La inseguridad tiñó de luto a San Luis: la muerte de un policía en un asalto

El pasado 20 de septiembre, Cortaderas fue escenario de un trágico enfrentamiento que terminó con la muerte del oficial principal Renato Mauricio Fuentes. Todo comenzó cerca de las 22, cuando Fuentes y su compañero Abel Caro respondieron a una alerta sobre un violento robo en una vivienda del loteo El Prado. Al llegar, los delincuentes, lejos de rendirse, abrieron fuego sin titubear. El oficial Fuentes fue alcanzado por cuatro disparos, uno de ellos, fatal, en el cuello, lo que le provocó la muerte en el lugar. Su compañero resultó ileso, pero no pudo evitar que los ladrones escaparan.

Escenario del horror

El viernes 20 de septiembre se registró el violento asalto en una casa de dos plantas ubicada en el loteo El Prado. Dos hombres, uno de ellos armado, irrumpieron en la vivienda donde una madre y su hijo pequeño se encontraban desprevenidos. Según las versiones policiales, los delincuentes, identificados como Lescano y Mauro Maximiliano Vieyra Villegas, de 29 años, los sorprendieron en plena noche, exigiendo con violencia que entregaran el dinero y las llaves de una caja fuerte que, según los ladrones, contenía una suma millonaria. Los golpes y amenazas constantes se convirtieron en una pesadilla interminable para las víctimas, quienes fueron maniatadas con precintos mientras los asaltantes registraban cada rincón de la casa.

El botín fue suculento: los criminales se llevaron dos millones de pesos en efectivo, tres mil dólares, armas de fuego, joyas y otros objetos de valor. A pesar de su intento por cubrir sus huellas, la casa estaba equipada con cámaras de seguridad, que permitieron a un familiar que se encontraba en Tucumán observar el robo en tiempo real y notificar de inmediato a la Policía. Esa llamada fue el detonante de la tragedia que sobrevino minutos después.

Un enfrentamiento letal

Al llegar, los oficiales Caro y Fuentes intentaron interceptar a los asaltantes, quienes respondieron abriendo fuego sin titubeos (diversas versiones indican que antes le habían disparado al auto de un vecino).

El enfrentamiento fue feroz y rápido, y dejó a las autoridades con pocas oportunidades de resguardo. Veintiuna vainas servidas fueron encontradas en el patio de la vivienda; testigos mudos del violento intercambio. El oficial Fuentes recibió cuatro impactos de bala; uno de ellos, en el cuello, fue fatal y le provocó la muerte en el lugar. Su compañero logró repeler el ataque y resultó ileso, pero no pudo evitar que los delincuentes escaparan.

En las horas posteriores, la Policía desplegó un vasto operativo cerrojo en la zona serrana de Cortaderas, buscando rastros de los delincuentes. Vieyra, herido de gravedad, fue capturado pocas horas después en las inmediaciones del lugar del asalto y trasladado al hospital de Merlo, donde falleció al día siguiente, debido a las heridas de bala que había recibido en el tiroteo. Lescano, sin embargo, logró escapar y se mantuvo prófugo durante dos días, hasta que fue detenido el domingo 22 de septiembre en el puesto policial de La Punilla. En ese momento, viajaba como acompañante en un Citroën C3 Aircross y portaba un documento nacional de identidad falso, lo que refuerza la hipótesis de la fiscalía sobre su intento de fuga hacia otra provincia. Luego, el jefe de Policía, Pablo Vieytes, indicó que el DNI pertenecía a otro bonaerense fallecido.

El historial delictivo de "Ringo"

Julio Daniel Lescano no era un desconocido para las autoridades. Su historial delictivo era extenso y preocupante, con condenas previas por robo agravado por escalamiento y portación ilegal de armas en la provincia de Buenos Aires. De hecho, al momento de su captura, se encontraba prófugo de la Justicia bonaerense, donde debería estar cumpliendo una condena hasta 2026. Este pasado criminal no hizo más que agravar su situación legal, sumando un factor de riesgo de fuga que fue clave para que el juez Jorge Pinto dictara su prisión preventiva por 120 días.

En la audiencia celebrada en el Juzgado Multifuero de Santa Rosa del Conlara, Lescano, acompañado de su defensora oficial, Agustina Tobares, negó enfáticamente su participación en el robo y en la muerte del oficial Fuentes. “Están perdiendo el tiempo, yo no tuve nada que ver”, fue su declaración inicial ante el tribunal, aunque las pruebas presentadas por los fiscales Marcelo Saldaño y Lucila Giamperi lo señalaban con contundencia. Imágenes de cámaras de seguridad, manchas de sangre en su ropa y objetos encontrados en su domicilio que coincidían con los utilizados en el asalto, como precintos y un cuello polar, fueron los principales elementos probatorios que vincularon a Lescano con el crimen. Además, la fiscalía reveló una declaración clave: Mauro Vieyra, en sus últimos momentos antes de fallecer, habría identificado a su cómplice como "Ringo", uno de los apodos de Lescano, aunque este intentó confundir al tribunal diciendo que lo conocían como “Gringo”.

