Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de todo el mundo celebraron el dictamen del Tribunal Internacional de Derecho del Mar que estableció las emisiones de carbono como contaminación marina y determinó que los Estados deben tomar medidas para mitigar sus efectos.
La opinión del Tribunal “es particularmente relevante para la implementación del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible”, dijeron los expertos que actúan bajo el paraguas del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El Tribunal del Mar, creado por la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982, “enfatiza las obligaciones de los Estados de realizar evaluaciones ambientales y socioeconómicas de cualquier actividad que pueda causar contaminación marina relacionada con el cambio climático”.
La decisión del Tribunal y la opinión de los expertos ocurre en vísperas de la reunión que efectuarán los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) en la caribeña Antigua y Barbuda.
El dictamen del Tribunal Internacional de Derecho del Mar fue solicitado el pasado septiembre por un grupo de nueve PEID del Pacífico y el Caribe, amenazados por la subida del nivel del mar, asociada al cambio climático.
Solicitaron que considerara tres cuestiones: si las emisiones de gases de efecto invernadero pueden considerarse contaminación marina, cuáles son las obligaciones de un Estado para prevenir y reducir esa contaminación, y cuáles las que tiene que proteger, y preservar los océanos de los impactos del cambio climático.
La conclusión del Tribunal es que las emisiones de gases de efecto invernadero, que calientan la atmósfera y precipitan el cambio climático, sí constituyen una forma de contaminación marina.
Por lo tanto, la obligación legal de los Estados de proteger y preservar el medio marino en virtud de la respectiva Convención de la ONU también se aplica a los principales causantes de la crisis climática, y tendrían obligaciones para restaurar los hábitats y ecosistemas marinos.
El Tribunal reconoció a esa Convención como un recurso de los países en desarrollo y vulnerables al clima, que son los que menos han contribuido, pero los que más sufren las consecuencias del cambio climático.
Aunque la opinión consultiva del Tribunal no es vinculante, los expertos de la ONU consideran que puede impactar en los pronunciamientos de otros tribunales —internacionales, regionales y nacionales— sobre cuestiones climáticas.
El Tribunal consideró que los Estados deben garantizar que la contaminación causada por emisiones bajo su jurisdicción o control no se traslade a otras áreas fuera de su soberanía, y asistir a los países más vulnerables, como los PEID, en su lucha por contener y reducir su impacto.
También reiteró y aclaró obligaciones de los Estados sobre adaptación y restauración de ecosistemas; protección de ecosistemas raros o frágiles contra el calentamiento de los océanos, el aumento del nivel del mar y la acidificación de los océanos, y la creación de áreas marinas protegidas.
En Antigua y Barbuda, los líderes de los 39 PEID presentarán un nuevo plan de acción para incrementar la resiliencia de sus naciones, según pautan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por la ONU en su Agenda 2030.
Los retos comunes que enfrentan son la densidad de sus poblaciones y la consiguiente presión sobre los servicios básicos, la escasez de recursos naturales, los costos de sus exportaciones e importaciones, el elevado endeudamiento y, de manera destacada, la necesidad de cooperación mundial frente al calentamiento global.
El fallo del Tribunal es una herramienta indispensable para el futuro de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, y también lo es para la salud del planeta.
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