El veto de Milei es oficial: cómo sigue la puja en Diputados

El gobierno nacional comunicó hoy al Congreso el veto a la ley de reforma jubilatoria, por lo que para que esa iniciativa vuelva a ser ley Diputados y el Senado deberán insistir con el respaldo de los dos tercios de cada cámara legislativa.

La ley que establecía un aumento de jubilaciones del 8,1% no se aplicará mientras esté vigente el decreto 782 firmado el viernes pasado por el presidente Javier Milei, y publicado hoy en el Boletín Oficial. 

"Tengo el agrado de remitirle adjunto al presente el Original del Mensaje N° 45/2024, que comunica el dictado del Decreto Nº 782/2024, por el cual se observa totalmente y se devuelve el Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.756", señaló el Gobierno en la nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. 

Ahora, el veto total deberá ser tratado en las comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda, que serán un filtro difícil de superar para la oposición porque esa última comisión es conducida por el libertario José Luis Espert.  

El radicalismo ya decidió que la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Gabriela Brouwer, citará lo antes posible a ese organismo para emitir dictamen de insistencia con la ley sancionada por el Congreso.

El problema está en la Comisión de Presupuesto: no se descarta que los bloques opositores recurran a un emplazamiento de ambas comisiones, una medida que solo se puede tomar cuando haya una sesión del cuerpo legislativo.  

De todos modos, el oficialismo ya trabaja para que la oposición no junte los dos tercios: para ello debe reunir 86 votos, si es que los 257 legisladores estuvieran presentes en el recinto de sesiones. 

En los fundamentos del decreto 782, el Gobierno señaló que el proyecto sancionado por el Congreso "es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento". 

También indicó que la Ley de Administración Financiera es clara al exigir de forma expresa que "toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento".  

El Gobierno argumentó para rechazar la ley que si se llega aplicar generará un gasto adicional de 6 billones de pesos para el 2024 y de 15 billones para el 2025, que "equivalen al 1,02 por ciento del PBI calculado para el año en curso, y 1,64% de aquél, estimado para el año entrante".

Y marcó que, de aplicarse la ley sancionada por el Congreso implicará un incremento del 18,5% del gasto de Anses para 2024 y de 29,2 para 2025.