Una comunidad sacudida por la inseguridad

El brutal asesinato del oficial Fuentes no solo dejó una familia destrozada —el policía tenía dos hijos pequeños, de 5 y 1 año—, sino que también puso en evidencia la creciente inseguridad en la zona. La intendenta de Cortaderas, Macarena Benítez, ya había elevado pedidos formales al gobierno provincial en julio de este año, solicitando una mayor presencia policial ante la preocupante situación delictiva en la región. En aquella ocasión, la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, desestimó las solicitudes de la jefa comunal, reprendiéndola públicamente y prometiendo, sin mayores acciones, la construcción de una nueva comisaría para la localidad.

Sin embargo, con la muerte de un oficial de policía en un hecho de sangre que conmocionó a toda la provincia, el Gobierno debió replantearse su inacción. Poco después del crimen, la ministra Sosa expresó en redes sociales su pésame a la familia del oficial Fuentes y prometió “no descansar hasta dar con los responsables”. Por su parte, el gobernador Claudio Poggi aseguró en un comunicado que “se tomarán medidas para reforzar la seguridad en la región y proteger a los ciudadanos”. No obstante, estas declaraciones tardías no lograron apaciguar las críticas por parte de los vecinos, quienes, con creciente temor, ven cómo la inseguridad avanza sin que las autoridades ofrezcan soluciones concretas.

Futuro judicial

El caso de Julio Daniel Lescano Redondo ahora avanza hacia un juicio que podría definir el resto de su vida. Si es encontrado culpable de los cargos que se le imputan, la sentencia podría ser prisión perpetua, lo que pondría fin a su carrera delictiva. La defensa, por su parte, sostiene que las pruebas presentadas son circunstanciales y no concluyentes, argumentando que su cliente fue mal identificado y que no hay pruebas directas que lo vinculen con el disparo que mató al oficial Fuentes. Sin embargo, el historial de Lescano y su intento de fuga parecen pesar más en su contra.

Con la prisión preventiva dictada, el acusado deberá esperar hasta el 22 de enero de 2025 para saber si irá a juicio. Mientras tanto, la comunidad de Cortaderas sigue viviendo bajo la sombra del miedo y el dolor, esperando que la Justicia haga su trabajo y que, finalmente, la violencia que ha golpeado a su tranquila localidad comience a disiparse.

El reclamo de los vecinos: "Estamos todos con miedo"

El tranquilo pueblo serrano de Cortaderas, al norte de San Luis, ha sido sacudido por una serie de hechos delictivos que han puesto en jaque la seguridad de la comunidad. La población, que siempre se caracterizó por su hospitalidad y calma, hoy se encuentra atemorizada y preocupada ante una escalada de violencia sin precedentes. “La gente está muy asustada, especialmente los comerciantes y quienes dependen del turismo. Esto está opacando la imagen de tranquilidad por la que siempre se conoció a Cortaderas”, aseguró un vecino, quien además es propietario de un restaurante.

En respuesta, los vecinos de la localidad, en conjunto con comerciantes y sectores del turismo, han decidido actuar. Han redactado una nota dirigida al gobernador de San Luis, Claudio Poggi, y a la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, en la que exigen respuestas inmediatas ante el creciente clima de inseguridad. Entre los puntos destacados de su reclamo, piden la finalización urgente de la comisaría, cuya obra lleva años sin concluir, y la recategorización de la actual subcomisaría. “Es una vergüenza que una localidad con más de 3.200 habitantes no tenga una comisaría completa. Necesitamos más efectivos policiales, tecnología y presencia de Gendarmería para combatir las bandas delictivas que están apareciendo”, reza la carta que lleva la firma de los vecinos.
El viernes pudieron entregársela en mano al propio Gobernador de la Provincia.

Baleado, detenido y muerto en el hospital

Mauro Maximiliano Vieyra Villegas, de 29 años, fue el primer detenido por el robo letal en el que murió el oficial principal Fuentes.

El joven fue detenido horas después del hecho a un un kilómetro y medio de la casa de Atamisqui 3, en el loteo El Prado, lugar donde se tiroteó con la Policía y resultó herido. Tenía un balazo que recibió en medio del fuego cruzado. Según informaron fuentes oficiales, murió a la siesta del sábado 21. Según Relaciones Policiales, cuando lo apresaron, descubrieron que tenía una herida de bala que le impedía moverse con facilidad. Por eso, llamaron a una ambulancia, que luego lo trasladó hasta el centro médico de la villa turística.

Vieyra Villegas era vecino de Cortaderas y contaba con antecedentes penales por robo y abuso con arma de fuego, refirieron.

En plena crisis y con un ministerio acéfalo

Recién el 27 de septiembre se conoció, mediante Boletín Oficial, el "reemplazo" de la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, fuera de funciones, ya que desde el 9 de septiembre permanece de licencia.

