Pese a estar permanentemente amenazadas por actividades ilícitas, como la minería o la tala, y ser poco reconocidas en los acuerdos internacionales, las tierras protegidas por los pueblos originarios y comunidades locales secuestran al menos 30 toneladas de dióxido de carbono al año por hectárea.
Esto es más del doble que lo que secuestran las tierras manejadas por otros grupos, incluyendo las Áreas Naturales Protegidas, y representa el 30% en promedio de lo que capturan juntos Brasil, Colombia, México y Perú si quieren cumplir sus compromisos internacionales para mitigar el cambio climático.
Esto es lo que reveló un nuevo reporte de la Evaluación de la Declaración sobre Bosques, elaborado entre el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, en inglés) y Climate Focus, que calculó el potencial de mitigación de las tierras originarias comunitarias en esos cuatro países y evaluó qué papel juegan en sus voluntarias contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, en inglés).
Estas NDC son compromisos que asume cada país, según sus propias circunstancias, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con base en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Cmnucc).
Lo que muestra el reporte es que ninguno de los cuatro países analizados incluye en sus NDC el papel crucial que juegan estas tierras ni plantean protegerlas para conseguir sus metas de mitigación. “Estas tierras, que nos han estado salvando silenciosamente del desastre climático”, son “invisibles en los informes nacionales”, dice el documento.
Los científicos del clima aseguran que “ya se sabía que los pueblos originarios y otras comunidades locales son muy buenas para proteger los bosques, y que los bosques donde ellos viven tienden a tener tasas de deforestación menores que aquellos que no son gestionados por grupos locales, lo que no se sabía era cuánto carbono capturan estos bosques al año”.
El secuestro de carbono es el proceso por el que los bosques absorben este gas de la atmósfera y lo incorporan a su estructura a través de la fotosíntesis.
La cantidad de carbono secuestrado que revela el reporte permite hacer comparaciones con otros sectores económicos.
Por ejemplo, Perú tendría que retirar toda su flota vehicular para compensar tan solo el 50% de los servicios de secuestro de carbono que llevan a cabo los bosques protegidos. Brasil y Colombia tendrían que retirar 80% de su flota vehicular y México, 35%, para resarcir la captación de carbono que ofrecen estos territorios.
El reporte es aún más pertinente, luego de que en noviembre de 2021 141 países firmaron una declaración en la Conferencia de las Partes 16, que ocurrió en Glasgow, a través de la que asumieron el compromiso de detener la deforestación para 2030.
A pesar del papel tan importante que juegan los pueblos originarios en la lucha contra el cambio climático, suelen ser excluidos de los planes y acuerdos climáticos internacionales.
Las tierras originarias y comunitarias son cruciales para que los países latinoamericanos logren sus compromisos de mitigación, pero en vez de ser reconocidas y protegidas, están en permanente amenaza debido a la violencia y las actividades ilegales como la tala, la minería y la explotación de recursos naturales, frecuentemente avaladas por autoridades locales y federales, y en colusión con grupos del crimen organizado.
Los países no podrán cumplir sus metas climáticas si no incluyen los derechos y la participación significativa (no solo a nivel de consulta) de estas poblaciones americanas.
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