Cada vez hay más pruebas de que ningún individuo, ninguna empresa, ni ningún sector de la sociedad puede afirmar que está completamente libre de violencia y acoso laboral.
Sin embargo, la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que afecta al menos a una de cada cinco personas empleadas, pueden prevenirse y eliminarse con medidas de salud y seguridad.
Así lo planteó un nuevo estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un documento en el que aboga por “construir un enfoque inclusivo, integrado y sensible al género”, movilizando en esa dirección tanto a empleadores como trabajadores y a sus organizaciones.
Esos problemas pueden afectar a todo tipo de lugares de trabajo y también producirse durante los desplazamientos, los viajes relacionados con el trabajo, los eventos, las comunicaciones digitales, las actividades sociales y en las oficinas en casa.
Los marcos de seguridad y salud abordan las causas profundas de la violencia y el acoso abordando los riesgos subyacentes, como la organización inadecuada del trabajo, y los factores relacionados con tareas específicas, como, por ejemplo, trabajar solo o interactuar constantemente con terceros.
También las condiciones de trabajo que producen altos niveles de estrés y que, a su vez, conducen a la violencia y el acoso, con gran costo para la salud, el bienestar y los medios de vida de los trabajadores y para la prosperidad de las empresas.
Ello por la reducción de la productividad, la sustitución, la jubilación, el daño a la reputación y la pérdida de trabajadores productivos. También daña al conjunto de la sociedad, pues lleva una mayor presión sobre los servicios sociales y de bienestar.
En los 25 países estudiados, cerca de dos tercios de todas las disposiciones legales sobre violencia y acoso en el lugar de trabajo están contenidas en la legislación y los reglamentos sobre salud y seguridad.
Las políticas de salud y seguridad son más detalladas a la hora de esbozar estrategias preventivas y definir las responsabilidades de empresarios y trabajadores en comparación con otros enfoques normativos.
En América, Europa y Asia Central, las disposiciones sobre violencia y acoso están integradas principalmente en las leyes que regulan la salud y seguridad en el trabajo, mientras que en Asia-Pacífico y los Estados Árabes la atención está centrada en abordar el acoso sexual a través de marcos jurídicos específicos.
En Dinamarca existen leyes específicas para prevenir la violencia y el acoso, mientras que El Salvador lo reconoce como un riesgo psicosocial.
España y Túnez cuentan con una amplia legislación en la materia, pero solo España reconoce explícitamente y proporciona orientación sobre su gestión. Las políticas de Barbados y Bangladesh abordan principalmente el acoso sexual.
La manufactura, el sector público, la agricultura, la silvicultura y la pesca, y el transporte, la logística y las comunicaciones representan los cuatro sectores que incluyen la mayor proporción de convenios colectivos que contienen cláusulas acerca de la violencia y el acoso.
Las cláusulas contienen principalmente normas de prohibición (sobre violencia y acosos en general o específicamente sobre acoso sexual), principios de respeto mutuo y reglas al nivel de respuesta, es decir, especifican las consecuencias si ocurre un incidente de violencia y acoso en el lugar de trabajo.
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