujer, se unió a la Defensoría del Pueblo y la Embajada de Noruega en un comunicado que condenó los ataques contra la guardia indígena integrada a las manifestaciones.

 

Recordaron que entre las heridas está la activista Daniela Soto, y rechazaron “las amenazas y la violencia que han vivido y continúan viviendo las lideresas y defensoras de derechos humanos en el ámbito de su labor y en el marco de las movilizaciones sociales de las últimas semanas”.

 

Las tres entidades pidieron “acelerar la investigación judicial y sus sanciones correspondientes”, por el ataque a la guardia indígena, y “reforzar las medidas de protección y atención a las víctimas, sus organizaciones y sus familiares”.

 

La CIDH destacó el papel de la guardia indígena en la defensa de los derechos de sus pueblos, e instó al Estado colombiano a "investigar diligentemente los hechos, incorporando un enfoque étnico-racial, esclareciendo la posible participación de agentes estatales y sancionando a los responsables”.

 

La AI declaró que “los ataques de civiles armados, algunos en presencia de la Policía, en contra de la minga indígena en Cali, son un reflejo de dinámicas de violencia que no cesan en Colombia y que se han acentuado en el contexto de las protestas sociales en el marco del paro nacional”.

 

“Es inaceptable que los llamados urgentes a las autoridades para prevenir la violencia armada no fueran atendidos inmediatamente. Por el contrario, varias autoridades, incluida la Policía Nacional, emitieron declaraciones estigmatizantes sobre la minga indígena y quienes se manifestaban pacíficamente en Cali”.

 

Desde finales de abril Colombia vive una ola de protestas, primero contra un impopular proyecto de reforma tributaria, ya retirado del Congreso Legislativo, y contra políticas que han agravado situaciones de pobreza y desigualdad.

 

Al menos 25 personas fallecieron en las demostraciones, incluido un policía, aunque según organizaciones sindicales y políticas la cifra podría duplicarse, pues hay decenas de de-

 

saparecidos, centenares de heridos y detenidos, y se han registrado ataques y daños considerables a instalaciones públicas y privadas.

 

También se produjeron bloqueos de vías que afectan el suministro de bienes a zonas urbanas, por lo que la ONU en Colombia pidió que, en el marco de la COVID-19, se facilite el acceso de alimentos, medicinas e insumos médicos a las ciudades.

 

Los jóvenes se mantienen por millares en las protestas diarias, mientras entidades del área social del gobierno “trabajan en temas, como matrícula gratis en la educación púbica, participación política, emprendimiento y conectividad”.

 

Colombia atraviesa una severa crisis social, política y democrática. Los pueblos originarios están en la primera fila de los dolientes.

 

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