Chile atrapado en una reforma que no fue

Chile concluyó el 17 de diciembre un largo e infructuoso proceso para una nueva Constitución, con el plebiscito en el que triunfó la opción “En contra”, con un rechazo del 55,76% de los votantes a la propuesta elaborada por un Consejo Constitucional controlado por el Partido Republicano, de extrema derecha.

La búsqueda de una Carta Fundamental “nacida en democracia”, que reemplazará a la que impuso en 1980 la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), comenzó en noviembre de 2019 y se cerró tras dos elecciones de constituyentes y dos plebiscitos que tuvieron en común el fracaso de los respectivos proyectos constitucionales, de signos opuestos.

El presidente Gabriel Boric ratificó el fin —durante su gobierno— de este maratónico proceso constitucional que “estaba destinado a traer esperanza y finalmente ha generado frustración y hasta hastío en una parte relevante de la ciudadanía”.

En el plebiscito, de voto obligatorio, acudió a las urnas el 84,4% del padrón electoral. La opción “En contra” ganó con el 55,76% de los sufragios válidos y ganó en 13 de las 16 regiones del país. La opción “A favor”, con 44,24%, solo triunfó en los tradicionales bastiones agrarios y conservadores del centro de Chile y en la conflictiva región de la Araucanía.

Las encuestas anticiparon la victoria del sufragio “En contra”, aunque la extrema derecha albergaba esperanzas en una sorpresa de “la mayoría silenciosa”, que no ocurrió. Así, el resultado fue recibido sin algarabía, aunque en los círculos progresistas y, sobre todo en las organizaciones feministas, fue recibido con alivio la derrota de la apodada “Kastitución”.

Ese fue el apodo que se le dio a la propuesta del Consejo Constituyente que recogió los planteamientos de José Antonio Kast, el líder del Partido Republicano, de extrema derecha, que en los hechos subordinó a los partidos autodefinidos como centroderecha: Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente y Evópoli (Evolución Política).

La campaña del “A favor”, que recibió millonarios aportes financieros, tuvo el respaldo de los presidentes de los gremios empresariales, así como de la disidencia de la Democracia Cristiana agrupada en el Partido Demócrata, y de los Amarillos por Chile, un grupo variopinto surgido en la oposición al anterior proyecto constitucional, de corte progresista, rechazado en el plebiscito de septiembre de 2022.

Lo cierto es que la Carta Fundamental impuesta en un irregular plebiscito en 1980 ha tenido numerosas enmiendas desde el fin de la dictadura en 1990. Las reformas más trascendentales tuvieron lugar en el año 2005, al punto que se habla de “la Constitución Pinochet-Lagos”, en alusión al presidente Ricardo Lagos.

Así, la continuidad de esa Constitución resultó a la postre aceptable para las dos coaliciones con las cuales gobierna Boric desde marzo de 2022: Apruebo Dignidad, conformada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, y el Socialismo Democrático, cuyos ejes son el Partido Socialista y el Partido por la Democracia.

A la postre, quien graficó mejor el significado del rechazo a la “Kastitución” fue la abogada independiente Verónica Undurraga. “El triunfo del ‘En contra’ no es un resultado para celebrar, pero es el resultado menos malo en un proceso que, lamentablemente, no terminó bien”.

Agregó que, por parte de la derecha “hubo una apuesta muy pensada en este proceso de seguir fórmulas muy probadas en Estados Unidos o Argentina: se buscó aprobarla con una campaña extremadamente agresiva y descalificatoria”, dijo en alusión a los estilos de Donald Trump y Javier Milei.

En síntesis, lo más trascendente de la continuidad de la Carta Fundamental “Pinochet-Lagos” radica en que impidió el intento de la extrema derecha de dar rango constitucional a las administradoras privadas de los fondos de pensiones y de las cotizaciones de salud, así como la pretensión de anteponer las leyes nacionales a los tratados internacionales.