Alertan por la desregulación de prestaciones de discapacidad

El gobierno nacional confirmó esta semana que está en evaluación la eliminación del nomenclador de prestaciones para discapacidad. Este es un cuadro tarifario que se aplica para establecer los montos que las obras sociales les pagan a los profesionales por su atención. Prestadores locales señalaron que ven la iniciativa con preocupación, ya que desregular así los servicios podría generar dificultades para el acceso a las personas con discapacidad y aumentará las negociaciones y burocracia con las obras sociales a la hora de pagarles a los profesionales. 

“En principio era un rumor, pero con el correr de los días se supo a ciencia cierta que era real, que existía la posibilidad de este decreto. Lo están estudiando”, apuntó Marcos Barzola, director del Centro de Día Colibríes en La Punta. “Nosotros lo vemos con mucha preocupación, porque si bien el sistema por el cual trabajamos no es perfecto y tiene un montón de falencias, podemos ir manejándonos o teniendo cierta previsibilidad de qué es lo que vamos a cobrar y de cuándo vamos a cobrar”, apuntó.

Barzola admitió que esa previsibilidad no es perfecta, ya que hay obras sociales que se atrasan en los pagos y las actualizaciones suelen ir por debajo de la inflación. Pero las consecuencias de un sistema desregulado serían más nocivas.

“Si este decreto fuera así y este nomenclador dejara de existir y quedara al libre mercado la negociación que los prestadores tendremos con las obras sociales, seguramente tendrá consecuencias. A nuestro centro asisten treinta personas, y algunos tienen obras sociales por este sistema y otros cuentan con Dosep, que no lo reconoce y el valor que nos paga es menor”, describió.

“Si se desregula, entraremos en una cuestión de ver con qué obras sociales nos conviene seguir trabajando y con cuáles no. Este nomenclador, más allá de todas las fallas que tenga, genera que toda persona con discapacidad sea igual a otra en cuanto a su atención, ya sea para el que tiene una prepaga como para el que tiene una obra social”, resumió.

“Los profesionales individuales como kinesiólogos, fonoaudiólogos y psicólogos que trabajan con discapacidad no van a tener posibilidades de negociar con una prepaga. Los prestadores van a terminar eligiendo con qué obra social o prepaga trabajar y con cuáles no. Hoy en día ya se está dando, hay muchos profesionales que no trabajan con Incluir Salud o con Dosep, porque los aranceles son bajos”, concluyó.

“Es terrible en cuanto a la igualdad en acceso a derechos. Si se desregula, cada uno va a poder elegir de manera arbitraria cuánto pagar, qué prestaciones brindar y cuáles no. Es mercantilizar la salud y el acceso a las prestaciones de las personas con discapacidad. Porque ya no va a ser igual la cobertura de una obra social a la de un sistema de un programa público (NdR: en este caso funcionan Incluir Salud y PAMI)”, opinó Evelyn Aguero, quien se desempeña en el área social del Centro de Día La Esperanza.

“Si lo podés pagar, bárbaro; si no lo podés pagar, estará librado a la suerte y al azar de cada uno, y es un retroceso de derechos terrible, porque es una población muy amplia, muy vulnerable, que nunca ha tenido representación real de los espacios de decisiones políticas. Y con este Gobierno mucho menos las tienen. Son decisiones arbitrarias que toman con base en su pensamiento y estadísticas mercantiles”, concluyó.

Actualización de montos

El viernes, se realizó una nueva reunión del Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas, que preside la Agencia Nacional de Discapacidad. Allí, se aprobó un aumento del 8,8% para los aranceles prestacionales. Este directorio está compuesto por representantes gubernamentales y de los prestadores. El primer grupo es mayoría y suele imponer las actualizaciones, apuntaron desde el Foro Permanente de Discapacidad.

"Los prestadores votaron en contra, ya que el atraso para el transporte es del 100% y para las otras prestaciones es del 42%", criticaron. Las autoridades confirmaron que se evalúa la desregulación.