Violencia e impunidad contra la salud en tiempos de guerra

Los activistas de Derechos Humanos han pedido insistentemente a los gobiernos y a las agencias internacionales que redoblen los esfuerzos para terminar con la impunidad frente a la violencia que sufre la atención a la salud en contextos de guerra. Al tiempo que fueron conocidas nuevas denuncias de que ese tipo de ataques alcanzó un nuevo máximo histórico el año pasado.

El informe de la Coalición para la Salvaguardia de la Salud en Conflictos (CSSC), que reúne a organizaciones dedicadas a temas de salud y Derechos Humanos, documentó 2.562 incidentes de violencia que obstruyeron o atentaron contra el cuidado de la salud en conflictos en 30 países, 500 veces más que en 2022.

La organización señaló que el 25% de aumento registrado el año anterior ocurrió en países afectados por conflictos y en los que decenas de millones de personas ya estaban sufriendo guerras, desplazamientos masivos y una gran privación de alimentos y otras necesidades básicas.

Pero más allá del sufrimiento inevitable que causa esta violencia contra el cuidado a la salud, el informe resaltó que una característica consistente de los ataques era la continua impunidad de los perpetradores.

A pesar de los reiterados compromisos, los gobiernos no modifican sus prácticas militares, ni dejan de transferir armas a los responsables ni los llevan frente a la Justicia.

La organización instó a los líderes nacionales y a los jefes de organizaciones internacionales, incluyendo las agencias de la ONU, a tomar fuertes medidas para garantizar el de la violencia contra el cuidado de la salud.

“Tiene que haber un cambio en la asignación de las responsabilidades por violar el derecho humanitario internacional al no respetar la protección de la salud ni de los profesionales porque los mecanismos de hoy en día no proporcionan una seguridad adecuada. Tenemos que hacer preguntas difíciles”, recalcó Christina Wille, directora de la organización humanitaria Insecurity Insight, que colaboró en la redacción del informe.

Los ataques contra la atención médica fueron una característica destacada en los últimos conflictos, el informe de la CSSC afirma que el aumento de los ataques en 2023 fue en parte producto de la violencia intensa y persistente contra la salud en los territorios palestinos ocupados, y también en Myanmar, Sudán y Ucrania.

Organizaciones de Derechos Humanos llaman cada vez más la atención sobre cómo las fuerzas atacantes apuntan intencionalmente contra centros de salud y el personal médico.

Los hospitales y otros centros de salud están destinados a la protección de civiles en el marco del derecho internacional y es ilegal atacarlos u obstruir la atención.

Las ambulancias tienen el mismo estatus. Esto no se aplica si el hospital o centro de salud es utilizado por combatientes con objetivos que sean considerados dañinos para un enemigo, pero incluso en esos casos, la fuerza atacante debe avisar de la agresión y permitir la evacuación.

Sin embargo, en muchos conflictos, las fuerzas combatientes parecen ignorarlo cada vez más.

El informe resalta que desde el principio de las dos nuevas guerras de 2023 (Sudán y el conflicto entre Israel y Hamas), las partes en guerra mataron a profesionales de la salud, atacaron clínicas y destruyeron sistemas de salud enteros. Mientras, en Myanmar y Ucrania los ataques no disminuyen: en cada conflicto, superaron los 1.000 desde sus inicios en 2021 y 2022 respectivamente, y en muchos otros conflictos crónicos las fuerzas de combate secuestran y matan a profesionales, y saquean instalaciones médicas.

Al mismo tiempo, el informe identificó una inquietante tendencia: los combatientes entran a los hospitales o los ocupan de manera violenta como sitios en los que realizar operaciones militares, hiriendo y matando pacientes y personal médico.

Debe cesar la impunidad de la violencia contra la salud en tiempos de guerra.