Según reza el boletín en donde se consignan los hechos administrativos de interés público, el Ministerio de Seguridad pasó a órbita de la Secretaría General de Gobierno hasta que Sosa se reincorpore a sus funciones.

Resulta curioso que, en plena crisis de inseguridad y habiendo muerto un policía de tan solo 42 años, los puntanos no conozcan la cara de quien es hoy la autoridad política de la cartera que está en el ojo de la tormenta.

¿O acaso la contadora Romina Andrea Carbonell es una figura con autoridad política y en la gestión de las fuerzas de seguridad?

No se derrama sangre por el bien común

Si bien Nancy Sosa está de licencia desde el pasado 9 de septiembre, no desaprovechó la oportunidad para volcar sus desafortunados conceptos en la red social X, donde usualmente interviene con un discurso en el que siempre necesita apuntar a algún responsable.

En su intento de reconocer la labor del oficial principal Renato Fuentes, hizo alusión a "sangre derramada" e indicó que es "por el bien común".

Si Sosa y el actual oficialismo provincial llegaron a reconstruir el tejido social derramando sangre, más que reconstrucción será el estiletazo final a una sociedad que pretendió un cambio y se encontró con una gestión ensimismada en el pasado y con claras falencias en la gestión de la cosa pública.

"Dejó el chaleco en el móvil"

En una conferencia de prensa desarrollada en la Jefatura Central de Policía en la que participaron el jefe de Policía de la Provincia, Pablo Vieytes; el director general de Investigaciones, Adrián Ramallo, y el director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Rafael Berruezo, se conocieron algunos detalles del hecho en el que murió el oficial principal, ascendió post mortem a comisario, Renato Fuentes.

Luego de repasar las circunstancias del hecho, que se conocieron a través del fiscal instructor, Marcelo Saldaño, Vieytes aseguró que Fuentes “no tenía chaleco, estaba en el móvil policial”, luego de interrumpir a Ramallo ante las dudas de este último frente a la pregunta de una cronista.

Otro cronista le preguntó por los reclamos de seguridad de vecinos y autoridades. Ramallo le respondió que eso “se solucionó”. Nuevamente, Vieytes salió al cruce: “Respecto de la pregunta que usted hace, Isgró (NdR: apellido del cronista), la circunstancias de los reclamos son generalizadas a nivel provincial y nacional. Atendemos cada una de esas circunstancias”, seguidamente, reconoció hechos previos en La Cosa y continuó: “La circunstancia de pérdida de vida de un efectivo policial está en las reglas de juego que solo los policías sabemos. Fue en cumplimiento del deber”.

Rafael Berruezo también recogió el guante y se refirió, nuevamente, a que la nueva gestión comenzó hace ocho meses. “Esta gestión está trabajando en la zona para mejorar la seguridad; son ocho meses nada más”. Posteriormente, Vieytes dijo que reforzaron toda la zona de La Costa con 13 patrulleros. Al tiempo que acusó falta de recursos, a pesar de que luego reconoció que hay chalecos suficientes. “Hay 1.600 chalecos distribuidos y el uso es de carácter obligatorio. Solo lo pueden comprar las instituciones autorizadas”.
Berruezo aseguró que el impacto le ingresó “a nivel tráquea. El chaleco no llega ahí. Ponerse a discutir si tenía o no chaleco no vale la pena". Lo cierto es que aún quedan dudas de si efectivamente Fuentes tenía un chaleco a disposición.

"Ringo", el único detenido

Julio Daniel Lescano Redondo, alias “Ringo” o “El Porteño”, es el principal sospechoso del violento asalto que terminó con la muerte del oficial Renato Fuentes en Cortaderas. A sus 32 años, tiene un extenso historial delictivo, marcado por la violencia y la evasión de la Justicia. Oriundo de Buenos Aires, Lescano vivía en Cortaderas como fugitivo desde hacía siete meses. Aunque debía estar preso hasta 2026 por portación ilegal de armas y robo agravado, logró escapar y mantenerse oculto.

El episodio que lo llevó a ser imputado por "Robo calificado" y "Homicidio criminis causa" muestra su disposición a la violencia extrema. Junto a su cómplice, irrumpió armado en una vivienda, sometiendo a las víctimas con golpes y amenazas antes de enfrentarse a la Policía. La evidencia en su contra incluye cámaras de seguridad y objetos encontrados en su poder, además de la declaración de su cómplice antes de morir.

Lescano ha demostrado ser astuto y peligroso, utilizando identidades falsas para evadir a las autoridades. Su comportamiento en la audiencia fue desafiante, interrumpiendo a la fiscal con un tono sobrado, diciendo: "Están perdiendo el tiempo". Con su captura, la posibilidad de que siga su carrera criminal parece desvanecerse, ya que enfrenta una posible condena a cadena perpetua.