La democracia está malherida en muchas regiones y países del mundo, y a pesar de las graves denuncias sobre violaciones de derechos humanos, las prácticas autoritarias permanecen como una mancha oscura en la tercera década del siglo XXI.
Los organismos de inteligencia del Estado venezolano funcionan como estructuras para la ejecución de un plan, “orquestado desde los niveles más altos del gobierno”, para reprimir la disidencia mediante crímenes de lesa humanidad, según el informe de una misión de las Naciones Unidas publicado recientemente.
El Estado venezolano “utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, afirmó la ONU.
La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela (MIIV) fue establecida en septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En los informes de 2020 y 2021 la MIIV ya dio cuenta de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género, cometidos por agentes estatales venezolanos desde 2014.
Ahora ha presentado dos informes, uno que detalla las funciones y los aportes en diferentes niveles de las cadenas de mando de los organismos responsables, y otro sobre violaciones y crímenes cometidos por actores estatales y no estatales en zonas extractoras de oro en el estado Bolívar, fronterizo con Brasil.
La MIIV basó las conclusiones de ambos informes en 246 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia, realizadas tanto en persona como a distancia.
Además, analizó los expedientes judiciales y otros documentos relacionados con los incidentes, y visitó áreas cercanas a las fronteras con el país, “debido a que desde su establecimiento en 2019 continúa sin poder acceder al territorio venezolano”.
La misión documentó 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia sexual u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar “en su sede en Caracas y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país”.
La Policía política (Sebin) “ha torturado o infligido malos tratos a detenidos, entre ellos políticos de oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos” en su centro de detención El Helicoide, en Caracas, dice el informe.
Al respecto, la MIIV “investigó 51 casos que ocurrieron desde 2014”, y en su informe detalla “cómo las órdenes fueron impartidas por autoridades del más alto nivel a funcionarios de menor rango”.
Tanto el Sebin como el organismo de Inteligencia Militar “hicieron uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos”, asentó el informe, y agregó que “esas violaciones y crímenes continúan hasta hoy”.
Las autoridades venezolanas “no han investigado ni procesado a los responsables ni han proporcionado reparaciones a las víctimas, en un contexto en el que las reformas anunciadas a partir de 2021 tampoco solucionaron la falta de independencia e imparcialidad que aqueja al sistema de justicia”.
El análisis de la misión “en definitiva detalla cómo esta maquinaria fue puesta en marcha por el presidente (Nicolás) Maduro y otras autoridades de alto nivel como parte de un plan deliberado del gobierno para reprimir la crítica y la oposición”.
Las manchas oscuras de la democracia están tristemente vigentes en muchas naciones del planeta.
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