Agravada por dos años de pandemia, la violencia contra las mujeres y niñas en América Latina requiere de políticas integrales de género que corrijan desigualdades y garanticen el acceso a derechos y a la inclusión social, más allá de las leyes vigentes que facilitan las acciones penales.
El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) registra en su repositorio legal contra la violencia 13 países con leyes integrales y otros 17 con cuerpos legales con la tipificación de femicidio o feminicidio, causantes de la muerte de 4.640 mujeres en la región en 2019.
A eso deben sumarse de manera específica o como parte de las leyes mencionadas diversas normativas sobre acoso sexual laboral, acoso callejero, delitos sexuales, sobre difusión de imágenes íntimas en el ciberespacio, sobre acoso y violencia política, e incluyen también leyes que tipifican y sancionan el tráfico y la trata de personas, entre otras.
Es una legislación muy variada en la región, con diferentes enfoques, contenidos y alcances, y no se cuenta con verdaderos estudios de impacto de la misma, advirtió la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Todas las leyes han sido resultado de las luchas de las mujeres organizadas, de los feminismos en sus múltiples expresiones y hoy puede establecerse una genealogía de las mismas que va desde las leyes de primera generación, que fueron las de violencia intrafamiliar o doméstica, hasta las de protección integral.
Los especialistas afirman que la violencia de género tiene un carácter estructural, producto de relaciones de desigualdad y asimetrías de poder históricas entre varones y mujeres, resultado “de una de las expresiones culturales de la dominación más arraigadas, con la que convivimos y que precisamos desnaturalizar”.
“Desde esta perspectiva que establece una correlación entre las desigualdades de género y la violencia contra las mujeres, es necesario un proceso de construcción y deconstrucción de las centralidades que determinan la persistencia de las violencias, y la legislación es una contribución fundamental como lugar de enunciación”, señaló la Flacso.
Durante la pandemia, el incremento de la violencia contra las mujeres tuvo directa relación con el cerco al que se vieron sometidas con muchas horas de confinamiento junto a los agresores y la pérdida de las redes de contención, pero al mismo tiempo porque los servicios públicos y las políticas públicas no contaron con la creatividad ni los recursos para adecuar sus respuestas a esta situación.
Así se confirmó aún más que si bien las leyes son imprescindibles para consolidar las políticas y estrategias de un país que trabaja por erradicar este grave problema, no son las únicas herramientas capaces de cerrar brechas de desigualdad y de disminuir índices de violencia.
Para que las leyes tengan eficacia transformadora, es preciso trabajar las desigualdades reales, económicas, laborales y sociales de las mujeres y personas LGBTIQ+, y también trabajar respecto al desmontaje de estereotipos e imaginarios culturales, identitarios, que resultan ser dispositivos de control sobre los cuerpos de las mujeres y cuerpos no hegemónicos.
Entre las carencias y los obstáculos en países de la región para avanzar en ese cometido, cabe mencionar que no siempre está disponible el presupuesto necesario para desarrollar las agendas de género.
Las leyes no son la llave mágica para resolver la violencia de género, son apenas parte de un contexto mayor, que requiere sensibilizar y capacitar a los operadores del derecho, a las personas que implementarán las leyes en cada caso puntual.
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