Un justo beneficio para los más necesitados

Es el momento adecuado para que, a través de medidas sencillas y efectivas, se comiencen a reparar los profundos daños que han causado las sucesivas crisis, las medidas erróneas y la pandemia. La población las agradece y las valora de un modo especial. Parece imprescindible que los legisladores con acciones concretas manifiesten su comprensión respecto del momento que se vive y su voluntad cierta de trabajar con seriedad para la reconstrucción económica y social.

Esta semana, el Senado de la Nación sancionó y convirtió en ley el proyecto denominado Zona Fría, que prevé la ampliación del régimen de zona fría, incorporando nuevas provincias y localidades del país al beneficio de tarifas diferenciales de gas, con reducciones de entre un 30% y 50% para los usuarios.

De esta manera, distintas localidades de 15 provincias argentinas tendrán tarifas diferenciales de gas, que se sumarán a la región de la Patagonia, la Puna y Malargüe (Mendoza), ya contempladas en el Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas. Ahora se agregarán Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja. De 79 departamentos alcanzados por la medida se pasará a 231 departamentos. El beneficio que llegaba a 850.000 se extenderá a más de tres millones de usuarios.

Apoyaron la iniciativa generada en conjunto, el mes pasado, por diputados del Frente de Todos, de Consenso Federal y de Unidad y Equidad Federal en la Cámara baja, senadores del Frente de Todos, aliados peronistas y algunos pertenecientes a Juntos por el Cambio; mientras que otros de la oposición votaron en contra. En su discurso, la senadora peronista de San Luis Eugenia Catalfamo sintetizó claramente el espíritu de la iniciativa: "Este proyecto se constituye como una verdadera declaración de principios, cada uno de los puntos que aborda reconoce el principio de igualdad y de no discriminación. Además, se busca revertir el estrago que provocó la gestión tarifaria macrista". Los destrozos realizados con los tarifazos por la anterior gestión fueron reconocidos por propios y extraños, incluso hubo coincidencia en la necesidad urgente de reparación. Se hizo referencia al problema como una cuestión de derecho social, de derechos humanos.

Quedó muy claro que la tarifa diferencial que establece la ley no excluye los beneficios que ya gozan por otras normas vigentes. La norma prorroga por 10 años el Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas que será el origen de los fondos comprometidos. Lo que se establece es una disminución de entre el 30% y el 50% sobre las facturas de gas de usuarios residenciales, dependiendo de la situación de mayor o menor vulnerabilidad. En las nuevas localidades, la rebaja del 50% abarcará a titulares de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo; titulares de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a cuatro veces el Salario Mínimo Vital y Móvil, y monotributistas sociales. El beneficio también comprende a jubilados y pensionados; trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual al valor de cuatro veces el Salario Mínimo Vital y Móvil, y monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en cuatro veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Otros beneficiarios serán los usuarios que perciben un seguro de desempleo; electrodependientes; usuarios incorporados al Régimen de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares; usuarios exentos en el pago de Alumbrado, Barrido y Limpieza o tributos locales de igual naturaleza, y veteranos de Malvinas que perciban una pensión vitalicia. En tanto, el resto de los usuarios residenciales de las zonas incorporadas accederá a la reducción del 30% de la tarifa de gas.

El resultado de la votación final fue contundente. Es manifiesto el espíritu mayoritario de generar iniciativas útiles para ayudar a paliar la caída del salario real, los efectos del desempleo y las dificultades generadas por la pandemia. Es necesario reparar tanto abandono, es imprescindible estar al lado de quienes más lo necesitan. En San Luis este beneficio llegará a unos 360.000 puntanos.