El intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 fortaleció la democracia en Brasil, pero un año después aún quedan por domar los riesgos de la desinformación en las redes sociales y de la intromisión política de los militares.
“Es el momento de reafirmar la necesidad urgente de neutralizar uno de los grandes peligros modernos de la democracia, la instrumentación de las redes sociales por el nuevo populismo digital extremista”, dijo Alexandre Moraes, presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), en el primer aniversario del fracaso de la asonada ultraderechista en Brasilia.
A través de las plataformas digitales fueron propagadas las mentiras para desacreditar el sistema electoral brasilero, en un proceso que culminó en la invasión de las sedes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en Brasilia, ante la omisión de la Policía Militar del Distrito Federal que debería proteger la ciudad.
La institucionalidad estuvo pendiente de un hilo en aquel día en que por lo menos 5.000 seguidores radicales del expresidente Jair Bolsonaro invadieron y vandalizaron las sedes, para reclamar una intervención militar contra el gobierno investido ocho días antes.
Las decisiones rápidas de algunas autoridades evitaron una tragedia más traumática y cruenta, destacan relatos periodísticos de los últimos días, especialmente el documental “8/1: La democracia resiste”, de Globo News.
La primera fue la decisión del presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva de rechazar una operación de Garantía de la Ley y del Orden (GLO), que movilizaría efectivos de las Fuerzas Armadas para restablecer la seguridad pública y reemplazar a una Policía desbordada en la capital del país.
Sería entregar el poder a los militares, justificó Lula, sorprendido por la sublevación en su visita a Araraquara —ciudad de 242.000 habitantes en el interior del estado de São Paulo, a 670 kilómetros de Brasilia—, azotada por lluvias torrenciales que habían destruido calles y matado seis personas.
Lula optó por decretar la intervención en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, para obligar a la Policía local a cumplir su misión de proteger la capital, desalojar a los invasores y detenerlos.
La intervención logró en pocas horas poner en operación los efectivos policiales necesarios para acabar la invasión y detener a 243 invasores en flagrancia, con la ayuda de los guardias del Senado y de la Cámara de Diputados, que resistieron la invasión, pero solo pudieron evitar la destrucción de algunas partes.
Otros 1.927 fueron detenidos en el campamento delante del Cuartel General del Ejército, donde miles de activistas de la extrema derecha bolsonarista se habían turnado 70 días para reclamar un golpe militar.
A ese campamento se sumaron cerca de 4.000 personas venidas en la víspera, desde distintas ciudades del centro-sur de Brasil, para la invasión de los Tres Poderes, en la operación denominada “La fiesta de Selma”, fijada para el domingo 8 de enero de 2023.
Fue notable que en todo ese drama, concentrado en menos de 24 horas, no hubo un solo disparo de arma de fuego ni muertos, solo algunos heridos.
De los 2.170 detenidos iniciales, 1.413 fueron enjuiciados y 30 fueron condenados con hasta 17 años de cárcel. Otros 29 deben ser juzgados por el Supremo Tribunal Federal en febrero.
El golpe de Estado fracasó a causa de factores decisivos: la incapacidad de un líder como Bolsonaro. La resistencia del Supremo Tribunal Federal, especialmente por la “rígida actitud” de Alexandre Moraes, y la falta de unidad entre los militares.
La democracia salió fortalecida en Brasil, pero continúa el debate del extremismo en las redes sociales y la imagen de los militares perdió todo su glamour.
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