La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) criticó las detenciones arbitrarias y otros excesos constatados en El Salvador durante el estado de emergencia que ya cumple un año.
Simultáneamente las encuestas en los barrios que estaban asolados por las pandillas le dan el voto de confianza a la decisión gubernamental.
“Entendemos los serios desafíos que plantea la violencia de las pandillas y el deber del Estado de garantizar la seguridad. Sin embargo, es su deber hacerlo en cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos”, declaró Acnudh en un comunicado.
La oficina recordó que el 27 de marzo de 2022 fue implantado un estado de emergencia, inicialmente por un mes y que desde entonces fue renovado periódicamente, y durante el que “las autoridades han tomado varias medidas que plantean graves problemas de derechos humanos”.
Al menos 65.000 personas, incluidos niños, fueron detenidas desde entonces. Unos 4.000 individuos fueron llevados, semidesnudos y encadenados, a una cárcel de máxima seguridad recién construida, en operaciones de traslado ampliamente publicitadas por el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
La Acnudh subrayó que el derecho a la vida, la prohibición absoluta de la tortura, los principios de un juicio justo y las garantías procesales que protegen estos derechos deben aplicarse en todo momento, incluso durante los estados de emergencia.
Algunas de las detenciones masivas “pueden equivaler a detenciones arbitrarias, ya que parecen estar basadas en investigaciones poco fundamentadas, en perfiles burdos de la apariencia física —casi todos los hombres presos lucen muchos tatuajes— o el origen social de los detenidos”.
Las condiciones en los lugares de detención superpoblados también son consideradas muy preocupantes, y Acnudh recibió denuncias de graves violaciones de los derechos de los presos, como la reclusión prolongada en régimen de aislamiento.
También hubo casos de reclusos con enfermedades crónicas que no reciben la medicación prescrita y denuncias de otras formas de malos tratos.
“Es especialmente preocupante que presuntamente 90 personas hayan muerto bajo custodia desde que se promulgó el estado de emergencia y solo se dispone de información limitada sobre cómo avanzan las investigaciones sobre estas muertes”, denunció la oficina.
Los Estados tienen un deber mayor de proteger la vida de las personas privadas de libertad. Hasta el momento, la institución nacional de derechos humanos de El Salvador recogió cerca de 8.000 denuncias de violaciones de derechos contra los presos.
La Acnudh instó a las autoridades a garantizar que las personas no sean detenidas sin autorización legal suficiente, y que garanticen que quienes sean detenidos cuenten con todas las salvaguardias fundamentales exigidas por el derecho internacional de los derechos humanos.
El gobierno también debe permitir que la institución nacional de derechos humanos acceda sin restricciones a todas las instalaciones penitenciarias para que pueda realizar informes regulares e independientes sobre las condiciones.
Encontrar soluciones a largo plazo para la inseguridad y el crimen requerirá abordar las causas fundamentales de la violencia de las pandillas, como las desigualdades sociales, la marginación y la falta de políticas sociales y gobernanza efectivas.
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