Una pretensión descabellada y un fallo absurdo

Como la única verdad es la realidad, vale la pena repasar los elocuentes testimonios de trabajadores de la provincia de San Luis referidos a la medida cautelar interpuesta por dirigentes opositores, puntualmente por quienes serán gobernador y vicegobernador a partir del 10 de diciembre, y sus consecuencias: "Por esta cautelar muchos nos quedamos sin trabajo. Estoy suspendido. Estaba trabajando en la Circunvalación, con la empresa Semisa, pero el lunes me suspendieron por este problema. Estaba en la parte de hierro y carpintería e íbamos a ir a la obra de la Santos Ortiz, pero por esto quedamos sin trabajo". "Estaba en la Villa Deportiva, pero nos quedamos sin laburo y necesitamos trabajar. Llegamos a la obra y nos dijeron directamente que estábamos de baja. Era pañolero en las empresas Jockey Club y Green. Por esta medida redujeron personal. Ojalá podamos volver al trabajo". "Nos despidieron porque han parado las obras. No hay nada de trabajo y nos quedamos en la calle. Estaba en Alubry en la parte de montajes, pero por baja producción nos dejaron sin trabajo. Encima llegan las Fiestas y no tenemos laburo hasta vaya a saber cuándo. Nos despidieron por todo esto, pero queremos saber qué pasará. Todos tenemos familia". Clarísimo. Contundente.

Los peticionantes pretenden paralizar absolutamente toda la actividad de un gobierno que actúa dentro de los plazos que la Constitución y las leyes fijan para su mandato. Los peticionantes invocan un carácter que no existe, para ello presentan una acordada de proclamación donde se señala con absoluta claridad que fueron electos el 11 de junio y su mandato comienza el 10 de diciembre de 2023. Los peticionantes manifiestan explícita e inequívocamente su desconocimiento acerca de lo que pretenden alegar: “… No sabemos si estas contrataciones, así como el aumento del gasto en sueldos y beneficios sociales, será absorbido con los recursos ordinarios sin afectar el resto de las erogaciones estatales o si los gastos estatales serán sufragados con la venta de los dólares que estaban reservados en la caja de seguridad, y en este caso, hasta qué fecha los mismos serán suficientes para el pago de los compromisos asumidos…”.

Cualquier lector inquieto sabe que las fuentes del derecho son las leyes, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. En un derroche de creatividad, la jueza laboral interviniente en la cautelar que pretende paralizar la obra pública y la provincia completa acaba de incorporar a la televisión. Siempre y cuando como explícitamente aclara la haya visto “personalmente”. No cabe el recurso si le contaron lo que dijo la tele. De sus argumentos se desprende además que falla como puntana. O sea, una jueza correntina, formoseña o santafesina no lo haría de la misma forma. Empieza a ser un tanto subjetivo su dictamen. Es de cortesía darle la bienvenida a la política, toda vez que en su fallo se permite afirmar: “… Toda transición debe ser un trabajo conjunto, de los diferentes equipos, del gobierno, en forma ordenada. Es el pueblo de San Luis quien está comprometido en ello…”. Brotan a granel los argumentos para repudiar la inclusión de expresiones de estas características en una medida cautelar que pretende paralizar la acción de un gobierno legal, legítimo y absolutamente representativo de la voluntad popular. De todos modos, su señoría afirma que "será justicia", y con mucha ligereza declara que si, de última, su fallo no es pertinente, la Cámara lo corrige y listo. Es más, afirma que esto le pasa todos los días.

Para comprender la gravedad de la situación vale la pena rescatar algunos argumentos de lo resuelto por el Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura de la Provincia, cuya lectura completa se vuelve imprescindible para comprender la gravedad de la situación: “… Puede citarse como ejemplo la construcción del actual Palacio de Justicia (ex Casa de Gobierno), emplazado en las calles 9 de Julio y Rivadavia, cuya ejecución comenzó durante el mandato del gobernador Adolfo Rodríguez Saá ("El Pampa") por el año 1913 y finalizó por el 1917 bajo el mandato de otro gobernador… Claudio Poggi… en el año 2015, en el último año de su mandato como gobernador, decretó la adjudicación de más 70 trámites licitatorios de Obras Públicas cuya ejecución excedía su mandato constitucional y en la actualidad manifiesta y solicita medidas en el sentido opuesto a las que él mismo ejecutó en su momento…”.

Pese a todo… será justicia.