A las puertas de las elecciones presidenciales de El Salvador, el actual mandatario, Nayib Bukele, aparece como el ganador indiscutible, en medio de una larga y agria controversia sobre si está permitida o no su reelección inmediata.
El próximo 4 de febrero, unos 6,2 millones de salvadoreños del registro electoral estarán llamados a elegir, por un nuevo período de cinco años, al presidente y vicepresidente del país, y para el siguiente trienio a los 60 diputados de la unicameral Asamblea Legislativa.
Un mes después, el 3 de marzo, los electores escogerán a los alcaldes de 44 distritos municipales.
Al contrario de procesos electorales pasados, cargados de entusiasmo y animosidad, la campaña proselitista esta vez es apagada y sin brillo, pues ni Bukele se ha metido de lleno, probablemente porque cree que ganará fácilmente, y la oposición, sin financiamiento ni apoyo popular, no logra entusiasmar a nadie.
“Lo que no hay que olvidar es que la candidatura de Nayib Bukele es inconstitucional, es una aberración jurídica que cometió la Sala de lo Constitucional en 2021”, afirman los analistas.
La resolución del 3 de septiembre de 2021 de la Sala de lo Constitucional que interpretó el polémico artículo 152 de la Constitución abrió la puerta para que Bukele pudiera inscribirse como candidato para un segundo período consecutivo, algo que otros jueces constitucionales no habían permitido.
Pese a esa controversia, los sondeos de opinión le dan a Bukele, de 42 años, una clara y abultada ventaja sobre sus competidores.
La encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, publicada el 6 de diciembre, le otorgó el 61,7% de intención de voto, mientras que los cinco candidatos a la presidencia por la oposición no alcanzaron el 10% juntos.
Para muchos salvadoreños las discusiones de políticos y analistas sobre inconstitucionalidades no ayudan a resolver los problemas del país, mientras que las acciones del presidente sí han demostrado beneficios, por ejemplo, desarticular las temidas pandillas, llamadas “maras”.
En marzo de 2022 Bukele impulsó un régimen de excepción que suspendió varias garantías constitucionales y permitieron lanzar una ofensiva policial y militar contra esos grupos delictivos, que por décadas habían sembrado el terror entre la población, con asesinatos y extorsiones.
A la fecha van más de 74.000 capturados en el marco de esa estrategia, avalada por la población, aunque ha estado plagada de abusos policiales y de militares, así como de capturas de personas inocentes, sin vínculos con pandillas.
Esos abusos y capturas fueron documentadas por organizaciones de derechos humanos, pero la población en general, aunque pudiera lamentarlo, no los valora tanto como la libertad de poder moverse por los caminos del país sin el temor de ser asesinados por pandilleros.
El apoyo a Bukele confirmaría la opinión de analistas, incluso críticos del gobierno, de que es esa política de mano dura contra las pandillas la principal ventaja política del ahora candidato presidencial.
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