Era inconcebible, cinco años atrás, que un país conservador como Colombia eliminara el delito de aborto del Código Penal (hasta la semana 24 de embarazo). O que Chile, de fuerte tradición católica y neoliberal, esté a punto de votar una constitución que consagra los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el aborto voluntario.
En febrero de este año, la corte constitucional de Colombia eliminó del Código Penal el delito de aborto hasta la semana 24 de gestación, respondiendo a una demanda presentada por Causa Justa, punta de lanza de una amplia campaña social y jurídica de la que participaron más de 120 movimientos y miles de activistas.
La campaña, presentada en febrero de 2020, fue el resultado de una acumulación política nacional e internacional, que cambió el debate público sobre el aborto en Colombia para convertirlo en un movimiento colectivo y articulado.
El aborto estuvo totalmente prohibido en Colombia hasta 2006, cuando un fallo de la corte constitucional, impulsado por varias de las activistas de Causa Justa, lo despenalizó bajo tres causales: peligro para la salud o la vida de la mujer, incompatibilidad del feto con la vida extrauterina y violación.
El mismo aire vanguardista de Colombia se respiró en Uruguay en 2012, cuando el país legalizó el aborto hasta la semana 12. Y otra vez también en Argentina en 2020, cuando el Congreso adoptó una ley que permite los abortos hasta la semana 14, tras una lucha de décadas. La “marea verde”, por el color de los pañuelos de la campaña por aborto legal, seguro y gratuito, inspiró y energizó a toda la región.
Pero las fronteras de lo posible no dejan de estirarse en América Latina. Apenas un mes después del fallo colombiano, la convención constitucional de Chile —que está redactando una nueva Carta Magna— aprobó (por amplia mayoría) un artículo que consagra los derechos sexuales y reproductivos como fundamentales y garantizados por el estado. Esos derechos incluyen el aborto.
El artículo establece que “todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos que comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción”.
El aborto se prohibió totalmente en Chile por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1999), y solo desde 2017 es permitido en casos de violación, inviabilidad fetal y riesgo de vida para la mujer.
El año pasado, la corte suprema de México declaró inconstitucional la penalización absoluta del aborto e invalidó una ley federal que permitía al personal de salud negarse a realizar abortos por “objeción de conciencia”.
Este fallo significa que ninguna mujer puede ir a la cárcel por abortar, sienta jurisprudencia y presiona a los estados para que legalicen el aborto.
De hecho, siete estados mexicanos ya legalizaron el aborto voluntario en las primeras 12 semanas de gestación, cinco de ellos en el último año y medio: Ciudad de México (2007), Oaxaca (2019), Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima (2021) y Sinaloa (2022).
Hoy puede decirse que el 37% de la población de América Latina y el Caribe, que asciende a 652 millones de personas, vive en países donde las mujeres ganaron el derecho al aborto legal o a no ser encarceladas por abortar (incluyendo también a Cuba, Guyana y Puerto Rico).
Hace cinco años la proporción era de menos de 3%.
Nada de esto hubiera sido posible sin el activismo, las redes feministas, las movilizaciones y la discusión sobre la autonomía de las mujeres. Es saludable que avancen los derechos paras las mujeres latinoamericanas.
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