La oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado a que cualquier medida de emergencia para abordar la violencia en Ecuador sea “proporcionada y limitada a lo requerido por la situación de seguridad”.
“Cualquier restricción debe respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación”, declaró la ONU.
Especificó que las facultades otorgadas a las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública deben ser excepcionales, limitadas en el tiempo y subordinadas ante las autoridades civiles, a quienes deben rendir cuentas.
“Todas las operaciones de las fuerzas de seguridad deben basarse en el principio de no discriminación y alinearse con el derecho internacional. Esto también es crucial para mantener la confianza pública y la cohesión social durante dichas operaciones”.
Durante la segunda semana de enero la violencia estalló en Ecuador. Inició con la fuga desde las cárceles de varios jefes de bandas delictivas, mientras cientos de secuaces se amotinaban en las prisiones y tomaban a decenas de custodios como rehenes.
Una docena de pandilleros asaltó el martes 9 una estación de televisión durante la transmisión en vivo de un noticiario y sometió con armas de fuego a los trabajadores, para demostrar la fuerza de las bandas criminales. La Policía logró reducirlos.
Entretanto, otros grupos atacaron una universidad tratando de secuestrar a profesores y estudiantes, incendiaron vehículos en las calles —principalmente en Guayaquil, puerto del Pacífico donde son muy fuertes las bandas— y protagonizaron encuentros con agentes del orden que dejaron una decena de muertos en varias ciudades.
El presidente Daniel Noboa decretó el estado de Conflicto Armado Interno, declaró terroristas a 22 organizaciones delictivas, ordenó a los militares ir a las calles para acompañar a la Policía en la lucha contra el crimen y las Fuerzas Armadas declararon objetivo militar a los integrantes de esos grupos irregulares.
Quito —la capital andina—, Guayaquil y otras ciudades son patrulladas intensamente por los uniformados, mientras rige un toque de queda nocturno, las clases fueron suspendidas y las actividades comerciales, de oficinas, fabriles y de transporte se han reducido en un panorama de calles visiblemente desoladas.
La Acnudh recibió reportes de que han muerto al menos 12 personas en enfrentamientos, incluidos dos agentes de policía, mientras 170 trabajadores penitenciarios y administrativos han sido tomados como rehenes en siete prisiones diferentes y se difunden amenazas contra la población a través de redes sociales.
Según reportes de medios ecuatorianos, las bandas delictivas controlan la mayoría de las cárceles donde hay unos 31.000 presos —en el país de 18 millones de habitantes— y actúan en coordinación con los grupos fuera de las rejas, varios de los cuales responden a carteles de droga mexicanos y colombianos.
Por su parte, la oficina para el hemisferio de la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) se sumó a las observaciones sobre el despliegue militar que Ecuador ha dispuesto para enfrentar la oleada criminal: “La situación que están sufriendo los ecuatorianos a manos de las bandas criminales es dramática y exige respuestas efectivas para proteger a la población, pero no creo que la decisión de reconocer un conflicto armado en el país sea la solución”.
“Autorizar el uso de la fuerza letal como primera opción abre la puerta a graves abusos con impunidad. Lo que necesita Ecuador para enfrentar el crimen organizado son más y mejores fiscales y jueces que investiguen de manera efectiva a las bandas y atacar el lavado de activos y la corrupción que les permite operar en el país”, dijo HRW.
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