Es adjudicataria de una casa que nunca recibió y acumula una deuda enorme: pide ayuda

Rocío Soledad Lucero, vecina de San Luis, tomó coraje para exponer su situación. Hace más de 10 años se inscribió en el plan de viviendas "Progreso y Sueños", ilusionada con el sueño de la casa propia. Sin embargo nunca accedió a la unidad. A los años, descubrió que figura como adjudicataria de una vivienda que jamás ocupó y por la cual nunca firmó documentación alguna. Pese a esto, todos los impuestos municipales y de Rentas están a su nombre, lo que le ha generado una deuda enorme. Hoy enfrenta un calvario del que los funcionarios tienen conocimiento, pero nadie se hace responsable.

  
"Estoy buscando dónde vivir. Tengo esa vivienda a mi nombre y no la puedo habitar. En Vivienda me dicen que me tengo que hacer cargo del desalojo de esa gente por la vía legal. Nunca firmé ningún contrato, solo tengo los impuestos que llegan a mi nombre. Para un desalojo necesito papeles fundamentales que ellos no me entregan", lamentó en medio de un llanto incontenible.

Desde hace tiempo, Rocío pasa sus días en oficinas gubernamentales buscando una guía clara. Incluso llegó a manifestar su situación personalmente ante el gobernador Claudio Poggi. Si bien el mandatario le prometió una solución, la burocracia es la misma de siempre: hablar con secretarios, pasar de una oficina a otra, pero sin obtener respuestas concretas.

Una propuesta inaceptable

La única opción "concreta" que le ofrecieron es renunciar a la adjudicación de la casa, pero esa maniobra le impediría acceder a una vivienda social de por vida. Otra alternativa es desadjudicarse e ingresar al sorteo actual, aunque corre el riesgo de no salir favorecida y quedarse definitivamente sin hogar.

"Siento una impotencia muy grande. Hay una vivienda a mi nombre, estoy pagando cuotas, me hicieron un plan de pago; pero no pude renovar el carnet de conducir por ser deudora, ni puedo sacar una tarjeta de crédito. Tengo una deuda que no es mía", denunció.

Rocío relató que se enteró de la situación por una carta de Rentas que la intimaba al pago bajo amenaza de embargo. "Ellos dicen que no le han entregado la vivienda a nadie, pero no hay telegramas ni notificaciones donde me informen de la casa. Nunca me avisaron que me darían las llaves. Es un problema que no ocasioné, pero del que me tengo que hacer cargo", lamentó.

Desalojo y desesperación

Lucero insiste en lo inentendible de su situación: siendo víctima de la impericia oficial, el Estado le exige que ella costee y tramite un desalojo. Al visitar la propiedad, confirmó que está habitada y, además, "destruida". Esto implica que, de recuperarla, deberá pagar por una casa deteriorada como si fuera nueva.

Actualmente, Rocío necesita ayuda urgente para establecerse en algún lugar. Trabaja en el Plan de Inclusión y realiza trabajos informales, por lo que no cuenta con los recursos necesarios para enfrentar este proceso. Ya fue desalojada del lugar donde alquilaba junto a sus hijos y un nieto menor de edad.

"No tengo dónde vivir. Estoy en un momento desesperante y con una deuda terrible que debo pagar sin haberla generado. Es todo muy triste", concluyó.